Lorenzo Córdova Vianello*

Huchim y la fiscalización electoral

El viernes pasado el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) resolvió el asunto conocido como el caso de los Amigos de Fox. En dicha sesión, el máximo órgano de dirección del IFE confirmó, en sus términos, el proyecto que le presentó la Comisión de Fiscalización y determinó imponer al Partido Acción Nacional y al Partido Verde Ecologista de México una sanción conjunta que rebasa los 545 millones de pesos. Se trata de una sanción histórica: nunca antes un partido en el gobierno había sido sancionado por una cantidad semejante, a consecuencia de irregularidades cometidas durante la campaña electoral que lo llevó al poder.

El mismo día, Eduardo Huchim, consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, publicó en estas mismas páginas un artículo titulado "Financiamiento paralelo", en el cual carga contra el dictamen y el proyecto de resolución de la Comisión de Fiscalización del IFE.

Afirma Huchim -reproduciendo los alegatos de Miguel Angel Yunes, el abogado del PRI y principal detractor y calumniador de la autoridad electoral desde el caso Pemexgate- que la investigación de la Comisión de Fiscalización, presidida por Alonso Lujambio -otro de los blancos favoritos del PRI-, tuvo el "pecado original" de haber actuado con retraso y sólo hasta que el Tribunal Electoral se lo ordenó. Causa extrañeza, por lo menos, la ignorancia que subyace en esa aseveración. Es bien sabido que, apenas unos días después de haber recibido la denuncia en 2000, el IFE inició numerosas pesquisas, pero que fueron las negativas reiteradas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escudadas en los secretos bancario, fiduciario y fiscal, a entregar la información que el IFE les requirió en repetidas ocasiones, la razón que llevó a cerrar el caso el 9 de agosto de 2001. Entonces, al tomar esa decisión, el Consejo General se expresó por la conveniencia de que alguno de los partidos políticos la impugnara ante el Tribunal Electoral para que éste se pronunciara sobre los alcances de las facultades fiscalizadoras del IFE y determinara si los secretos mencionados podían válidamente oponérsele o no. Afortunadamente el tribunal falló a favor del IFE en mayo de 2002. Como puede verse, sólo si se desconoce la verdad de los hechos puede acusarse al IFE de haber actuado inoportunamente.

Es sintomático que Huchim, quien preside la Comisión de Fiscalización del IEDF, se queje amargamente, y con razón, del hecho de que las autoridades financieras no le entreguen la información que requiere para sus investigaciones, pero que al referirse a las negativas que enfrentó el IFE juzgue que se trata de retrasos atribuibles a la autoridad electoral. Por otra parte, hace suyos los "argumentos muy sólidos" del consejero del IFE Jaime Cárdenas -quien, por cierto, fue el único miembro de la Comisión de Fiscalización que, en más de tres años, nunca revisó el expediente del caso ni personalmente, ni a través de sus asesores- para cuestionar el dictamen. No obstante, haciendo gala de su falta de objetividad, al consejero del IEDF se le olvidó -o tal vez ni siquiera le interesó- conocer los razonamientos del dictamen que critica. Así, afirma que el IFE pasa por alto que "no es jurídicamente permisible que comités de acción política o asociaciones de amigos reciban financiamiento privado para apoyar candidaturas a cargos públicos, porque el sistema jurídico no lo acepta, no lo establece".

Seguramente Huchim no sabe que todo el dictamen de la Comisión de Fiscalización es una reconstrucción de la red de transferencias mediante la cual se realizó el financiamiento paralelo a la campaña presidencial de la Alianza por el Cambio. Si algo confirma el dictamen es, precisamente, la existencia de ese financiamiento paralelo que no fue reportado a la autoridad electoral y que además proviene, en su gran parte, de diversas fuentes ilícitas (dinero de empresas de carácter mercantil, dinero público, recursos del extranjero y aportaciones de personas no identificadas). La sanción que impuso el IFE es justamente por las razones que, según Huchim, no fueron consideradas.

Por otra parte, insiste en que el Consejo General del IFE no debería desestimar los argumentos de Jaime Cárdenas contra el dictamen y la resolución. ¿A cuáles argumentos se refiere? ¿Serán acaso aquellos que expone Cárdenas en su voto particular en el sentido de que Acción Nacional y el Partido Verde, siendo los dos miembros de la coalición Alianza por el Cambio y habiendo registrado al mismo candidato presidencial, deben ser medidos con distinta vara al momento de aplicar las sanciones? ¿Que uno merece -el PVEM- un trato benevolente mientras que el otro uno estricto? ¿O el argumento de que la investigación, como quiere el PRI y en contra del criterio establecido por el Tribunal Electoral, debió remontarse hasta 1998 en vez de comenzar a partir de que Fox fue candidato? ¿De verdad el consejero Huchim recomienda que el IFE abdique de los criterios de certeza, imparcialidad y legalidad a los que le obliga la Constitución y que desacate una resolución del Tribunal Electoral?

Más allá de lo que pueda opinar el consejero Huchim, me parece que es venturoso para todos saber que contamos con una autoridad electoral imparcial y que toma sus decisiones con base en la ley y no a partir de los humores de la opinión pública o de los intereses de los partidos políticos; aunque algunos, tal vez demasiado preocupados por ganarse los favores de ése o aquel partido, de cara a la inminente renovación del Consejo General, pretendan poner en duda las actuaciones del IFE.

* El doctor Córdova Vianello es autor de varios artículos y ensayos sobre teoría política, derecho electoral y ciencia política, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y asesor del maestro José Woldenberg Karakowsky.