Una vez más, un reportero de esta casa editorial fue víctima de actos prepotentes, ilegales y torpes de intimidación por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) que, como se narra en estas páginas, se presentaron ayer en las oficinas de La Jornada a exigirle que, "de manera económica", esto es, sin un citatorio ni otro documento legal, les revelara sus fuentes de información.

El pasado 19 de junio el reportero en cuestión, Gustavo Castillo García, publicó en este diario la nota de un decomiso de cocaína en Culiacán. En el texto, Castillo García consignó las divergencias entre las versiones aportadas por la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la cantidad de droga asegurada. Asimismo incluyó el dato, obtenido de fuentes oficiales -y no mencionado en el reporte de la PGR-, de que uno de los tres detenidos en el operativo correspondiente, Luis Antonio Félix, había declarado ser sobrino del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Ayer, dos agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que dijeron actuar bajo las órdenes expresas "del procurador (Rafael) Macedo de la Concha", llegaron a la sede de este periódico pretendiendo exigir al autor de la nota "que nos platique de dónde sacó la información. Necesitamos saber quién lo dijo para nosotros sustentarlo también", argumentaron los policías.

Esta grosera pretensión de los agentes de la AFI de obtener, por la vía pretendidamente fácil de intimidar a un reportero, información que son incapaces de conseguir mediante el desempeño profesional y serio de sus tareas, ocurre en el marco de un debate planteado por este diario a raíz de una serie de hostigamientos policiales semejantes, tras señalamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la improcedencia de que las instituciones de procuración de justicia porfíen en presionar a los reporteros para que revelen sus fuentes de información. El pasado 17 de enero esa institución señaló la necesidad de que la PGR "adopte una postura clara y expresa respecto al derecho que tienen los periodistas de reservarse su fuente de información" y estableciera "lineamientos internos" que normen "circunstancias, condiciones y casos en los que un periodista sea requerido para rendir su testimonio en la integración de una indagatoria, respetando ante todo su derecho a no revelar sus fuentes de información", de acuerdo con los instrumentos internacionales que norman el desempeño periodístico, de los cuales nuestro país es signatario.

Unos días más tarde, la CNDH envió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas legales orientadas a garantizar que los periodistas no fueran presionados por autoridades judiciales para revelar sus fuentes de información. El propio procurador Macedo de la Concha había ofrecido, en el marco de ese debate, que no se repetirían los atropellos y los abusos referidos.

A la luz de los antecedentes referidos, la impertinente "visita" de dos empleados de la PGR pareciera una provocación deliberada -para transmitir el mensaje de que la PGR se siente capacitada para pasar por encima de la ley, de la CNDH, de la libertad de expresión y hasta de su propia palabra empeñada- o bien una alarmante expresión de indisciplina, descontrol y anarquía en el seno de la institución responsable de procurar justicia en el ámbito federal. Sea como fuere, se trata de una acción inaceptable, repudiable y absolutamente contraria a los propósitos de respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión formulados hace cuatro días por el presidente Vicente Fox en su tercer Informe.

Si el titular de la PGR y sus empleados se empeñan en contradecir, con sus acciones, al Presidente, corresponde al gobierno federal corregir la contradicción. Las tareas de quienes hacemos La Jornada consisten en cerrar filas contra nuestros reporteros hostigados, mantener la ética profesional de nuestro proyecto periodístico -que nos define como informadores y no como informantes de la policía-, informar con honestidad, propugnar la vigencia de la legalidad nacional e internacional en el país y preguntarnos de cara a la sociedad, y preguntarle al gobierno, cuál puede ser el propósito de esta ofensiva contra la libertad de expresión y el derecho a la información. ¿De qué se trata?