El decomiso de datos del padrón electoral realizado ayer a dos despachos de cobranzas de León, Guanajuato, por la Procuraduría General de la República (PGR), pone de manifiesto una vez más la alarmante inseguridad en que se encuentran algunos registros públicos.

Cabe recordar que en abril pasado la opinión pública se enteró, con consternación e inquietud, de que la empresa estadunidense Choice Point había vendido a dependencias policiales de su país una versión completa de la base de datos del registro electoral de México. Esa misma firma traficó también, hasta donde se sabe, con el padrón de licencias vehiculares de la ciudad de México.

Las investigaciones correspondientes se diluyeron cuando las autoridades responsables de llevarlas hasta las últimas consecuencias dejaron de informar sobre ellas y el interés público en el asunto fue desplazado por temas de mayor actualidad, como las elecciones de julio pasado.

En las dependencias públicas persiste el problema de fugas de información que debe ser considerada confidencial, y los mecanismos de control correspondientes resultan demasiado porosos. Con excepción del secreto bancario -que ha servido para tapar innumerables enjuagues y delitos como los presumibles fraudes cometidos al amparo del rescate bancario zedillista- los principios, las normas y los sistemas para preservar la privacidad de la ciudadanía han resultado fallidos.

Lo anterior plantea, adicionalmente, una grave injusticia: sólo los que tienen dinero en los bancos pueden disfrutar de una efectiva protección de la privacidad; el resto de los ciudadanos queda librado a la divulgación de su dirección, edad y teléfono, así como al aprovechamiento inescrupuloso e ilegítimo de esos datos por grupos de mercadotecnia intrusiva, bufetes dedicados a la extorsión de deudores -como podría ser el caso de las empresas cateadas ayer en León- y hasta por organismos policiales de gobiernos extranjeros.

En lo inmediato, cabe exigir que se lleven a término las investigaciones sobre el tráfico de datos del padrón electoral, que se identifique a los presuntos responsables y que se les consigne a los tribunales correspondientes para que sean juzgados conforme a derecho. Además es preciso promulgar leyes y reglamentos que estipulen de manera inequívoca la obligación de las instituciones públicas de preservar la confidencialidad de datos de particulares (archivados en diversos registros y listados), tipificar como delitos específicos las operaciones de compraventa de las bases de datos respectivas y garantizar a la población en general que el Estado es un depositario confiable de la información privada. Por ahora resulta evidente que no lo es.