Se constituye el Senado en tribunal para destituir al magistrado Moliné O'Connor

Piden dos fiscales argentinos el arresto de 38 ex militares acusados de crímenes

Despiden al jefe de guardaespaldas de Kirchner; se quejó de lo difícil que es custodiarlo

AFP, REUTERS Y DPA

Buenos Aires, 4 de septiembre. Dos fiscales argentinos solicitaron hoy el arresto de 38 ex militares y civiles en una causa por violaciones de los derechos humanos en la pasada dictadura militar (1976-1983), reabierta tras la anulación en el Congreso de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que permitieron impunidad a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Entre tanto, el Senado avanzó esta madrugada en un juicio de destitución del magistrado Eduardo Moliné O'Connor, de la Cor-te Suprema, al constituirse en tribunal e iniciar el juicio político por presunto mal de-sempeño de sus funciones, tras una maratónica sesión que duró 12 horas.

La misma estuvo marcada por acusaciones cruzadas entre los bloques del gobernante Partido Justicialista (peronista) y la opositora Unión Cívica Radical, además de registrarse un hecho insólito: un intruso, acompañado por otro hombre, fue detenido mientras estaba sentado en la banca de un senador que se encontraba ausente del re-cinto legislativo.

Por su lado, los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado presentaron el pedido de detención de los ex militares ante la juez María Servini de Cubría, que quedó a cargo de la causa que investiga lo ocurrido en la jurisdicción del primer cuerpo del ejército, bajo cuyo mando estaba la capital federal y gran parte de las provincias de Buenos Ai-res y La Pampa.

En esa zona, durante la dictadura que dejó 30 mil desaparecidos, funcionaron 60 centros clandestinos de detención.

Entre los requeridos figuran algunos militares indultados por el ex presidente Carlos Menem (1989-1999), como el general Carlos Guillermo Suárez Mason, ex titular del primer cuerpo del ejército.

También se pidió la captura del general y alcalde electo de la capital de la provincia de Tucumán, Antonio Bussi.

En tanto, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, ex dirigentes máximo del grupo guerrillero Montoneros, detenidos en el contexto de la causa por el secuestro y asesinato en 1980 de 15 miembros de ese desaparecido grupo armado a manos de comandos militares, dijeron que lo ocurrido fue responsabilidad "exclusiva del accionar genocida" de la dictadura.

El juez los investiga por considerar que entregaron a sus compañeros al haber organizado un retorno al país desde el exilio de estos militantes, sabiendo que podían ser objeto de persecución de la dictadura.

"Los compañeros asesinados tenían información absoluta de la situación del país, del objetivo y los riesgos de su lucha", sostuvieron en su defensa.

Finalmente, el jefe de guardaespaldas del presidente Néstor Kirchner fue remplazado tras quejarse en una revista de las dificultades que sufre para custodiar al presidente argentino, quien se inclina a romper el protocolo y saludar a sus simpatizantes, conocido como el "estilo K".