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P O L I T I C A
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México D.F. Sábado 20 de septiembre de 2003

La Profepa les prohibió pescar curvina, una de sus pocas fuentes de alimentación

Acosados en su territorio, los 300 indígenas cucapás luchan ante la amenaza de extinción

Denunciaron que las autoridades nunca se han interesado en comprender a sus clanes

ROSA ROJAS ENVIADA

Mexicali, BC., 19 de septiembre. Menesterosos, poseedores de un vasto territorio desértico acechado por inversionistas extranjeros interesados en sus yacimientos minerales, los cerca de 300 indígenas cucapás que sobreviven en el país recibirán este 18 de octubre, en la región de la Laguna Salada, la visita del divo Luciano Pavarotti, con cuya actuación culminarán los festejos del centenario de la ciudad de Mexicali. Hay un jaloneo en torno a si los indígenas recibirán algún beneficio de las ganancias millonarias en dólares que se esperan de ese acto, al que se estima asistirán unas 40 mil personas. De cierto, lo que se sabe es que los cucapás serán parte de la escenografía del concierto Pavarotti sin fronteras.

Laguna Salada se localiza a unos 20 kilómetros de la capital bajacaliforniana. En la construcción del escenario, compactación del terreno para estacionamientos y graderías, instalaciones eléctricas y sanitarias, perforación de pozos para dotar de agua subterránea a las letrinas, transporte, alojamiento y alimentación del divo, etcétera, se invierten 1.2 millones de dólares.

En contraste, el poblado El Mayor y otros caseríos de los cucapás, carecen de agua potable y drenaje en una zona en donde las temperaturas rebasan los 40 grados y sólo unos pocos poseen aparatos de aire acondicionado. Para colmo, en aras de la preservación ecológica, los integrantes de este pueblo indígena enfrentan la prohibición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de pescar curvina en la zona núcleo de la Reserva del Alto Golfo de California, que era la única actividad económica que tenían, pese a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el sentido de que sí tienen derecho a hacerlo, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones de los pasados 7 mil años.

"Las autoridades nos dicen mucho que la vaquita, que la totoaba, que la curvina están en peligro de extinción y que por eso hay veda, pero nosotros les discutimos que también nosotros los cucapás estamos en peligro de extinción, somos poquito más de 300, ellos nos quitan el trabajo tradicional de los cucapás, por eso los jóvenes se van", comentó Hilda Hurtado, comunera de la étnia.

Lorena Rosas, responsable hasta el 31 de agosto pasado del Programa de Indígenas y Migrantes de la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos de Baja California (PDH), informó que nunca recibió respuesta a la petición presentada al comité organizador del concierto de Pavarotti, de que parte de las ganancias se destinen a apoyar a los cucapás con obras comunitarias y para que se permita a los indígenas instalar en el lugar un stand para exposición y venta de artesanías.

Raúl Ramírez, ex titular de la PDH, afirma que se decidió cambiar la ubicación inicial del escenario, para construirlo a 400 metros de los límites de las tierras cucapás (y en terrenos del ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina Celestino Salcedo Monteón) a efecto de no darles nada a los indios.

Arturo Galván Alvarez, director de promoción y difusión del Patronato Centenario de Mexicali, organizador del acto, entrevistado vía telefónica, trató de negar en un principio que hubiera habido intervención de la PDH en favor de los cucapás en lo relativo a los beneficios del concierto de Pavarotti. Cuando se le dijo que se había hablado con Rosas, mencionó que "a la licenciada Rosas se le pidió un acercamiento" con el grupo de Onésimo González, quien es la autoridad tradicional cucapá, pero ella no había respondido. Rosas, en cambio, aseveró que varias veces el presidente municipal de Mexicali y el propio Galván dejaron plantados a los indígenas.

En una segunda llamada telefónica, Galván informó que el pasado miércoles 17, Jorge Esma, organizador del concierto, se reunió con las autoridades del Comisariado de Bienes Comunales cucapá, que preside Concepción Ruiz (quien encabeza otro grupo, contrario al de Onésimo González), y se acordó elaborar un documento "para que no quede duda de que estamos atendiendo a la comunidad cucapá".

El documento citado tendrá que establecer "el reconocimiento que tanto el ayuntamiento de Mexicali y el patronato del Centenario hacen de que la Laguna Salada fue propiedad histórica y cultural de los cucapás", pero aclaró que el escenario no se está construyendo en terrenos de los indígenas, sino en una zona cuyo posesionario es Salcedo Monteón.

Aseveró que se ofrecen a los cucapás "espacios" para que vendan o expongan sus artesanías; se les dará un sitio en el lunetario para que asistan al concierto y que van a participar en "un escenario alterno con algunas danzas autóctonas e inclusive un cantante". Respecto a si la comunidad recibirá algún apoyo monetario, Galván dijo: "obviamente, aunque es un poco difícil establecer cantidades porque no está vendido todo el acto, primero hay que recuperar la inversión" y además, de acuerdo con el contrato firmado con Pavarotti, deberán entregarse algunas cantidades a obras de caridad, como una clínica para niños con cáncer y a la Fundación Televisa para apoyar trasplantes de córneas a niños, así como a las tareas del DIF municipal.

Onésimo González y otros comuneros entrevistados sobre ese asunto informaron que no tienen idea de que pudieran recibir algún beneficio del concierto de Pavarotti. González indicó que "una parte de la gente pedía una parte del ingreso en obras, nosotros no opinábamos y al último lo sacaron (el concierto) de la zona cucapá. Nosotros las tierras no las vemos como negocio, la tierra es sagrada", comentó.

Racismo y miseria

Irais Piñón, titular de la unidad regional norte de la Dirección General de Culturas Populares, entrevistada en Tijuana, indicó que de los pueblos indios originarios de Baja California quedan poco más de 2 mil personas, pues muchas han emigrado de sus comunidades huyendo del abandono y la falta de trabajo y recursos. Los territorios indígenas -de los cucapás, kumiai, cochimís, kiliwas y pai pai- han sido despojados por personas económicamente poderosas.

La antropóloga comentó que con el desvío que los estadunidenses hicieron del curso del Río Colorado hacia el valle Imperial y el cierre de la acequia del río Hardy, la flora y fauna se han ido muriendo en toda esa zona, los cucapás perdieron sus prácticas agrícolas, y desde que se declaró zona protegida el Alto Golfo de California ya no pueden pescar.

Piñón criticó que el pasado mes de mayo, "Xóchitl Gálvez (titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indios) vino a hacerles un ofrecimiento (a los cucapás), que ellos aceptaran una indemnización y que ya no pidieran su derecho a pescar, pero los cucapás rechazaron este ofrecimiento y la denunciaron; no creo que el papel de ella sea venir a sobornarlos sino más bien a resolver los problemas que tienen los pueblos indígenas", afirmó.

Comentó también que la gente del Instituto Nacional Indigenista, en los 54 años que duró, "nunca entendió que la organización social de los cucapás es por clanes, que no tienen identidad comunitaria, si lo hubieran entendido habrían diseñado programas y créditos por clanes y no comunitarios, ese es el origen de algunos problemas de ese pueblo".

De hecho, los dos grupos principales que hay en la comunidad, el de Onésimo González y el de la comisariada Concepción Ruiz, se acusan mutuamente de desviación de créditos que eran para la comunidad y que sólo repartieron entre sus allegados.

El grupo de Onésimo González denuncia al de la comisariada de vender recursos de la comunidad, de darle derechos comunales a gente no indígena, de querer privar de sus derechos a una veintena de comuneros y de estar de acuerdo con la prohibición de la Profepa, que no les permite pescar en la reserva.

En breve conversación telefónica con la comisariada Ruiz, cuando se le comentó que se quería platicar con ella sobre los problemas de la comunidad, contestó: "es que el Procede ya entró a la comunidad, ya se hicieron las asambleas y ya se tomaron las decisiones". Se le preguntó si era para parcelar las tierras y respondió que sí.

Onésimo González, comunero de 70 años, se explayó sobre los problemas que ha ocasionado la Profepa con su prohibición para pescar, "con permiso o sin permiso nosotros pescamos", dijo, pero subrayó que estos son tiempos muy difíciles para la comunidad. Informó que 30 comuneros están en el programa de trabajo temporal, y aunque se habían retrasado los pagos "le estamos muy agradecidos al gobierno por eso", comentó.

Frente a la paupérrima casa de Onésimo, viven a la intemperie desde que hace dos años se les quemó su choza el señor Rosario García González y su esposa Dora Angela Bobadilla. Algunas de sus pertenencias las tienen en una destartalada camioneta. Tienen cuatro hijos que ya emigraron de la comunidad.

Rosario García comentó que Juana Aguilar, ex comisariada que le dejó el cargo a Concepción, tiene impugnados sus derechos como comuneros a todos los integrantes del grupo de Onésimo González (unos 35) y en cambio dio derechos comunales a dos no indios, como Juan Ceceña y su hijo. Aseveró que también les quitó a él y su esposa el permiso de pesca, y como se fue a pescar, lo agarraron los inspectores y tuvo que pedir ayuda externa para que lo soltaran. Ahora están en el programa de empleo temporal y estaban desesperados porque ya les debían dos quincenas.

Hilda Hurtado, también del grupo Onésimo González, negó que haya habido asamblea comunitaria para decidir lo del Procede. Informó que este año salieron a pescar 32 permisionarios con sus pangas, la Profepa les levantó 13 actas -ya nomás están esperando las multas- y les decomisó dos equipos: panga, motor y chinchorro, y siguen decomisados porque la multa es de 21 mil 850 pesos cada uno. Este año sólo lograron capturar 100 toneladas de curvina -contra 250 toneladas capturadas el año pasado-, porque ya no se les permitió seguir pescando. Es decir, sacaron en total 800 mil pesos para que 32 familias vivan todo el año. "Estamos en muy malas condiciones, porque además no hay otro trabajo, hace muchos años los cucapás sembraban maíz, pero ya no". Por eso los jóvenes emigran a las ciudades y el pueblo cucapá está en vías de extinción.

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