Interpone segunda controversia constitucional contra 16 oficios de la auditoría

Los Pinos impugna otros actos de la ASF

Niega anomalías en créditos por más de $4 mil 671 millones incluidos en cuenta pública

JESUS ARANDA

En la segunda controversia constitucional que interpuso el presidente Vicente Fox contra 16 oficios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -en los que ésta ordenó a la Secretaría de Hacienda y al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) regularizar al menos 60 mil 257 créditos por más de 4 mil 671 millones 900 mil pesos, que forman parte de la Cuenta Pública de 2001-, el Ejecutivo no sólo rechaza la intervención del primer organismo, sino que además asegura que no existen anomalías en dichos créditos.

En la demanda, interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya fue admitida y en la que se concedió la suspensión para que no se apliquen los oficios impugnados, el Ejecutivo federal cuestiona además la forma en que se llevó a cabo la auditoría de la Cuenta Pública, ya que califica sus observaciones y recomendaciones como resultado de una "presunta revisión".

Llama la atención que la demanda del Ejecutivo no dé cuenta de todos los créditos irregulares ni de su monto total.

Por otra parte, la Secretaría General de Acuerdos de la Corte admitió como tercera interesada en este asunto (91/2003) a la ASF, aunque en la demanda estaba incluida junto con la Cámara de Diputados, ya que por ser un órgano desconcentrado de ésta no podía ser parte en el litigio.

En ese contexto, la queja señala que la ASF "al tener delimitada su esfera de competencia en la Constitución, debe ser considerada como un órgano de gobierno originario y no subordinado a la Cámara de Diputados".

El Ejecutivo plantea que la Corte declare la inconstitucionalidad de "la culminación de un procedimiento de solventación de observaciones y recomendaciones instruido en el marco de la presunta revisión de la Cuenta Pública de 2001", en la que "se instruye y ordena" a Hacienda, al IPAB y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizar "determinados actos (contrarios a la legislación aplicable) para regularizar supuestas anomalías (inexistentes)".

En tanto, de los 16 oficios impugnados -13 con fecha 13 de agosto y tres del 8 de septiembre de 2003-, sólo en 10 se precisa el número de créditos en los que se exige que "el gobierno federal cancele su aval por dicha cantidad".

Es decir, sólo en 10 de los oficios que da cuenta la demanda se incluyen completos monto y cantidad de los créditos, quedando de la siguiente manera:

- Mil 931 millones 200 mil pesos, correspondientes a 22 créditos otorgados por Banamex al grupo empresarial SIDEK-SINAM.SITUR.

- 71.8 millones de pesos, correspondientes a 4 mil 163 créditos menores a 100 mil pesos otorgados por Banco Internacional.

- 119.5 millones de pesos, correspondientes a 4 mil 163 créditos menores a 100 mil pesos otorgados por Banco Internacional.

- 249.8 millones de pesos, correspondientes a 12 mil 534 créditos otorgados por Bancomer.

- 249.8 millones de pesos, correspondientes a 12 mil 435 créditos menores a 100 mil pesos otorgados por Bancomer.

- 923 millones 600 mil pesos, correspondientes a sólo 165 créditos otorgados por Bancomer.

- 559 millones de pesos, correspondientes a 31 mil 100 créditos menores a 200 mil pesos otorgados por Banorte.

En otros oficios sólo se indican cantidades de los créditos considerados irregulares por la ASF, y son por 256 millones 400 mil pesos, 104 millones 900 mil y 205 millones 700 mil.

Todo eso da un total de 4 mil 671 millones 900 mil pesos, que corresponden a 60 mil 257 créditos que para la ASF son irregulares y en los que considera que Hacienda y el IPAB deben reducir los montos o llegar incluso a la cancelación del aval otorgado por el gobierno federal.

Así, la demanda no informa a la Suprema Corte sobre seis de los oficios en litigio, y tampoco sobre la cantidad de los créditos irregulares que están integrados en 10 oficios. Sólo se enumeran los bancos involucrados: Banorte, Bancomer y Banco Internacional

Apenas la semana pasada el ministro instructor de esta controversia -y también de la que interpuso el Presidente en abril pasado por el contenido de oficios en los que se ordenaba a las autoridades hacendarias "descontarle" a Banamex, Bancomer, Banorte, Bital y Banco del Atlántico, créditos irregulares- otorgó la suspensión solicitada a efecto de que los oficios impugnados no sean aplicados.

Lo anterior, con el argumento de que "la medida cautelar no pone en peligro la seguridad o economía nacionales", además de que la aplicación de los mismos tendría efecto directo "en la materia de la controversia".