Lorenzo Córdova Vianello*

Las razones del dictamen

En su artículo El cajón de los insultos, publicado ayer en La Jornada, el consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Eduardo Huchim, nuevamente cae en una serie de imprecisiones y equivocaciones al referirse al dictamen y a la resolución que el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó el pasado 10 de octubre en relación con el caso Amigos de Fox. Creo que resulta pertinente hacer algunas reflexiones en torno a esas imprecisiones que, sin duda, son derivadas del desconocimiento del dictamen:

1. El IFE siempre ha desplegado a fondo todas las atribuciones que la ley prevé en su favor en materia de fiscalización: nunca se ha pecado de omisión, pero tampoco de exceso. El estricto apego a la legalidad, vale decirlo, ha sido la mayor fortaleza del instituto. La resolución del Consejo General del viernes pasado, en la que se confirmó que tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) incurrieron en violaciones a las normas de financiamiento, dentro del caso conocido como Amigos de Fox, y se impusieron las sanciones correspondientes, es precisamente prueba de ello.

En este caso, durante casi un año, el IFE tuvo que enfrentar primero la negativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para entregar la información que era necesaria para las pesquisas del IFE. Esas autoridades alegaban que los secretos bancario, fiduciario y fiscal impedían al IFE conocer dicha información. El instituto sostuvo en tres diversas ocasiones su derecho y reiteró sus solicitudes; las negativas persistieron.

Por ello, el Consejo General tomó la decisión de cerrar el caso, en un primer momento, el 9 agosto de 2001. Se trató de una determinación necesaria para que pudiera ser conocido por el Tribunal Electoral, que era, hay que decirlo, la única autoridad facultada para interpretar el conflicto de normas que impedía al IFE acceder a las cuentas bancarias. Así lo dijo el presidente del IFE en esa sesión: "...todo el mundo ha reconocido aquí que hay un auténtico conflicto de normas. Y en efecto, no hay mal que por bien no venga. Espero que en el momento en que alguno de los partidos políticos interponga un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el tribunal nos dote con una resolución, de los instrumentos para que a futuro el IFE pueda tener toda la información que requiere de la Secretaria de Hacienda". Afortunadamente así ocurrió y el IFE pudo acceder a la información que a la larga culminaría en una sanción al PAN y al PVEM de 545 millones de pesos.

Más adelante, el IFE se vio obligado a litigar ante tribunales federales, entre julio de 2002 y abril de 2003, contra los amparos interpuestos por los Amigos de Fox que pretendían blindar sus cuentas bancarias al escrutinio de la autoridad electoral. El IFE ganó todos los juicios y recibió el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que la información pudo fluir definitivamente.

2. La entera investigación del IFE está encaminada a descubrir la red de financiamiento paralelo a la contabilidad del PAN, del PVEM y de la Alianza por el Cambio, que realizó gastos electorales en favor del candidato presidencial de esa coalición. La existencia de un financiamiento paralelo es precisamente lo que se sanciona. Se equivoca quien considera que la existencia de ese financiamiento es meramente un agravante. Para decirlo con claridad: lo que el IFE determinó es que hubo recursos por más de 91 millones de pesos -provenientes tanto de fuentes lícitas como de fuentes ilícitas-, que fueron erogados para apoyar la candidatura presidencial de Vicente Fox paralelamente a los gastos electorales de Alianza por el Cambio. Es decir, la existencia de ese financiamiento paralelo es lo que provocó diversas sanciones que se fueron acumulando.

A saber: a) que una mínima parte de ese financiamiento, que sumó 91 millones, provenía del extranjero; b) que otra pequeña parte provenía de los poderes públicos (Senado); c) que una parte sustancial la aportaron empresas de carácter mercantil; d) que otra parte vino de fuentes no identificadas; e) que lo erogado implicó la superación del tope de gastos de campaña, y f) que todo ese financiamiento no se reportó al IFE. Insisto: precisamente lo que se sanciona por un total de 545 millones de pesos es el financiamiento paralelo, pero falta por falta.

3. Todas las sanciones que impone el IFE responden a un sistema de precedentes; es decir, una conducta ilícita es sancionada con base en criterios ciertos previamente establecidos. No podría ser de otra manera porque la certeza es uno de los principios a los que constitucionalmente está obligado el IFE. Hay que decir, no obstante, que en el caso Amigos de Fox se determinó la comisión, entre otros, de dos ilícitos nunca antes detectados ni sancionados: a) financiamiento de personas que viven y trabajan en el extranjero (por 11 mil dólares); y b) aportaciones de personas no identificadas (por más de 26 millones de pesos). Esas dos irregularidades, consideradas graves, fueron sancionadas con el criterio más severo de los que ha aplicado el IFE: 350 por ciento del monto involucrado. Las penas no pueden ni deben ser determinadas arbitrariamente, ni pueden ser diferentes en un caso o en otro. Los criterios para sancionar deben ser ciertos y no pueden ser establecidos al antojo de la autoridad electoral, pues su credibilidad va de por medio. ¡Si no reportar financiamiento en el caso Pemexgate significó una multa de 200 por ciento para el Partido Revolucionario Institucional, no reportar financiamiento en el caso Amigos de Fox no puede no ser el mismo 200 por ciento! Se dice que en un caso ganó la Presidencia y en el otro no, pero la autoridad no puede ni debe (¡ay del día en que ello ocurra!) sancionar resultados, sino conductas.

Para terminar, una última reflexión, me da mucho gusto coincidir con el consejero Huchim en una cosa: efectivamente, el IFE es una institución que ha contribuido enormemente al avance democrático del país y, por ello, "debe ser respaldado de forma decidida por todos los actores políticos y la sociedad entera".