Absurdo inadmisible cuestionar la legitimidad del Ejecutivo, afirma constitucionalista

La Corte, facultada para investigar: TSJDF

La PGJDF actuará con independencia en indagatoria sobre presunto fraude en juicio

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Juan Luis González Alcántara Carrancá, consideró que "por el bien de la ciudadanía" la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debería realizar la investigación solicitada por el jefe de Gobierno sobre el juicio del Paraje San Juan, para determinar si hubo irregularidades.

A esta postura se sumó el doctor en derecho constitucional, Clemente Valdez, para quien la decisión del máximo tribunal del país, de considerar que el jefe de Gobierno no tiene legitimidad para solicitar su intervención, es "de un absurdo inconcebible". El razonamiento de desechar por "notoriamente improcedente" esa petición, dijo, va en contra de toda lógica.

Por su parte, la consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal (GDF), María Estela Ríos, comentó que a la par de esa acción de apelación, la administración capitalina analiza otras posibilidades para dar cabal salida a ese juicio, "todas dentro de las instancias judiciales", precisó, ya que el objetivo es quitarle en definitiva a los ciudadanos la pesada carga que representaría el pago de la indemnización de mil 810 millones de pesos, derivado de un proceso "fraudulento".

Entrevistado en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el presidente del TSJDF, Juan Luis González Alcántara, señaló que "la respuesta inicial de la presidencia de la Corte, en el sentido de que (López Obrador) no es persona legitimada porque no es gobernador, debería haber sido interpretado por la propia Corte en el sentido de que la reforma constitucional a ese párrafo es anterior a la creación del DF como órgano diverso".

Mencionó que antes al Ejecutivo local se le denominaba regente, y estaba al frente de una dependencia del Ejecutivo federal, pero "ahora ya es electo mediante un proceso de votación", por eso, expresó, la Corte tiene facultades para iniciar la investigación.

Precisó que si bien la Corte ha dicho que el jefe de Gobierno no está en la hipótesis que establece el artículo 97 constitucional (en cuanto a quiénes están facultados para pedir una investigación), el ministro Mariano Azuela ha dicho que tiene las facultades para iniciar la investigación cuando lo considere conveniente.

Para el doctor en derecho constitucional Clemente Valdez, la decisión de la SCJN de considerar que el jefe de Gobierno no tiene legitimación para solicitar su intervención es "de un absurdo inconcebible", y agregó que el razonamiento de desechar por "notoriamente improcedente" esa petición va en contra de toda lógica.

Además, el recurso planteado se ubicó por la burocracia del máximo tribunal entre los asuntos "varios", en lugar de ubicarlo entre las peticiones formales de quienes le piden a la Corte que ejerza su facultad de atracción para conocer de asuntos conforme al referido artículo 97.

Para la Corte, el jefe de Gobierno no tiene el carácter de gobernador y por tanto su recurso fue improcedente. Al respecto, Valdez señaló irónico en entrevista: "eso no se llama rigor jurídico, esto es algo tan elemental, tan evidente, que no se necesitan más explicaciones para dar trámite a la solicitud de López Obrador".

Por lo pronto, la procuraduría capitalina lleva a cabo la investigación por presunto fraude en el caso del predio Paraje San Juan, y fue el procurador Bernardo Bátiz quien mencionó que hay datos que muestran que sí hubo manipulación en el caso, pero todavía se verificará si no ha prescrito el delito y si con esto se pudo haber cometido un fraude; serán la agencia del Ministerio Público y la fiscalía que lleva el caso las que tomen la decisión, abundó.

El delegado en Iztacalco, Armando Quintero, expresó su respaldo al jefe de Gobierno sobre la creación de la citada comisión judicial especial. Resulta incomprensible, refirió el jefe delegacional, que se pretenda afectar los intereses y calidad de vida de millones de personas que viven o trabajan en la ciudad para "favorecer a una familia que entabló una demanda con elementos fraudulentos que no han sido investigados adecuadamente". RAUL LLANOS, BERTHA TERESA RAMIREZ, JESUS ARANDA Y MIRNA SERVIN