Luis Hernández Navarro

Maíz contaminado

De la misma manera en que los habitantes de la ciudad de México respiramos -lo deseemos o no- aire con altos niveles de ozono y residuos fecales, muchos mexicanos estamos comiendo -queramos o no- alimentos elaborados con maíz genéticamente modificado. Una investigación efectuada por varias comunidades indígenas y campesinas y centros de promoción al desarrollo, dada a conocer el pasado 9 de octubre, muestra que la contaminación transgénica de nuestro grano básico es mucho más grave de lo estimado.

No resulta extraño si vemos, tal como denunció Greenpeace, que tan sólo en las últimas tres semanas entraron al país, infringiendo el Acuerdo de Cartagena, 130 mil toneladas de semillas genéticamente modificadas provenientes de Estados Unidos. Y menos aún si se tiene en cuenta que Alfonso Romo, uno de los principales financiadores de la campaña de Vicente Fox, es dueño de la principal empresa productora de semillas genéticamente modificadas en México, y que varias de las compañías que elaboran el maíz transgénico o lo comercializan (Monsanto y Cargill) tienen excelentes relaciones con su gobierno y son beneficiarias de subsidios gubernamentales destinados a la agricultura.

Los análisis del estudio fueron realizados sobre más de 2 mil plantas, provenientes de 138 comunidades campesinas e indígenas. En 33 comunidades (24 por ciento del total muestreado) de nueve estados (Chihuahua, Morelos, Durango, estado de México, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz) hubo presencia de genes modificados en el maíz nativo.

En ellos se encontró contaminación coincidente con la proteína Bt-Cry9c, que identifica el maíz Starlink, de la empresa Aventis (de Bayer), prohibido para consumo humano en Estados Unidos. También se hallaron cepas de bacillus thuringiensis (Bt) -utilizada para la semilla transgénica Bt, entre otras por las empresas Monsanto y Novartis (de Syngenta)- y presencia de la proteína CP4-EPSPS de Monsanto, que indica plantas con resistencia a herbicidas. Las plantas en varias comunidades contenían dos, tres y hasta cuatro transgénicos diferentes en forma concomitante. Ello muestra que la contaminación tiene muchos años y que, si incorporó todo estos sucesos diferentes en su genoma, es porque se ha estado cruzando por muchas generaciones.

El problema tiene dimensiones alarmantes. En todas las comunidades que participaron en estos diagnósticos se practica agricultura campesina, usando mano de obra familiar y pocos o nulos insumos químicos. El grano se destina principalmente al autoconsumo y se siembra en parcelas de entre una y dos hectáreas, a partir de semilla nativa propia.

A pesar de que desde hace más de dos años el gobierno sabe de la contaminación, no ha hecho nada eficaz ni para saber la magnitud del problema ni para detener las fuentes de contaminación. Los únicos estudios que se han dado a conocer al público -antes de la divulgación de éste- son los encargados por el INE-Conabio (Instituto de Ecología-Comisión Nacional para la Biodiversidad) en septiembre de 2001 y en diciembre de 2002. Siguen sin darse a conocer públicamente los resultados de las investigaciones realizadas por la Sagarpa y el INIFAP. Según Víctor Villalobos, representante de la Secretaría de Agricultura y asesor de empresas biotecnológicas, la contaminación es buena porque aumenta la diversidad.

Los intereses en favor de las semillas transgénicas en México son poderosos. Apenas en abril de 2003 el Senado aprobó sin discusión y con apoyo de todos los partidos una ley de "bioseguridad" (actualmente en discusión en la Cámara de Diputados), impulsada por las multinacionales de la biotecnología y por sus científicos financiados o amigos. Dicha ley es un manual de legalización e impunidad de la contaminación, y la puerta de entrada para lograr que se levante la moratoria a la siembra de maíz transgénico adoptada en México desde 1999. En el Senado fue promovida especialmente por Rodomiro Amaya, del PRD, quien es un productor agrícola con intereses personales en los transgénicos, con el apoyo entusiasta del PVEM en su papel de coordinador de la Comisión de Medio Ambiente. Esta ley es una vergüenza y una ofensa para el país.

El 7 de septiembre de 2003, en Cancún, el nuevo secretario de medio ambiente, Alberto Cárdenas, afirmó en una de sus primeras apariciones en público que se sabe que los transgénicos no son problema para el ambiente y la salud, que su uso no provoca "ninguna afectación negativa para la identidad de los maíces criollos" y que su secretaría impulsará la biotecnología. Hasta hoy no ha podido explicar en qué argumentos y evidencias basa tales afirmaciones, pero muestra claramente sus intereses y a quiénes quiere favorecer.

La contaminación del maíz no es sólo un problema más o asunto menor, sino, como ha dicho Alvaro Salgado, "es una agresión en lo más profundo de lo que da identidad a México y sus habitantes originarios".

Como centro de origen del maíz, nuestro país no necesita ni debe asumir los riesgos sociales, económicos y ambientales que implica la producción de transgénicos. Su cultivo y comercialización debe prohibirse antes de que sea demasiado tarde para todos.