CRISIS POLITICA

Chihuahua, rehén de ataques y descalificaciones entre PRI y PAN

La pugna entre los gobiernos federal y estatal ha provocado incluso cancelación de proyectos

Legisladores, alcaldes y funcionarios panistas han interpuesto 10 juicios de controversia constitucional y dos de amparo contra sendos decretos expropiatorios, mientras el Ejecutivo local empezó una querella contra la SCT para evitar que cancele una caseta de peaje en la carretera estatal Jiménez-Parral

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA CORRESPONSAL

Chihuahua, Chih., 9 de octubre. El constante enfrentamiento que ha mantenido el gobierno estatal, encabezado por el priísta Patricio Martínez García, contra el panismo local y el gobierno federal ha traído aparejado un largo y costoso litigio judicial que ha colocado a Chihuahua como la entidad con más controversias jurídicas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las partes no han logrado llegar a acuerdos. Legisladores locales, alcaldes y funcionarios federales que militan en el PAN han interpuesto 10 juicios de controversia constitucional y dos de amparo contra sendos decretos expropiatorios de tierras que emitió el gobierno estatal, para que la SCJN resuelva entre los complejos intereses de poder que enfrentan a los panistas con el mandatario, a quien los primeros tildan de "autoritario".

Por su parte, el Poder Ejecutivo de Chihuahua empezó una querella contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con el propósito de evitar que la dependencia cancele la instalación de una caseta de peaje en la carretera de cuatro carriles Jiménez-Parral, construida con fondos estatales.

En los litigios judiciales subyace el enfrentamiento político entre PRI y PAN, que en todos los terrenos miden su correlación de fuerzas.

Según el dirigente estatal panista, Cruz Pérez Cuéllar, el gobierno de Patricio Martínez ha realizado obras de inversión pública mediante procedimientos que violan "flagrantemente" la Constitución General de la República y la del estado. Con ese argumento, todos los proyectos de obra que la administración local considera estratégicos por su impacto político enfrentan litigios ante tribunales federales.

En contraparte, el gobernador Martínez ha explotado en su favor la confrontación con autoridades federales, para erigirse como defensor de la autonomía estatal y reditar el discurso del federalismo, antes socorrido por el PAN como opositor.

La cadena de litigios

En octubre de 2001, Gustavo Elizondo Aguilar, entonces alcalde de Ciudad Juárez, interpuso un juicio de controversia constitucional para exigir la transferencia de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento al ayuntamiento. Además, impugnó la Ley de Tránsito estatal, que impuso a los conductores la obligación de usar cinturón de seguridad y de contratar un seguro de daños a terceros.

Posteriormente, el actual edil juarense, Jesús Alfredo Delgado -panista, como su antecesor- entabló una demanda contra el Congreso local y el gobierno del estado, en rechazo a la reforma al Código Administrativo de la Junta Central de Aguas, que excluye al municipio en la designación del director del organismo.

Asimismo, Delgado exigió jurídicamente la revisión del monto de las partidas estatales del presupuesto municipal de Juárez. También ha interpuesto dos amparos en contra de actos de autoridad del Ejecutivo local por la reversión del decreto expropiatorio de Lote Bravo, y en rechazo a la expropiación de 2 mil hectáreas en el área de San Jerónimo, en la frontera con Nuevo México, donde el gobierno estatal proyecta construir un complejo habitacional con zona comercial y parque industrial.

La obra carretera de la administración estatal es la que mayor confrontación genera en tribunales, además de que ha propiciado la violencia verbal entre Patricio Martínez y funcionarios de la SCT, tanto estatales como federales.

Desde que el gobernador anunció el proyecto de construir una carretera de cuatro carriles que uniría a las ciudades de Cuauhtémoc y Guerrero -en el noroeste del estado-, así como otro tramo en la zona sur, que comunicaría a Jiménez con Parral, funcionarios, legisladores y el comité estatal del PAN se movilizaron en contra, con el argumento de que serían ilegales las cuotas de peaje que se contemplaba cobrar por el tránsito en las nuevas rutas.

El delegado de la SCT en Chihuahua, Luis Herrera González, anunció que la dependencia tenía listo un proyecto para un segundo cuerpo carretero, que ampliaría a cuatro carriles el tramo de 40 kilómetros entre Cuauhtémoc y la comunidad La Junta, sin caseta de peaje.

Esto desató polémica. El gobierno de Patricio Martínez alegó que el tramo es de competencia estatal, y en respuesta la SCT interpuso un juicio de controversia constitucional ante la SCJN para que estableciera cuál de los dos niveles de gobierno debía construir la vía. En tanto, la administración estatal anunció la ampliación del proyecto e inició las obras al revés de lo originalmente planteado: realizó el camino de Guerrero a Cuauhtémoc hasta La Junta, donde está centrada la polémica judicial.

Lo mismo sucedió con la vía Jiménez-Parral. En ambos municipios gobernados por alcaldes panistas se movilizó a la población para rechazar el establecimiento de casetas sobre la carretera de cuatro carriles. Sin embargo, el gobierno del estado cobró peaje e interpuso un juicio de controversia contra la SCT, que promueve la libre circulación.

Otro punto de debate es la creación del Fideicomiso Carretero, que aprobó la mayoría priísta en el Congreso local, con apoyo de las fracciones del PT y el PRD. De esta manera se autorizó al gobernador emitir bonos de deuda pública por 2 mil 500 millones de pesos, con los cuales se financian diversos proyectos de obras.

De inmediato, el grupo parlamentario del PAN interpuso un juicio de controversia ante la SCJN. Desde el gobierno estatal, la respuesta no ha sido menos visceral.

Patricio Martínez afirma con frecuencia que los panistas chihuahuenses en el gobierno federal, encabezados por el ex gobernador y hoy diputado Francisco Barrio Terrazas, mantienen un permanente boicot contra las obras que programa la administración estatal.

Desde todo foro a su disposición, el mandatario arremete contra funcionarios de la SCT, empezando por el secretario Pedro Cerisola; el delegado estatal, Luis Herrera, y el senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, denunciándolos como los principales "enemigos del progreso de Chihuahua".

Incluso, el pasado 7 de mayo, en su programa semanal de radio, tildó de "asesino" al delegado de la SCT, Luis Herrera, luego de un accidente carretero en la vía corta Chihuahua-Parral, donde trabajadores de la dependencia federal reparaban la cinta asfáltica.

A iniciativa del gobernador, la mayoría priísta aprobó modificaciones al Código Penal, con el propósito de castigar a los responsables de accidentes automovilísticos originados por grava suelta en carreteras. El procurador de Justicia estatal, Jesús José Solís Silva, se comprometió a investigar cualquier accidente automovilístico originado por negligencia o dolo al dejar esparcida gravilla en la cinta asfáltica, para deslindar responsabilidades contra quien o quienes resulten responsables, ya sean empresas o la propia SCT.

A su vez, el líder de la bancada del PAN en la Legislatura de Chihuahua, Guillermo Luján Peña, ha acusado al gobernador de llevar al estado a un clima de primitivismo político, al atacar frontalmente al gobierno federal, después "rasgarse las vestiduras y afirmar que ésta (la Federación) no lo quiere, ni a Chihuahua".

En similar tono, panistas y priístas confrontan kilómetro a kilómetro la obra carretera construida en la administración actual y la anterior, que encabezó Francisco Barrio. En otros rubros el enfrentamiento también es continuo.

En mayo, el gobierno del estado y la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) se enfrascaron en una discusión por la firma del convenio de colaboración para invertir 230 millones de pesos en el programa de vivienda. La delegada de la dependencia, María Teresa Ortuño, advirtió que los recursos podrían perderse ante la negativa del gobernador Patricio Martínez de firmar el acuerdo protocolario para la liberación de éstos.

Antes, en 2001, una situación similar obligó a la delegada de Sedeso a devolver el paquete de financiamiento para 4 mil viviendas populares.

Las diferencias entre Ortuño y Patricio Martínez derivan de la oposición del mandatario a que se designara en la representación de Sedeso a una de las figuras panistas radicales. Y aun cuando ha mostrado mayor tacto para criticar a la funcionaria por tratarse de una mujer, el gobernador la ha acusado públicamente de mentirosa.

Enfrascados en una guerra de declaraciones, la fracción del PAN en el Congreso local y la Secretaría de Planeación estatal intercambiaron acusaciones, y se responsabilizaron mutuamente de la parálisis administrativa en la que cayeron los acuerdos de colaboración, que permiten a los dos niveles de gobierno mezclar recursos para ejecutar obra pública y operar programas sociales.

El líder de la bancada panista local, Guillermo Luján Peña, informó que por gestiones de su grupo parlamentario se logró rescatar 230 millones de pesos para erigir este año 5 mil viviendas, pero están en riesgo otros 500 millones presupuestados por diferentes secretarías, con las que tampoco se ha logrado un entendimiento entre los gobiernos estatal y federal.

Al listado de litigios está por agregarse una nueva controversia con la que los legisladores del PAN pretenden bloquear las enmiendas al Código Penal del estado, que propuso el gobernador y que aprobó la mayoría priísta, por la cual se imponen penas acumulativas a los agresores de mujeres, para mantenerlos en prisión por más de 100 años.

Lo mismo se prevé que sucederá con la reforma en materia electoral que está por revisarse en el Congreso local, bloqueada por el blanquiazul en las mesas de discusión, y que de ser aprobada se irá a revisión en los tribunales federales.

Mientras las cortes resuelven, los chihuahuenses son testigos de la guerra verbal entre los grupos de poder: "perversos", "infames", "hipócritas", "enemigos de Chihuahua", "talibanes", "fundamentalistas", "rencorosos" y "ardidos de la derrota electoral de 1998", son algunos de los muchos calificativos que el gobernador y los miembros de su gabinete, así como diputados y alcaldes priístas, han lanzado contra funcionarios federales y las principales figuras del panismo local, como Luis Herrera González, el senador Javier Corral Jurado, el ex contralor federal Francisco Barrio y el líder estatal del PAN.

En ese fuego cruzado, desde la línea blanquiazul la respuesta tampoco conoce mesura. "Déspota", "autoritario", "tirano" y "demente", son algunos de los calificativos contra el gobernador.