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México D.F. Martes 28 de octubre de 2003

Reclama apoyo especial

Colombia rompe con el discurso de no militarización

JOSE GALAN, GEORGINA SALDIERNA Y ROSA ELVIRA VARGAS

Colombia podría significarse como el elemento que dé al traste con los términos del discurso de no militarización en las tareas de seguridad hemisférica. Anoche trascendió que la representación de ese país insistirá en agregar a la declaración de la Conferencia Especial sobre Seguridad de las Américas un párrafo adicional en el que exigiría todo el apoyo militar, diplomático y de inteligencia de los integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), para erradicar las que llama "amenazas" a su soberanía.

A pesar del tono con que se condujo la primera sesión plenaria de la conferencia, en las instalaciones de la cancillería mexicana, en privado los operadores políticos de Colombia insistían en la necesidad de que su caso obtuviera un tratamiento especial, ya que consideran que la violencia en que viven ya no sólo es su problema, sino que se extiende también a Venezuela, Perú, Argentina, Chile, y de allí a todo el hemisferio.

Para los colombianos la OEA debe considerar a su país como un caso emblemático de las amenazas a la seguridad, por lo que tiene que incrementar su colaboración y ayuda. Trascendió que el argumento para solicitar ese apoyo es que su país es actualmente el único que enfrenta movimientos armados que son financiados con redes que se extienden al narcotráfico y al tráfico de armas a escala internacional.

En la primera sesión plenaria, al mismo tiempo, se ventilaron otros problemas particulares sobre la seguridad. Por ejemplo, el canciller argentino Rafael Antonio Bielsa insistió en el reclamo de su país sobre la soberanía de las islas Malvinas, y que continuarán explorando "todas las vías posibles para la solución pacífica de la controversia".

El canciller de Bolivia, Juan Ignacio Siles, afirmó que su país requiere operadores políticos que no sólo ayuden a los bolivianos a instalar una asamblea constituyente, sino también a decidir el destino de los recursos naturales de su nación junto con el "gobierno de transición, los sindicatos, las empresas privadas, los académicos y las organizaciones no gubernamentales", luego de una revuelta de dos meses que dejó un saldo de 76 muertos.

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