Pagar mil 810 millones de pesos atentaría contra los derechos sociales de los capitalinos

Ilegal, el juicio de Paraje San Juan, reitera López Obrador

Califica de apresurada la negativa de la Suprema Corte a investigar la resolución sobre el caso

El Gobierno del Distrito Federal defenderá el interés general de la ciudad, afirma Encinas

ANGEL BOLAÑOS Y MIRNA SERVIN

De no aceptar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se integre una comisión que investigue las irregularidades en el juicio de amparo por la expropiación del predio Paraje San Juan, se estaría permitiendo una violación a las garantías y derechos sociales de los habitantes del Distrito Federal.

Así lo advirtió el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que el pago de una indemnización por mil 810 millones de pesos, impuesto por la juez octava de distrito B en materia administrativa, María Gabriela Rolón Montaño, implica una afectación al presupuesto, en perjuicio del interés general de los capitalinos.

El mandatario local consideró que fue precipitada la decisión del presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, de rechazar la creación de un órgano investigador. "Lo que estamos pidiendo es que una comisión de la Suprema Corte de Justicia investigue, como lo establece el artículo 97 de la Constitución, porque sostenemos que hay violaciones o se pretenden violar garantías individuales y derechos sociales: yo represento legítimamente a los habitantes del Distrito Federal, y sería irresponsable que dispusiera de mil 810 millones de pesos, porque simplemente soy administrador de los dineros del pueblo".

Dijo confiar en que el recurso de reclamación que presentará el martes servirá para que la Corte reconsidere su criterio y "se convierta en un faro de la legalidad, la honestidad y la justicia".

En tanto, el procurador Bernardo Bátiz consideró que la actitud de López Obrador no es un capricho ni un desacato a las autoridades judiciales, ya que sólo está interponiendo los recursos que la misma ley otorga ante un hecho fraudulento.

Aseguró que la averiguación previa que inició la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por las irregularidades en el juicio representa "un acto de defensa del patrimonio de todos los habitantes de esta ciudad, pues resulta absurdo que se paguen más de mil 800 millones de pesos por un predio que no existe".

El funcionario explicó que al rechazar la SCJN la petición, por no tener el jefe de Gobierno legitimación, se refería exclusivamente a un aspecto de carácter procesal. "Con todo respeto al criterio del presidente de la Corte, al que considero una persona intachable, creo que en este punto es discutible su razón", por lo que -agregó- se interpondrá el recurso de reclamación para que sea el pleno de la SCJN el que decida si el jefe de Gobierno es equiparable a un gobernador y si tiene o no legitimidad para inconformarse.

Sostuvo que por el momento la instancia procesal no puede obligar al gobierno local a pagar la indemnización, ya que todavía hay varias posibilidades de defensa dentro de la ley, lo que, insistió, no es desacato, porque "hay cuestiones pendientes por resolver"

En tanto, el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, afirmó que en la decisión del presidente de la SCJN no hay un conflicto político, pues no se está cuestionando la legitimidad de López Obrador como gobernante, sino su carácter jurídico para recurrir ante la Corte y pedir la integración de una comisión investigadora.

Enfatizó que en el gobierno capitalino "vamos a ir todos juntos en este caso específico a defender no solamente la investidura del jefe de Gobierno, sino que vamos a defender el interés general de la ciudad; no vamos a aceptar que se dañe el patrimonio de la ciudad a partir de procesos fraudulentos".