30 AÑOS DEL PINOCHETAZO

Ex líderes montoneros denuncian amenazas de muerte

Se abren dos posibilidades de juzgar a militares represores en Argentina

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 8 de septiembre. Dos pasos en dirección a la posibilidad de juzgar en Argentina a los responsables del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar(1976-1983) alentaron hoy a los familiares de las víctimas: la Corte Suprema reconoció al padre una joven sueca secuestrada por los hombres de la marina el derecho a reclamar justicia, al tiempo que el fiscal Eduardo Freiler dictaminó que los 39 militares y un civil cuya extradición solicitó el juez español Baltasar Garzón, pero el gobierno de España se negó a demandar, deben ser procesados aquí.

La justicia había tomado un atajo en el caso de la joven Dagmar Hagelin, escudándose en que el padre, Ragnar Hagelin, había cobrado una indemnización. Pero éste demostró que esa era una compensación económica que exigió luego de haber perdido su trabajo y su casa para trasladarse a Argentina para buscar a su hija.

Al recibir la indemnización en 2000, Hagelin renunció a cualquier otra compensación económica, pero "nunca firmé que iba a abandonar la causa de mi hija hasta no saber la verdad", dijo hoy. Por ello, el ex capitán de marina Alfredo Astiz, quien dirigió el operativo para secuestrar a la menor, de 17 años, podrá volver a la cárcel. Astiz es reclamado, además, por la justicia de Francia, ya que es responsable del secuestro y asesinato de dos monjas de ese país.

Tras su secuestro, Dagmar fue vista en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, por donde pasaron 5 mil de los 30 mil desaparecidos de ese régimen.

La reapertura del caso Hagelin, así como el pedido del fiscal Freiler a la justicia federal, se suma a la reciente reapertura de la causa de la Esma y de la del Primer Cuerpo del Ejército -que contrólo unos 20 centros clandestinos de detención-, aunque en esta última sigue sin designarse al juez encargado.

La búsqueda de justicia también ha servido para que se conozcan más testimonios del horror. La víspera, un sacerdote y otrora capellán de la fuerza aérea, Gonzalo Pacheco, dejó helados a los oyentes de un programa periodístico al justificar el robo de niños nacidos en cautiverio: la mujer "antes que guerrillera es madre", pero como "los subversivos vivían amontonados en las universidades, las mujeres se quedaban embarazadas, por lo que sus compañeros pensaban: ésta cuando sea madre ya no va a servir (para la militancia), así que la mandaban al frente". Además, continuó Pacheco, los familiares eran avisados de los niños nacidos en cautiverio y éstos no los recogían, entonces "Ƒqué iba a hacer el cana (policía)? Decían: quedáte con el nene o me lo puedo llevar yo", y así los hijos de las detenidas-desaparecidas eran adoptados en un gesto "humanitario".

En tanto, los ex dirigentes de Montoneros, la guerrilla peronista de los años 70, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja denunciaron amenazas de muerte en su contra, al igual que de sus familiares, en el lugar de detención al que los envió el juez federal Claudio Bonadío, quien los indagó hoy en la causa que investiga la desaparición de 20 militantes en los años 80, cuando regresaban clandestinamente al país para luchar contra la dictadura.

Bonadío los tiene presos, en la división antiterrorismo de la policía, porque también los considera responsables de la desaparición de sus compañeros, basándose en documentos de los militares del temible Batallón 601, responsable del secuestro y la tortura de las víctimas.

Más allá de si la "contraofensiva" montonera fue un acto irresponsable o la infiltración de la guerrilla por agentes militares, varios juristas estiman que se trata de regresar a la "teoría de los dos demonios", según la cual en realidad no hubo terrorismo de Estado, sino una guerra entre militares y guerrilleros que dejó en el medio a la sociedad civil.

Perdía y Vaca destacaron que "si el gobierno militar no hubiera seguido una metodología sistemática criminal", los militantes "habrían sido detenidos y juzgados".

Bonadío intenta usar la figura de "dolo eventual", según la cual los acusados "debieron representarse las consecuencias de sus acciones", o sea que no debieron organizar el retorno de sus militantes porque éstos podían ser asesinados por la dictadura.

Vaca Narvaja y su esposa, que tienen 12 familiares desaparecidos, han advertido que detrás de estas detenciones hay una jugada política. "No se puede equiparar la resistencia a la dictadura militar, condenada por terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad tanto nacional como internacionalmente", dijo Vaca Narvaja.

De su lado, el presidente Néstor Kirchner -quien hoy se vio fortalecido con el triunfo electoral del peronista Jorge Obeid en las elecciones para gobernador de Santa Fe, en vísperas de las importantes elecciones para alcalde capitalino y gobernador bonaerense el próximo domingo- ordenó este lunes, mediante decreto, abrir un expediente en el ejército para juzgar a los ex jerarcas de la dictadura que reconocieron ante la televisión francesa las torturas y desapariciones bajo el régimen militar.