Bignone y Bessone admiten que hubo miles de muertos

Piden sancionar a ex represores argentinos por reivindicar ejecuciones

DPA Y AFP

Buenos Aires, 19 de septiembre. El ex jefe de gabinete de Argentina, Alberto Fernández, pidió hoy sanciones para los militares que reivindicaron nuevamente desapariciones y torturas durante la pasada dictadura, al sostener que no se "puede vivir tranquilo en un país donde están libres los represores.

"En un país en serio, Ƒquién puede vivir tranquilo sabiendo que por las calles camina un señor que cuenta cómo 7 mil almas se fueron de la faz de la tierra después de ser interrogadas?", se preguntó Fernández en referencia a los generales en retiro Benito Reynaldo Bignone y Ramón Díaz Bessone para un documental de la televisión francesa.

Señaló que como ciudadanos hay que exigir que se sancionen este tipo de cosas. "Lo terrible es la conducta de que en este país algunos entendieron que era razonable hacer desaparecer a 7 mil personas, que es el número que él dio (Díaz Bessone), aunque yo creo que son más", indicó.

Las entrevistas a los militares, acusados de crímenes de lesa humanidad están incluidas en el telefilme Escuadrones de la muerte. La escuela francesa, que fue emitido en Francia y 12 de países más. Bignone, último dictador argentino, admitió la desaparición de 8 mil personas detenidas, mientras que Díaz Bessone, ex jefe del ejército, reconoció 7 mil, pero ambos justificaron la represión ilegal.

Organismos de derechos humanos señalan que el terrorismo de Estado dejó 30 mil desaparecidos, lo que es asumido por el gobierno argentino, aunque hay 15 mil casos denunciados oficialmente.

Díaz Bessone, Bignone y el general en retiro Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior y quien también habló para la televisión francesa, fueron denunciados el jueves a la justicia por apología del crimen por reivindicar el terrorismo de Estado.

Dirigentes y militantes del partido Izquierda Unida (IU), realizaron hoy un acto de repudio frente a la casa de Bignone, en Buenos Aires, donde está recluido, acusado de haber sido coautor mediático de la sustracción ilegal de bebés durante la dictadura.

Durante el escrache (como se denomina en Argentina a los actos de repudio), que se llevó a cabo mediante un ruidosa manifestación e insultos contra el ex dictador, el dirigente de IU, Juan Carlos Giordano, reclamó la "baja deshonrosa y cárcel" para Bignone.

En tanto, las Madres de la Plaza de Mayo, a cuyo frente está Hebe de Bonafini, se declararon convencidas de que los asesinos jamás irán a la cárcel, en relación con los militares acusados de crímenes de lesa humanidad en la pasada dictadura que gobernó entre 1976 y 1983.

Las madres consideraron que van a pasar años antes de que se alcance el enjuiciamiento y condena de algunos casos de crímenes de lesa humanidad, aunque afirmaron que "la libertad y la justicia, lenta pero inexorablemente, llegará de la mano del pueblo".

También se dijeron complacidas por la actitud del presidente Néstor Kirchner y de los parlamentarios honestos que declararon la nulidad de las leyes de Punto Final de 1986 y de Obediencia Debida de 1987.

Mientras, la jueza federal María Servini de Cubría rechazó tramitar la reapertura de la causa que investiga los violaciones de los derechos humanos perpetrados bajo la jurisdicción del I cuerpo del ejército durante la dictadura, como ordenó la Cámara Federal de Justicia.

La jueza se exculpó esta semana de llevar adelante la investigación sobre los crímenes cometidos en el centro de detención clandestino que operó en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), por lo cual se le giró en "compensación" otro expediente.

Ahora, Servini devolvió el segundo expediente a la Cámara Federal por considerar que la investigación de ese cuerpo del ejército, en el que se indaga al ex general Guillermo Suárez Mason, entre otros, "es más voluminosa" que la causa sobre la Esma, dijeron fuentes judiciales.