El gobierno de Vicente Fox ha sostenido, de diversas maneras y en diferentes foros e instancias, que el Estado carece de los recursos para solventar las cuantiosas y necesarias inversiones en el sector energético nacional, particularmente en los ámbitos de la electricidad, el petróleo y el gas, por no hablar de los ingentes montos requeridos para cubrir el saldo histórico en materia de desarrollo incluyente y justicia social. La atención oportuna y suficiente de los rezagos y los retos que enfrenta el país en prácticamente todos los rubros -entre ellos educación, salud, vivienda, transporte, agricultura y, desde luego, energía- demanda cantidades mayúsculas que no se encuentran disponibles, según el mensaje oficial. Pero en el caso del sector energético se percibe un inaceptable doble discurso, la concesión de privilegios ilegales que transfieren vitales recursos públicos a manos privadas y un amañamiento de cifras por parte del gobierno federal.

En primer término, resulta reprochable que mientras en el frente interno el Ejecutivo y sus principales operadores en el gabinete y en el Legislativo reiteran que las eventuales reformas en materia de energía se realizarán en el marco de la legalidad y previo consenso de los diferentes actores políticos del país, en el exterior el gobierno federal continúe promoviendo la participación foránea en campos no autorizados por la Constitución como si esa posibilidad estuviese ya resuelta y aceptada por el Congreso y por la sociedad en general. Tal es el caso de la próxima participación de funcionarios públicos en el "foro de promoción de inversiones" que se celebrará, por iniciativa de una empresa extranjera, en Houston, Texas. Que representantes del gobierno de México ofrezcan a empresas trasnacionales oportunidades de inversión en energía actualmente inconstitucionales o de dudosa legalidad permite suponer que existe una profunda irresponsabilidad de parte del Ejecutivo y que la presente administración actúa de facto -de espaldas a la sociedad, a la normatividad y a las instituciones facultadas para realizar las eventuales reformas- con el convencimiento de que finalmente impondrá sus posiciones.

Por otro lado, resulta igualmente inaceptable que las autoridades federales aleguen incapacidad para financiar el desarrollo futuro de la industria energética nacional y al mismo tiempo otorguen permisos irregulares y privilegios multimillonarios a empresas extranjeras que comercializan electricidad en México de forma ilegal. Tan sólo en 2002, las 14 concesiones más importantes en manos de compañías trasnacionales, de un total de 225, recibieron subsidios -expresados en el uso casi gratuito de la red de distribución eléctrica nacional y en tarifas de respaldo inferiores a su costo- equivalentes a 3 mil 339 millones de pesos. Además, esas empresas arrebatan a la Comisión Federal de Electricidad sus 550 mayores clientes y 20 mil millones de pesos anuales en ingresos.

Tales subsidios y el mercado de electricidad en el que se inscriben se encuentran al margen de la ley e implican un severo deterioro del patrimonio público: se trata de una privatización en los hechos y de una violación de los preceptos constitucionales con el aval tanto de la pasada administración de Ernesto Zedillo como de la presente de Vicente Fox. Además, favorecen injustamente a unos cuantos en detrimento de las mayorías. ¿Cuántos sistemas energéticos, hospitales, escuelas o apoyos legítimos a la industria nacional podrían construirse con los multimillonarios subsidios y contratos entregados a las trasnacionales? ¿Cuántos mexicanos enfermos, hambrientos o desempleados seguirán padeciendo mientras se llenan ilegalmente los bolsillos de unos pocos extranjeros?

Para colmo, la Secretaría de Energía ha sobredimensionado, según denuncias de expertos en la materia, los requerimientos futuros de inversión en el sector eléctrico del país al situarlos por encima de su nivel real, el cual se ubicaría entre 40 y 70 por ciento por debajo de las estimaciones oficiales. Esta circunstancia revela o bien la negligencia de los funcionarios responsables de tales cálculos o una intención manifiesta de desinformar a la opinión pública con la finalidad de "demostrar" que el Estado se encuentra incapacitado para financiar el desarrollo energético del país y validar, por la ruta del miedo o la impotencia, la entrada de capitales privados en este campo.

La ciudadanía mexicana y los actores políticos y sociales del país deben mantenerse alertas para denunciar y corregir estos flagrantes atropellos contra la Constitución y la dignidad de la nación. Por ello, debe exigirse al Ejecutivo la inmediata eliminación de los subsidios y los mercados energéticos ilegales y la formulación de explicaciones claras sobre sus pretensiones y lealtades. De igual modo, debe demandarse al Legislativo que al tramitar las reformas que requiere el país se tomen decisiones con estricto apego a la legalidad y a la realidad de la industria energética pública, y se anteponga en todo momento el interés general de México. La soberanía nacional, el bienestar de las mayorías, la viabilidad futura del país y la primacía de la ley están en juego.