La fiscalía especial sustenta cargos por las matanzas estudiantiles de 1968 y 1971

Echeverría será acusado de genocidio

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

En enero, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femosp) consignará ante jueces federales las averiguaciones previas por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971. Entre otros, se acusará al ex presidente Luis Echeverría por genocidio y desaparición forzada, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, revelaron fuentes gubernamentales.

El significativo avance de las investigaciones permite establecer, señalaron los entrevistados, que junto con Echeverría Alvarez se consignará a Julio Sánchez Vargas, ex procurador general de la República; al general Luis Gutiérrez Oropeza, ex jefe del Estado Mayor Presidencial; al general Manuel Díaz Escobar Figueroa, ex subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal (DDF) y jefe de los halcones, así como a Salvador del Toro, ex agente del Ministerio Público Federal encargado de consignar a los detenidos en la Plaza de las Tres Culturas en 1968, a manifestantes del llamado jueves de Corpus y también a integrantes de movimientos armados de los años setenta.

Las solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de los implicados en la matanza del 2 de octubre se sustentarán en parte, revelaron las fuentes consultadas, en documentos obtenidos del Archivo General de la Nación (AGN); de la Secretaría de Relaciones Exteriores; del actual Gobierno del Distrito Federal; el archivo histórico del ex ayuntamiento; el de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y del Centro de Estudios Históricos Condumex, ya que han permitido reconstruir parte del papel que desempeñó cada uno de los ex funcionarios involucrados en esos acontecimientos.

Según las versiones obtenidas, los testimonios rendidos por otros involucrados en los hechos, quienes declararon como testigos en las averiguaciones previas, han aportado elementos que confirman hipótesis jurídicas, esto es, la responsabilidad del ex presidente Echeverría Alvarez, del ex procurador y de los generales, entre otros personajes.

Por lo que respecta al 2 de octubre de 1968, al menos 25 personas han declarado en calidad de ofendidos. Entre los representantes del Comité del 68 están Raúl Alvarez Garín, Félix Lucio Hernández Gamundi, Arturo Martínez Nateras, Federico Emery Ulloa y Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca.

La fiscalía ha obtenido declaraciones en calidad de testigos de 17 personas, entre ellos Cuauhtémoc García Pineda y Servando González, dos de los encargados de filmar la matanza; también compareció José Salvador Gallástegui, entonces oficial mayor de la cancillería; los entonces negociadores gubernamentales Andrés Caso y Jorge de la Vega Domínguez.

Además, los documentos han permitido establecer que 12 distintos cuerpos policiacos o militares actuaron en la Plaza de las Tres Culturas enviados por la secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, así como por el Estado Mayor Presidencial y el DDF.

En cuanto al 10 de junio de 1971, la fiscalía expondrá ante jueces federales que la matanza de esa fecha fue la continuación de actos represivos del gobierno en contra de movimientos estudiantiles, ante la posibilidad de que la protesta social alcanzara niveles similares a los de 1968. Para ello utilizó y capacitó, con la anuencia presidencial, a los halcones.

Por otra parte, ayer el fiscal Ignacio Carrillo Prieto declaró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de analizar si ya prescribieron las acusaciones de privación ilegal de la libertad en contra los ex titulares de la extinta Dirección Federal de Seguridad Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro fue un hecho de trascendencia histórica, que podría servir de referente para continuar las averiguaciones en las que están relacionados los ex presidentes Luis Echeverría y José López Portillo (este último por desapariciones forzadas durante la llamada guerra sucia).