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México D.F. Sábado 20 de septiembre de 2003

El documento promueve el rechazo de la tortura

Senadores se comprometen a apoyar institución del Protocolo de Estambul

ANDREA BECERRIL

La Comisión de Derechos Humanos del Senado -que preside el priísta Sadot Sánchez Carreño- se reunió ayer con organizaciones internacionales que pugnan por el establecimiento del Protocolo de Estambul, referido a investigaciones en torno a la tortura.

Durante el encuentro con integrantes del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura, de la Asociación Médica Mundial y de Research Physicians For Human Rights, los senadores priístas Sánchez Carreño, Ernesto Gil Elorduy y Lucero Saldaña, así como el panista Guillermo Herbert, se comprometieron a colaborar para que sea implementado ese protocolo y se inicie en los centros de educación superior del país el estudio de la tortura, con el objetivo de erradicarla.

En ese contexto, Vincent Iacopino, director de Research Physicians For Human Rights, expresó que su visita a México tiene el objetivo de motivar a gobierno, legisladores, académicos y sociedad en general a colaborar en el estudio de la tortura, así como sus causas y efectos, y castigar a quienes la perpetran.

Detalló que dicho protocolo promueve el establecimiento de programas académicos para formar a profesionistas, sobre todo de medicina y de derecho, especialistas en exámenes de quienes sufren torturas o tratos vejatorios, lo que permite reconocer esas prácticas, así como la responsabilidad de los gobiernos y los estados ante las víctimas y sus familias, además de facilitar los procesos penales y castigos mediante sanciones disciplinarias a los torturadores.

El protocolo, agregó, intenta concientizar a la sociedad -en países como México, Sri Lanka, Georgia, Uganda y Marruecos- sobre la importancia de desarrollar un manual genérico de capacitación, adaptado a las circunstancias administrativas y jurídicas de cada caso.

En México se tiene previsto llevar a cabo seminarios de capacitación dirigidos a 250 profesionales en el área de salud y a 125 abogados, con la intención de promover y apoyar la rehabilitación de las víctimas de tortura y trabajar en la prevención del problema.

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