Nora Patricia Jara

Injusticia electoral

Los tribunales y las autoridades electorales del Distrito Federal y de la Federación decidieron sancionar, en el caso de la reciente elección de delegado en Miguel Hidalgo, a los partidos políticos y al sistema que privilegia el uso indiscriminado de recursos públicos, y exonerar a sus candidatos. Si bien en el fallo se aclara que lo que se buscó fue resarcir el abuso, respetando la voluntad ciudadana, el mensaje que se mandó a los votantes es que se puede prescindir de valores para ganar una elección, siempre y cuando se cuente con el financiamiento suficiente, no importa de dónde provenga o si se exceden los gastos para hacer proselitismo.

Para la mayoría de los jueces, que serán también los que tendrán en sus manos expedientes como el de los Amigos de Fox, los candidatos de los dos partidos políticos con mayores preferencias electorales en la demarcación (PAN y PRD) contendieron en igualdad de circunstancias, ya que los actos ilícitos cometidos no hicieron una diferencia sustancial en las preferencias de los electores. El exceso de recursos en las campañas ha puesto en jaque a las instituciones electorales y a los tribunales de justicia del país. Vuelven a ser los jueces federales los que tienen que resolver una disputa entre organizaciones políticas presas de su propia vorágine para obtener de cualquier manera el triunfo.

Gastar los dineros públicos en publicidad y marketing, en lugar de crear programas que profesionalicen las acciones públicas de los institutos políticos que acceden al poder, tal como lo exigen los ciudadanos, es lo mismo que acarrear y coaccionar el voto. Para ello se utilizan los fondos públicos que son desviados de sus función principal: dar la posibilidad de equidad a cada organización política reconocida que participa en una contienda electoral. Este fue uno de los avances más importantes para vivir hoy en un régimen democrático y para que el PRI perdiera el poder luego de 70 años.

Al dar acceso las instituciones ciudadanizadas, como el IFE o el IEDF, se abrieron los espacios de los medios de comunicación comerciales a todos los partidos, lamentablemente no por un principio de igualdad o moderación, sino porque ahora poseen los recursos suficientes para comprar propaganda mediante financiamientos millonarios que todos pagamos con nuestros impuestos y que, como lo demuestran los diferendos más conocidos, como el Pemexgate, nunca son suficientes. En la nueva realidad democrática las dirigencias de los institutos políticos privilegian el hecho de que ya no haya un solo partido con la disponibilidad de todos los recursos y la fuerza del aparato de gobierno para avasallar a sus oponentes; sin embargo, a la vez optan por un modelo que sistematiza la corrupción en la búsqueda por comprometer a los capitales que pueden impulsar a sus candidatos a una supuesta victoria, mediante compromisos desconocidos para los ciudadanos.

La partidocracia es el sistema que han adoptado y que alimenta a una clase política que vive en la opulencia, no importa si se es dirigente de izquierda o de derecha. En nuestro modelo electoral se trasladan del erario millones de pesos a las elites partidistas. Y es esta la clase política que se preguntó el 6 de julio pasado: Ƒpor qué los votantes no acudieron a las urnas? La respuesta tal vez la encuentren en el análisis de sus propias acciones, que injustificadamente tratan de hacer creer que todo se vale si se gana la elección, desde usar los recursos públicos para perpetuarse en el poder, como lo hizo el PRI por décadas, persiguiendo y hostigando a sus adversarios y simpatizantes, o hacerse llegar dinero del extranjero ante la imposibilidad de obtener el apoyo económico dentro del país, como hizo el PAN para hacerse de la Presidencia en el proceso electoral de 2000.

Para ello es necesario romper las reglas, las mismas que la sociedad y los partidos reconocen para asegurar la transparencia y garantizar la convivencia civilizada, a costa, claro, de los bolsillos de todos y del desgaste de una nación que regatea centavo a centavo la ayuda a los programas sociales, en especial para los grupos vulnerables, cuyos presupuestos en materia de salud y educación, o en programas para impulsar el empleo, son recortados. Para ello no existen recursos porque se destinan para mantener una cúpula política soberbia, mentirosa y ajena al verdadero interés de los ciudadanos.