A pesar de ese logro, la ciudadanía de las mujeres aún no es plena, señala diputada

Voto femenino, derecho conquistado hace medio siglo, luego de larga lucha

Necesario, crear condiciones para el desarrollo social y económico de las mexicanas

El 17 de octubre de 1953 las mexicanas obtuvieron su ciudadanía plena, y con ello el derecho a votar y ser votadas, tras una larga lucha iniciada en los albores del siglo XX, impulsada por movimientos feministas que no sólo reivindicaban la igualdad política de la mujer, sino también exigían para ésta educación, trabajo, salud y equidad social.

Hacia 1950 el país tenía más de 13 millones de mujeres, de las cuales menos de 10 por ciento eran económicamente activas. Según cifras oficiales de principios de los años 50, de los más de 25 millones de mexicanos que habitaban el país, más de 10 millones eran analfabetos; de éstos, 5 millones 850 mil eran mujeres.

En ese contexto de desigualdad económica, educativa y social, las mexicanas acudieron por primera vez a las urnas en julio de 1955 para elegir diputados federales a la 43 Legislatura.

Sin embargo, los antecedentes en la reivindicación del derecho al voto se remontan a principios del siglo pasado, cuando pequeños grupos de mujeres organizadas se dieron a la tarea de formar sociedades de defensa del sufragio femenino.

Yucatán, estado pionero en el reconocimiento de los derechos políticos femeninos, donde se realizó el primer Congreso Internacional de Mujeres, auspiciado por el gobierno de Salvador Alvarado, acordó impulsar las primeras reformas legislativas necesarias para alcanzar mayores derechos y libertades; así, en 1916 otorgó a las mujeres la mayoría de edad a los 21 años, que antes se alcanzaba a los 30.

Ese mismo año, Hermila Galindo, secretaria particular de Venustiano Carranza, presentó ante el Congreso Constituyente la primera propuesta para que las mujeres pudieran votar en las elecciones para diputados.

Asimismo, fundó el diario La mujer moderna, desde el cual apoyó la política carrancista, en abierta confrontación con el poder eclesiástico, al reivindicar las ideas feministas y la educación sexual en las escuelas públicas.

En 1919, durante un congreso magisterial, Galindo se pronunció de nuevo en favor de la igualdad política y a pesar de saber que no sería reconocida, lanzó su candidatura a diputada federal.

No obstante que no logró el escaño, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, Hermila Galindo fue nombrada "primera mujer congresista".

A principios de los años 20 en Yucatán, el Partido Socialista del Sureste, de Felipe Carrillo Puerto, lanzó las candidaturas de Elvira Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Dzib para diputadas locales, después de que el gobernador del estado, Carrillo Puerto, enviara una iniciativa al Congreso local para otorgar el voto a la mujer.

No obstante, fue en 1922 cuando la profesora Rosa Torres se convirtió en la primera mexicana en llegar a un cargo público, al protestar como regidora del ayuntamiento de Mérida, y en 1938 Aurora Meza Andraca fue la primera presidenta municipal del país, por el municipio de Chilpancingo, Guerrero.

En este proceso de reconocimiento de los derechos políticos de la mujer, en 1923 se aprobó en San Luis Potosí una ley que permitió a las alfabetizadas participar en los procesos electorales estatales.

Chiapas se convirtió, en 1925, en otro estado pionero en el reconocimiento de la igualdad jurídica, al decretar la mayoría de edad a los 18 años y aprobar el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en cualquier puesto público de elección popular.

Reformas paulatinas

Los movimientos en favor de los derechos políticos de las mujeres lograron, a principios de 1932, la igualdad entre los géneros en la sociedad conyugal, lo que provocó reformas en el Código Civil del Distrito Federal y Territorios Federales, al reconocer que la mujer podía trabajar fuera del hogar e incidir en las decisiones sobre la educación de los hijos, así como en la administración y disposición de los bienes. En tanto, en 1936 se emitió en Puebla un decreto en la Ley Electoral estatal que concedió el voto femenino.

El avance de los derechos políticos de la mujer fue paulatino. Comenzó en los estados donde hubo mayor activismo de dirigentes magisteriales y autoridades con políticas de izquierda, como los gobiernos socialistas de Yucatán, Chiapas y Tabasco.

En 1952, en una asamblea femenil organizada en la capital del país, a la que asistieron más de 20 mil mujeres, el entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines se comprometió a otorgar la ciudadanía plena y sin restricciones a las mexicanas. Para cumplir esa oferta, en diciembre de ese mismo año envió al Congreso de la Unión la iniciativa para reformar los artículos 34 y 115 de la Constitución.

El 24 de septiembre de 1953 el Senado de la República aprobó con 42 votos a favor y uno en contra las modificaciones planteadas, sin que el dictamen generara debate alguno, pues sólo el senador Aquiles Elorduy, del partido gobernante, expresó su negativa a la propuesta.

El órgano legislativo instó a las beneficiadas "a corresponder con un alto sentido de responsabilidad a la fe y confianza que en ella ha puesto el pueblo de México, y que su participación en la vida pública del país se distinguirá por la mesura, la prudencia, la eficacia, el constante afán de superación y la nobleza de propósitos encaminados a afianzar las conquistas de la Revolución Mexicana para el bien del pueblo y orgullo de la patria".

El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 34 de la Carta Magna, en el que se estableció:

"Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido los 18 años siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir." También fueron publicadas las adecuaciones al 115 constitucional, fracción primera, relativo a la participación de las mujeres en las elecciones municipales.

Así, México ingresó en el grupo de países que otorgaron plenos derechos a sus ciudadanas, como Finlandia, pionero en el reconocimiento de la igualdad política de la mujer, que hizo en 1906. En 1915 la siguieron Dinamarca e Islandia.

Desigualdad persistente

Marcela Lagarde, antropóloga, especialista en identidades genéricas y feminismo y diputada perredista en la 59 Legislatura, indicó que, a cinco décadas de esa conquista, "aún seguimos negociando el grado de exclusión de las mujeres, porque si bien tenemos el reconocimiento constitucional de un derecho político, no todas cuentan con las condiciones y la cultura política para votar".

Al respecto, en las décadas posteriores a la conquista del voto femenino, las condiciones de vida de millones de mexicanas, afirman diversos especialistas, siguieron siendo prácticamente las mismas. Hacia 1960, de 34 millones 923 mil mexicanos, 17 millones 507 mil eran mujeres. Sin embargo, sólo 2 millones eran económicamente activas.

En materia educativa, el índice de analfabetismo aún era alarmante, pues casi 6 millones de mujeres no sabían leer ni escribir. Una década más tarde, en 1970, cuando la población rebasaba los 48 millones de personas, la situación era prácticamente la misma, ya que 5 millones 940 mil mexicanas eran analfabetas.

La participación laboral indicaba que de las 12 millones 955 mil personas económicamente activas, sólo 2 millones 466 mil eran mujeres, mientras su participación en los más 319 mil puestos directivos del sector público y privado se reducía a 52 mil ejecutivas. En contraste, 7 millones 299 mil mujeres eran amas de casa.

Lagarde, autora del libro Los cautiverios de la mujer: madresposas, monjas, putas, presas y locas, uno de los estudios más completos sobre la condición femenina, destacó que si bien ha habido avances en la participación política de las mujeres, "no se ha logrado la igualdad, porque un derecho no sólo se conforma unilateralmente en la ley. Hay que construir a los sujetos sociales que experimenten ese derecho, y en la actualidad cientos de miles de mujeres no están en condiciones de votar".

El reto que enfrentamos, agregó, es hacer evidente que la ciudadanía de las mujeres no es plena, porque no basta con tener un derecho político.

Es necesario, agregó, construir una ciudadanía que no sólo abarque una condición política democrática, sino también desarrollo social y económico, pues la falta de una cultura política y cívica "ha excluido y marginado a las mujeres de la ciudadanía".

LAURA POY SOLANO /I