Pocas circunstancias ilustran en forma tan clara la vasta corrupción que imperó en los dos sexenios pasados y la ausencia de una voluntad real del actual gobierno para erradicarla como la impunidad de que disfruta Oscar Espinosa Villarreal, funcionario financiero en el salinato, último regente de la ciudad de México y ex secretario de Turismo en tiempos de Ernesto Zedillo, acusado de peculado por 420 millones de pesos en el penúltimo de esos cargos, prófugo, encarcelado en Nicaragua con fines de extradición, traído al país para ser procesado y actualmente beneficiario de una libertad condicional que ofende el más elemental sentido del decoro jurídico.

Ayer, la Secretaría de la Función Pública (SFP) halló a Espinosa, además, responsable de un desvío de recursos por casi 10 millones de pesos, perpetrado cuando Zedillo dio refugio en su gabinete al ex regente desempleado. No es extraño que en la carrera de este personaje emblemático de la privatización indebida de recursos públicos se sigan descubriendo enjuages presupuestales. Lo incomprensible es que la sanción impuesta por la SFP ante el escamoteo referido sea una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos y una multa de 354 mil pesos, es decir, menos de 4 por ciento del dinero desviado: una multa ridícula, pues, que de ninguna manera resarce el perjuicio a las finanzas públicas, y una inhabilitación irrelevante para cualquier efecto práctico, porque la propia fama pública de Espinosa le impediría ocupar cualquier cargo de elección popular, y porque ningún gobernante con un mínimo de sentido político cometería el disparate de designarlo para ejercer un cargo oficial.

El que el ex regente siga libre a pesar de las imputaciones en su contra, y pese a haberse dado a la fuga cuando éstas fueron formuladas, es una vergüenza para las instituciones de procuración e impartición de justicia del país y una burla a quienes pensaron que con la mera alternancia en la Presidencia de la República sería posible establecer la plena vigencia de la legalidad, la transparencia y la justicia. Por lo demás, habla muy mal del Poder Judicial el hecho de que Espinosa pueda pasearse libremente por las calles gracias a amparos que parecen salir del sombrero de un mago en cada episodio procesal en que el ex funcionario está a punto de pisar la cárcel.

Casos como el de este exponente del estilo personal de administrar que fue común en los sexenios de Salinas y de Zedillo, así como los de los ex banqueros defraudadores también impunes, reactivan las sospechas de pactos de protección y de encubrimiento entre el actual grupo en el poder y sus antecesores priístas. Por último, con sanciones complacientes y risibles como la aplicada ayer a Espinosa Villarreal, la Secretaría de la Función Pública pone en entredicho su propia credibilidad.