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México D.F. Sábado 20 de septiembre de 2003

Señala que el resultado se sustenta en un estudio riguroso de elementos indudables

Ratifica la PGJDF que Digna Ochoa se suicidó; da por concluida la indagatoria

MIRNA SERVIN VEGA

Para la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa queda concluida de manera definitiva luego de que ayer la Coordinación General de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador ratificó la conclusión de la fiscalía especial sobre el suicidio.

Esa resolución será comunicada de inmediato a los familiares de la abogada por conducto de su representante legal, quienes podrán solicitar un recurso interno de revisión y/o de amparo ante un juez federal en caso de inconformidad.

Alejandro Robledo, jefe de dicha coordinación, informó que "después de una minuciosa revisión" tanto de la propuesta de no ejercicio como de la averiguación previa, se llegó a la misma conclusión que la fiscal especial, es decir, que fue la propia Digna Ochoa quien se privó de la vida el 19 de octubre de 2001.

Explicó que la fiscalía especial para el caso Digna Ochoa, encabezada por Margarita Guerra, remitió a dicha coordinación la propuesta de no ejercicio de la acción penal para su estudio y, en su caso, aprobación el 18 de julio de este año.

La revisión de este caso, agregó Robledo, concluyó el 17 de este mes y su resultado será notificado de inmediato al representante legal de los familiares de Digna, que actúan como coadyuvantes en el caso.

El titular de la coordinación aseguró que los resultados se sustentan en un estudio riguroso de elementos indudables y objetivos que integran la averiguación, "sin entrar en este análisis a consideraciones relacionadas con la vida familiar y personal de la defensora de los derechos humanos".

Explicó que este dictamen encuentra sustento en las distintas pruebas periciales de diversas especialidades, así como en la valoración de las diligencias ministeriales practicadas.

Destacó que dicha coordinación emite la autorización del no ejercicio "basándose en elementos probatorios claros y objetivos que, conforme a la legislación penal y la valoración de cada una de las pruebas con las que se cuenta, constituyen el mecanismo de carácter técnico-jurídico para llegar a la verdad jurídica de un hecho".

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