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México D.F. Viernes 10 de octubre de 2003

Sólo sabe que sus abogados les tramitaron permisos de trabajo en Estados Unidos

La PGR, sin pistas de ex funcionarios y priístas implicados en el Pemexgate

Hace un año se giró orden de aprehensión contra Domene, Juaristi, Pindter y Gheno

GUSTAVO CASTILLO Y ALFREDO MENDEZ

La Procuraduría General de la República (PGR) no tiene ninguna pista sobre el paradero de los ex funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) ni de los priístas que participaron junto con el ex director de la paraestatal, Rogelio Montemayor Seguy, en el Pemexgate.

Lo anterior, a más de un año de que el juzgado 13 de distrito en materia penal, con sede en el Reclusorio Sur de la ciudad de México, libró las órdenes de aprehensión contra los ex funcionarios Carlos Juaristi, Juan José Domene, Julio Pindter y Alberto Gheno, por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades; mientras que a los priístas Jorge Cárdenas Elizondo, Carlos Almada, Joel Hortiales y Alonso Bretón se les busca por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de peculado electoral.

De acuerdo con declaraciones del subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores, lo único que se sabe es que los ex funcionarios de Pemex, por conducto de sus abogados en Estados Unidos, tramitaron permisos para trabajar en ese país, pero no han sido localizados.

Sin embargo, indicó que la PGR formalizó ante las autoridades estadunidenses una solicitud de detención provisional con fines de extradición, además de que solicitó cooperación a la policía internacional (Interpol) para lograr su captura.

El funcionario confió en que las autoridades mexicanas logren la extradición de Rogelio Montemayor para que enfrente las acusaciones por las cuales se giraron órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de peculado, uso indebido de atribuciones y peculado electoral.

Como se recordará, a Montemayor Seguy y los ex funcionarios de Pemex se les señala como responsables de haber autorizado la entrega ilícita de mil 100 millones de pesos a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto, en el año 2000, con la finalidad de apoyar la campaña presidencial del candidato priísta Francisco Labastida Ochoa.

Hasta el momento sólo queda pendiente por resolver una averiguación previa en la que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales determinará si ex dirigentes priístas tuvieron responsabilidad en la transferencia y uso de los recursos desviados de Pemex.

Por otra parte, el juzgado segundo de distrito en materia penal, con sede en Oaxaca, recibió los informes justificados de tres juzgados de distrito del Distrito Federal y del Ministerio Público Federal, acerca de la situación jurídica del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, quien mañana deberá presentarse ante el juez Crisófono Tomás Quiroz, en Oaxaca, para celebrar una audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 1061/2003, a partir del cual el impartidor de justicia determinará si concede o niega la suspensión definitiva al ex diputado federal del PRI, por lo que hace al delito de peculado electoral.

Fuentes consultadas indicaron a La Jornada que los informes que enviaron los juzgados tercero, décimo y décimo tercero de distrito de la ciudad de México, así como la PGR, llegaron al juzgado de Oaxaca entre martes y miércoles de esta semana.

Los informes enviados por el juzgado 13, refieren que Romero Deschamps es buscado para ser procesado penalmente por los delitos de peculado y peculado electoral (cuyas cantidades no fueron informadas). Los otros órganos del Poder Judicial Federal notificaron que no existen cargos contra Romero Deschamps.

Por su parte, la defensa del ex legislador informó que su cliente ya garantizó el pago de la fianza (240 mil pesos) que fijó el juez Quiroz a Romero Deschamps y que lo protege de ser detenido por el delito de peculado. Respecto de esta protección judicial correspondiente al juicio de amparo 1108/2003, refirieron que la audiencia incidental está programada para el próximo 23 de octubre.

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