México D.F. Domingo 12 de octubre de 2003
Desmantela el gobierno de Sánchez de
Lozada una supuesta rebelión policial
Enfrentamientos entre manifestantes y uniformados bolivianos
dejan 3 muertos
"Hay un proceso sedicioso de golpe de Estado encabezado
por Evo Morales": versión oficial
AFP, DPA, PL Y REUTERS
La Paz, 11 de octubre. Nuevos incidentes de violencia
se suscitaron hoy en una populosa barriada de El Alto, a 12 kilómetros
de La Paz, con saldo de al menos tres personas muertas, entre ellas un
niño, por disparos de fuerzas del ejército y la policía,
en momentos en que las autoridades bolivianas investigaban el origen de
una explosión que ha-bría dañado un tramo de un gasoducto
que une ambas poblaciones.
El niño Alex Morellicona, de cinco años
de edad, falleció víctima de disparos de tropas combinadas
del ejército y la policía que escoltaban, apoyadas por tanquetas,
dos vehículos cisterna para abastecer de gasolina a la ciudad de
La Paz, según relatos de vecinos y medios de información.
Mientras, fuentes hospitalarias informaron de la muerte
de Walter Huanca, quien resultó gravemente herido en la mañana
de este sábado en los choques que se produjeron entre vecinos y
policías por el control de la carretera que une a El Alto con La
Paz.
Otro manifestante pereció de un disparo en la zona
de Ballivián, en El Alto, informó el fiscal Jimmy Pareja,
asignado a la policía técnica judicial, quien insinuó,
además, la versión no confirmada de una baja policial.
Al
cierre de esta edición continuaban los enfrentamientos en al menos
cinco lugares de El Alto, donde se concentran, además de clases
medias depauperadas, migrantes in-dígenas aimaras y quechuas, situación
que hacía virtualmente imposible llegar al lu-gar, donde -según
vecinos- se escuchaba el tableteo de disparos de ametralladora.
A todo esto, el gobierno denunció esta noche que
está en marcha un "proceso sedicioso de golpe de Estado en Bolivia
encabezado por el líder de la oposición y ex candidato presidencial,
Evo Morales", también dirigente cocalero del Chapare.
Por su parte, el presidente Gonzalo Sánchez de
Lozada se reunió este sábado con su gabinete tras desmantelar
una supuesta rebelión de policías que tendrían contacto
con los sectores de la protesta nacional, y se espera que las movilizaciones
habrán de recrudecerse para el próximo lunes con el cierre
de una ruta troncal que une al este con el oeste del país por parte
de los productores de hoja de coca del Chapare. Además, los transportistas
prevén un paro de 24 horas para el martes.
El Alto, de 700 mil habitantes, donde se cumplen cuatro
días de paro general contra la venta de gas al extranjero y el reclamo
de la renuncia de Sánchez de Lozada, amaneció hoy sin expendio
de combustibles y gas doméstico a raíz de un bloqueo, por
segundo día consecutivo, que impide el desplazamiento de un convoy
de carros cisterna.
Cerca de 40 vehículos cisterna que abastecen de
gasolina y diesel permanecen estacionados en la planta de Senkata, cerca
de El Alto, con fuerte resguardo de tropas y tanquetas, sin que puedan
efectuar el traslado hacia los centros de venta al público.
Se estima que 40 por ciento de los centros de expendio
de combustibles en las zonas de El Alto y La Paz han cerrado sus puertas
ante el desabasto aún parcial, según fuentes de los distribuidores.
Se suma una explosión como resultado de un supuesto atentado a un
gasoducto que abastece la región, que las autoridades investigan
y sin que se precise el lugar de los hechos.
Refuerzan medidas de seguridad
El gobierno volvió a reforzar el control militar
en el palacio presidencial Quemado, el edificio del Poder Legislativo,
la cancillería y los alrededores de la Plaza de Armas en La Paz,
ante el temor de nuevos disturbios por los huelguistas.
En contraste, en medio de una precaria calma tanto en
la capital como en El Alto, fue en esta última donde la tensión
volvió a crecer este sábado al desatarse duros choques entre
policías y manifestantes, con saldo de una persona herida de un
disparo en la cabeza con arma de fuego, quien falleció posteriormente.
Los incidentes de violencia se produjeron en una barriada
populosa, que congrega mayoritariamente a migrantes pobres de las etnias
aimara y quechua.
En esta cuarta jornada de violentas protestas los manifestantes
lanzaron piedras contra vehículos que recorrían una autopista
que conduce al aeropuerto internacional, mientras las fuerzas antimotines
los repelían con gases lacrimógenos y hacían disparos.
El gobierno afirmó haber desarticulado un presunto
motín con la detención de entre siete y nueve oficiales de
la policía que tendrían nexos con sectores de la protesta
nacional. Pero fuentes policiales dijeron que el gobierno estaba viendo
"fantasmas".
Según la versión gubernamental, al me-nos
seis oficiales y agentes policiales promovían un acuartelamiento
similar al que en febrero pasado desató un estallido social con
más de una treintena de muertos.
El ex mayor de la policía David Vargas, quien encabezó
aquel motín y otro ocurrido en abril de 2000, fue acusado de estar
detrás de una nueva acción subversiva.
Vargas, que entonces fue dado de baja de la institución,
indicó que también él estuvo a punto de ser arrestado
y que ahora se oculta en un local sindical obrero. Dijo temer que el gobierno
se apreste a declarar el estado de sitio y limitar las libertades constitucionales.
Ante los anuncios de los sectores sindicales y campesinos
de radicalizar la protesta, sectores humanitarios, de la Iglesia católica
y los empresarios siguen llamando a las partes a sentarse a la mesa de
diálogo, sin conseguirlo.
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