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México D.F. Miércoles 29 de octubre de 2003

Propone reformar el Poder Judicial para analizar casos como el del Paraje San Juan

López Obrador: no polemizaré con Azuela; el clima, enrarecido

Es lo que quisieran nuestros adversarios, "uno en particular", dice Todo lo están operando en contra de los intereses de la gente, afirma Estamos tranquilos, asegura

BERTHA TERESA RAMIREZ

Apenas llegó a la conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador fue interrogado sobre lo declarado el día anterior por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón. La respuesta fue rápida y directa: "eso sí calienta". Pero minutos después corrigió y aseveró que no va a entrar en confrontación con el ministro.

Aunque todo mundo considera que el mensaje de Azuela Güitrón estuvo dirigido al gobernante de la ciudad capital, en el cual criticó a quienes no cultivan su inteligencia por medio de la lectura porque pueden ser "manipulados" por gobernantes populistas, López Obrador atajó: "que cada quien interprete el discurso como considere".

Dijo que lo importante es que los ciudadanos tengan una definición de lo que es el gobierno que representa; "lo demás entra en el terreno de la política. Nosotros -dijo- estamos tranquilos, el caso del Paraje San Juan es un asunto de conciencia, no vamos a pagar ni un solo peso si no se integra la comisión y se investiga, porque estamos absolutamente seguros de que se trata de un fraude. Repito: no voy a convertirme en cómplice de la corrupción. Creo que está bastante claro, nos atendremos a las consecuencias y de ellos va a depender, me refiero a los encargados de impartir justicia".

Luego de enfatizar que no va a polemizar con el presidente de la Corte, que es lo que quisieran sus adversarios, "uno en particular", indicó que arremeter contra Azuela Güitrón sería enrarecer más el ambiente político, crear una cortina de humo y "caer en ese juego de dejarles el terreno libre en lo que están fraguando, que es la reforma eléctrica, la reforma fiscal, todo lo están operando en contra de los intereses de la gente".

Insistió en que antes de pagar la indemnización fraudulenta está decidido a renunciar al cargo, y advirtió que "no se trata de desplantes, de fantochería o de tratar de presionar. Es muy sencillo: si pagamos lo que consideramos fraude nos convertiríamos en cómplices de la corrupción y estaríamos traicionando nuestros principios, que es lo que estimo más importante en mi vida".

A la pregunta de si en el caso de que renunciara la gente se movilizaría en torno suyo, dijo que este escenario es muy poco probable, porque si se diera el caso lo tendrían que inhabilitar y procesar, y rechazó que al asumir esta actitud busque capitalizar políticamente.

Más adelante indicó que la diferencia de opiniones no tiene por qué generar crisis institucional; por el contrario, consideró que "esto es bueno para las instituciones porque permite revisarlas a nivel de los tres poderes".

En ese contexto, López Obrador preguntó a los reporteros si no se ha generado un ambiente de insatisfacción después de que se han cometido tantos fraudes, como el del Fobaproa, y no hay responsables, e incluso están en libertad.

Agregó que si el Poder Judicial no va a actuar como verdadero foro de legalidad, de impartición de justicia, de honestidad, no habrá viabilidad para el país; no obstante, aclaró que eso no significa que haya crisis o que se vaya a producir una crisis institucional.

Y arremetió: "yo sostengo que todavía se mantiene en pie el andamiaje que hacía posible el poder corporativo que dominó durante mucho tiempo".

Propuso una reforma para que estos casos (como el del Paraje San Juan) se puedan analizar, argumentar. Y reconoció: "hay algo de razón en que los jueces sólo vean que los papeles estén certificados, (ya que) no tendrían tiempo de ver si son auténticos o falsificaciones".

Indicó que hace falta la reforma porque no es suficiente que se reconozca que se les pasó la mano en el monto de la indemnización y que van hacer una rebaja o seguir la propuesta que hacían (el ex procurador general de la República Antonio) Lozano o (Juan Miguel) Alcántara (ex procurador de Guanajuato), "que en vez de 300 hectáreas se consideraran 200 y nos entregaran 100".

Señaló que al recurrir "a la cosa juzgada no le hace que se trate de un acto de corrupción o de fraude sería una aberración".

Por otra parte, señaló que no tiene información de que se hubiera creado un fideicomiso para pagar la indemnización del paraje; no obstante, todo lo relacionado con el caso se va a investigar a fondo para contar con todos los elementos y fortalecer el dicho del gobierno.


La salida es judicial, afirma Encinas

Busca Arcipreste llegar a un arreglo con el Gobierno del DF

BERTHA TERESA RAMIREZ

Enrique Arcipreste del Abrego, quien reclama la indemnización de mil 810 millones de pesos por la expropiación del predio conocido como Paraje San Juan, echó a andar esta semana la maquinaria y por medio de Cristina Padilla, asistente de Luis Colín, uno de sus abogados, anunció que el viernes próximo ofrecerá una conferencia de prensa en el Gran Hotel de la Ciudad de México a las ocho de la mañana.

La acción se suma a la del lunes pasado, cuando envió a Luis González Meza, otro de sus abogados, a tratar de negociar con las autoridades capitalinas la reducción del monto de la indemnización.

Al respecto, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, afirmó que la administración local no está en disposición de llevar a cabo una negociación de esa naturaleza, por lo que no establecerán ningún contacto con los Arcipreste y será por medio de las autoridades judiciales como se desahogue el litigio.

De acuerdo con la información que dejó en la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal el abogado, Arcipreste del Abrego propone a las autoridades capitalinas un acuerdo para reducir el monto de la indemnización, así como establecer un calendario de pagos, "lo cual nosotros no vamos a aceptar", apuntó el funcionario.

Aseguró que el gobierno capitalino está dispuesto a pagar el costo político que sea necesario, pues no se va a convertir en cómplice de una acción fraudulenta "y vamos a defender el interés general de la ciudad".


No se descarta que los Arcipreste tengan que ver en el asunto, asegura Bátiz

Averigua la PGJDF la existencia de otro predio llamado también Paraje San Juan

Lo anterior se desprende de la denuncia de un particular tras la ejecución de un desalojo

AGUSTIN SALGADO

El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz Vázquez, no descartó que la familia Arcipreste haya utilizado en diversas ocasiones los supuestos documentos que los acreditan como dueños del Paraje San Juan para apropiarse de varios predios en diferentes puntos de la ciudad.

Esto, luego de que el viernes pasado se realizó un desalojo "a varios kilómetros del terreno llamado Paraje San Juan", en Iztapalapa, y en el expediente correspondiente se identificó al terreno con el mismo nombre.

"Eso es lo que de momento salta a la vista. Llama la atención que estén tan distantes los lugares y que aparentemente no tengan que ver uno con otro, pero que los dos se llamen Paraje San Juan", aseguró.

Bátiz Vázquez explicó que la procuraduría capitalina se enteró de esta situación luego de que un particular presentara una denuncia en la Fiscalía de Servidores en contra del funcionario que encabezó el desalojo el pasado fin de semana.

"Llegó esta denuncia y tenemos que verificar por qué a este lugar también le denominan Paraje San Juan. Hay coincidencias, ya que los reclamantes también se basan en un documento antiguo para argumentar que son propietarios del terreno.

"Ya pedimos toda la información a la Oficialía Mayor para que nos acredite con qué expediente y con qué fundamentos se realizó (el desalojo). La información que yo tengo, hasta el momento verbal, es que hay un procedimiento correcto, pero vamos a verificarlo y por ahí vamos a investigar", abundó el abogado de la ciudad.

Respecto de la averiguación previa que se sigue en la PGJDF, Bernardo Bátiz dijo que el agente del Ministerio Público que realiza las investigaciones ya ha citado a declarar a diferentes personas y muy probablemente entre ellas se encuentren algunos miembros de la familia Arcipreste.

Por último, el funcionario se refirió al peritaje que solicitó el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, a un experto privado en grafología para determinar la autenticidad de su firma en un documento relacionado con el Paraje San Juan, fechado en marzo de 1993: "él tiene derecho a tener su propia prueba, pero nosotros vamos a mandar a hacer nuestro peritaje con base en los documentos originales, no con copias fotostáticas. En este momento no las tenemos, pero ya las solicitamos por escrito a la Corte".

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