El órgano busca auditar otra vez a las instituciones

Solicita el IPAB a la justicia federal revisar amparo concedido a 4 bancos

La Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) solicitó a la justicia federal que un tribunal colegiado revise la decisión del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, el cual concedió el mes pasado un amparo a Bancomer, Banco Internacional, Banamex y Banorte contra cualquier nueva auditoría que pretenda realizar dicho organismo a los pagarés que esas instituciones poseen del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), los cuales tienen un valor actualizado de más 52 mil millones de pesos.

La pretensión del IPAB es que el amparo concedido por el juez Alvaro Tovilla León a los cuatro bancos sea desechado en segunda instancia, pues según los representantes legales del organismo, no es inconstitucional la Ley de Protección al Ahorro Bancario ni el Estatuto Orgánico del instituto.

El asunto podría quedar radicado en el decimosegundo tribunal colegiado en materia administrativa, debido a que ese órgano colegiado ya tiene conocimiento del caso, luego de que el 15 de agosto pasado resolvió una impugnación relacionada con el juicio de amparo 979/2002.

En esa ocasión el IPAB impugnó la suspensión definitiva que obtuvieron los banqueros, y dicho tribunal ratificó la protección de la justicia federal en favor de los cuatro bancos.

Ahora el IPAB considera que la decisión del juez Tovilla -quien determinó que son ilegales los oficios del 21 de junio y el 26 de septiembre de 2002, mediante los cuales el instituto dio a conocer el procedimiento para realizar las nuevas auditorías y, en su caso, reducir el monto de los pagarés otorgados por el entonces Fobaproa en favor de las cuatro bancos- es incorrecta, por lo que debe ser modificada en segunda instancia.

La solicitud de revisión fue interpuesta el pasado primero de octubre en la oficialía de partes de los tribunales administrativos del Distrito Federal

En mayo de 2002, el IPAB informó a los cuatro bancos, participantes en el programa de capitalización y compra de cartera vencida, que estaba dispuesto a realizar el intercambio de pagarés del Fobaproa por bonos del IPAB, a condición de que se efectuaran las revisiones.

En julio de ese año los bancos se ampararon ante el juez noveno de distrito, quien les otorgó la suspensión provisional, y en noviembre de 2002 la definitiva, contra dos de las tres revisiones: las de gestión y existencia.

El instituto considera que tiene posibilidades de ganarle a los banqueros, al interponer un recurso de revisión en segunda instancia; sin embargo, está consciente de que si llegara a ganar en esta etapa los bancos se inconformarán y el proceso llegará al siguiente nivel, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este procedimiento legal también tiene su origen en el señalamiento realizado por la Auditoría Superior de la Federación, la cual consideró que los cuatro bancos recibieron apoyos irregulares del Fobaproa, por lo que emitió un exhorto al IPAB para que fueran auditados esos pagarés y se descontaran los créditos que irregularmente fueron transferidos al Fobaproa durante el rescate bancario de 1995 y 1996, operaciones que a la fecha alcanzan un valor de 52 mil millones de pesos.

ALFREDO MENDEZ ORTIZ