Suspende el Senado a juez de la Corte Suprema

Empresas eléctricas privatizadas de Argentina amenazan con apagones

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 9 de octubre. Los cancilleres y enviados especiales de los países que conforman el denominado Grupo de los 21 (G-21), que se formó durante la fracasada reunión de la Organización Mundial de Comercio en Cancún para hacer frente a las presiones de Estados Unidos y los países industrializados, se reunirán este viernes aquí, en el contexto de un complejo panorama regional y cuando el gobierno de Argentina avanza en la revisión de los contratos con empresas privadas, al tiempo que las del sector eléctrico amenazan abiertamente con apagones si no se concede aumento de tarifas.

En este debate convocado por Argentina, las 22 naciones que actualmente forman esa agrupación, que se plantó contra los subsidios agrícolas, analizarán la situación después de Cancún, y se prevé que además discutan sobre el más reciente fracaso de la reunión sobre el Area de Libre Comercio de las Américas en Trinidad Tobago. Por lo pronto, hubo una primera deserción, la de Costa Rica, tras las presiones estadunidenses sobre su ingreso al Tratado de Libre Co-mercio de Centroamérica.

La situación que atraviesa Bolivia, escenario de fuertes protestas sociales, también estaría en la mesa de discusiones.

El gobierno del presidente Néstor Kirchner, entre tanto, enfrenta una dura campaña de la ultraderecha local, tanto por el tema de los derechos humanos, cuando continúa la apertura de nuevas causas para juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar (1976-1983), como por los cambios que se avecinan en una Corte Suprema que fue parte de la "fiesta menemista", la década que gobernó Carlos Menem (1989-1999), durante la cual se instaló un acelerado y corrupto esquema de privatizaciones de todas las empresas nacionales, cuyas consecuencias afloran ahora.

Mientras el juez Eduardo Moliné O'Connor se resiste a su suspensión, aprobada por el Senado, al anunciar que presentará un recurso extraordinario, hay una fuerte discusión sobre el congelamiento de las tarifas de electricidad entre el gobierno y las empresas privatizadas del sector eléctrico, que amenazan abiertamente con apagones y cortes, hasta la posibilidad de desabastecimiento.

Ante tales amenazas del titular de Edesur (Endesa de España), José María Hidalgo, el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, advirtió la víspera que "el gobierno no admitirá bajo ningún concepto interrupciones en el suministro, y en caso de que eso suceda se aplicarán severas penalidades".

Sin embargo los empresarios del sector eléctrico renovaron sus amenazas: "Si no se toman medidas para solucionar los problemas, el sistema entrará en dificultades y no podremos atender la demanda de los usuarios", insistió Hidalgo, quien responsabilizó al "gobierno y los grandes usuarios industriales por la crisis que afecta al sector".

Desde el exterior, además, llegan amenazantes voces de acreedores ante la propuesta argentina sobre la deuda. El ministro de Economía, Rodolfo Lavagna, sostuvo ayer que el país negociará dentro de sus posibilidades, y fue muy claro al mencionar que Argentina no tiene más bienes en el exterior que sus sedes diplomáticas, las cuales son inembargables, ante los rumores sobre al-guna acción de ese tipo por sectores que reclaman en distintos países por las deudas, y que incluso llegaron a decir que si Kirchner viajaba a Europa en el avión presidencial, habría que embargar la aeronave.

También el gobierno tomó decisiones an-te el tema de Correo Argentino, que controla el grupo Macri, vinculado al menemismo, y que tiene una enorme deuda con el Estado, de unos 200 millones de pesos, que no parece dispuesto a aceptar los términos del acuerdo que propone el grupo en convocatoria de acreedores.

Sin embargo, una Cámara judicial tomó partido en favor de los Macri en estas horas. El gobierno, asimismo, pondrá en marcha una renegociación del contrato con la operadora de 33 aeropuertos, luego de anular un decreto del anterior presidente Eduardo Duhalde que beneficiaba al concesionario del grupo Eunekian, pese a que mantenía una fuerte deuda con el Estado.

Otro frente contra el gobierno viene de la mano de las inquietudes del lobby internacional financiero. En este caso la sorpresa la produjo el curioso informe de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, que sin se sepa muy bien con qué fundamentos determinó que hubo más corrupción en estos últimos dos años que en la década anterior.

Una investigación que surja del sentido común más simple "indica que mal pudo haber más corrupción en un país absolutamente quebrado que en los tiempos en que se repartían y disputaban las empresas estatales, las 'joyas de la abuela'İ y se pagaban coimas (mordidas) y sobreprecios, más otras irregularidades que saltaron a la luz pública", advierte un analista local.

Una justicia adicta -muchos de cuyos magistrados tuvieron vínculos con la pasada dictadura- hizo posible que se decretara, de alguna manera, "una nueva impunidad" para todos los juicios abiertos en torno a la corrupción de esa década.

Asimismo, existe gran revuelo aún por las declaraciones del ministro de Justicia, Gustavo Béliz, quien sostuvo que en la década de los años 90 hubo una narcodemocracia, aunque nadie parece recordar que durante 10 años de menemismo las páginas de los principales medios de comunicación recogían las denuncias que se presentaban por causas emblemáticas como la venta ilegal de armas, el lavado de dinero, las mafias del oro y otras.

El gobierno se enfrenta así a las impunidades de la dictadura y las del pasado más reciente, y si esto no se soluciona difícilmente puede llevarse adelante el cambio que el presidente se comprometió a lograr.

Los cambios en las cúpulas militares, las acciones para derribar los nichos de impunidad, las recientes medidas sancionando a jefes policiales acusados de corrupción, en-tre otras, marcan la gestión gubernamental que comenzó en mayo pasado, pero la extrema pobreza que afecta a millones de argentinos sigue siendo una deuda pendiente.

En este sentido, el clima de esperanza vi-vido por las tímidas recuperaciones -el ca-so de la puesta en marcha de ramales ferroviarios, de planes de obras públicas, de nuevas medidas para alentar a poner en marcha empresas quebradas y recuperadas por los trabajadores- son algunas señales.

En estas horas, el gobierno abrió un diálogo con las AFJP para lograr un consenso con las administradoras de los fondos de pensión, mientras se preparan marchas para exigir la libertad de decisión, después que durante el gobierno de Menem los trabajadores eran inscritos sin su consentimiento en las AFJP.

El gobierno apunta a algunas modificaciones sustanciales, y la más importante posibilitaría a los afiliados al régimen privado volver al estatal si así lo prefieren.