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México D.F. Martes 28 de octubre de 2003

Hoy deberá resolver si fue legal la remoción del ex auditor Guerrero Pozas

Temor en la Corte de que se le acuse de hacer trabajo sucio para el Ejecutivo

JESUS ARANDA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá hoy el amparo interpuesto por el ex auditor superior de la Federación, Gregorio Guerrero Pozas, en contra de la decisión de la Cámara de Diputados de no ratificarlo en su puesto en diciembre de 2000. De ser aprobado el proyecto de dictamen, el máximo tribunal concedería la razón al ex funcionario, pero ordenaría la reposición del procedimiento, mas no su restitución en el cargo.

Esta decisión implicaría no sólo ratificar la remoción de Guerrero Pozas, sino también la del actual auditor, Arturo González de Aragón, para que la Cámara estuviera en condiciones de nombrar a un nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Aunque en los plenos privados del pasado jueves y de ayer hubo ministros "de la minoría" que plantearon que el amparo debía ser "completo", es decir, que se incluyera su restitución en el cargo.

La noche de ayer Guerrero Pozas señaló mediante un escrito -previendo que el fallo de la Corte sería en su contra- que la decisión del máximo tribunal tendrá "una enorme trascendencia", porque no sólo es un asunto de un particular, "sino que se definirá el alcance de la autonomía que constitucionalmente se otorgó a la ASF para constituirse en un verdadero órgano de revisión y control de la actuación de todos los funcionarios públicos federales, y del adecuado ejercicio del gasto público federal, incluyendo el que ejercen los poderes Legislativo y Judicial".

"Sentaría un precedente negativo"

Pozas cuestionó que los ministros concluyan que cuando estuvo al frente de la ASF actuó "sólo" como trabajador de confianza, razón por la que la remoción de su cargo no requería un procedimiento de ratificación.

Añadió que una decisión de la SCJN que le sea desfavorable "sentaría un precedente negativo" y crearía un "régimen de excepción", porque la Corte reconocería que la Cámara de Diputados tiene "facultades ilimitadas" sobre el actuar de la ASF, convirtiéndola en un "apéndice" de la Comisión de Vigilancia del cuerpo legislativo.

Cabe señalar que entre los ministros hay preocupación por la "politización" que ha tenido este asunto, sobre todo porque un fallo en contra del ex auditor podría ser interpretado en algunos sectores como una concesión en favor del Ejecutivo federal, toda vez que de forma indirecta tendría que dejar su cargo el actual auditor González de Aragón, cuya decisión de ordenar a la Secretaría de Hacienda que descontara a los bancos los montos de los créditos que ilegalmente pasaron a ser deuda pública, llevó al presidente Vicente Fox a interponer sendas controversias en contra de la decisión de la ASF.

Es decir, la inquietud de los ministros radica en que se interprete que la Corte hizo el "trabajo sucio" de remover a los auditores considerados "incómodos" por el gobierno federal.

El caso tiene su origen en diciembre de 2001, cuando los legisladores resolvieron no ratificar en su cargo a Guerrero Pozas. Este inició un litigio que terminó en un recurso de amparo en el que afirma que se violaron sus garantías constitucionales al no haber tenido derecho de audiencia ni un procedimiento justo que garantizara la legalidad de su remoción.

Así las cosas, Guerrero Pozas planteó ante la Corte la inconstitucionalidad del artículo tercero transitorio de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que establece que el auditor "podrá ser ratificado para continuar en dicho encargo hasta completar el período de ocho años a que se refiere el artículo 79 constitucional o llevarse a cabo, por primera vez, el nombramiento del auditor superior de la Federación a más tardar en diciembre de 2001".

También impugnó su no ratificación en el cargo y el decreto del 29 de noviembre de 2001, en el que se emitió la convocatoria para el proceso de selección y nombramiento del auditor superior de la Federación. De proceder su demanda quedaría sin efecto el nombramiento de González de Aragón.

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