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México D.F. Domingo 2 de noviembre de 2003

LA VIDA (BREVE) EN SAN LAZARO

José Agustín Ortiz Pinchetti

Paralajes de San Juan

AQUI, DESDE SAN Lázaro veo cómo se complica el asunto Paraje San Juan, en el que yo intervine cuando era secretario de Gobierno. Ha provocado una polémica contaminada por la feroz competencia política, oscura, confusa y contradictoria.

SEGUN RECUERDO, LAS cosas son bastante sencillas:

1) EL REPRESENTANTE DE la familia Arcipreste inició un litigio contra el Distrito Federal exigiendo indemnización por un predio de 289 hectáreas en Iztapalapa. El Gobierno del Distrito Federal opuso diversas excepciones y defensas y el asunto llegó hasta el punto de que por decreto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la juez procedió a determinar el precio a pagar. Las partes presentaron sus avalúos.

2) Y šAQUI VIENE lo decisivo! Estando el asunto en esta fase terminal, pero sin haberse concluido, el Gobierno del Distrito Federal descubrió, mediante una investigación profunda, que las bases de sustentación del litigio eran falsas. Acopió 22 pruebas, por las que se demostraba que el predio no existía, era una maquinación contra los intereses del Distrito Federal. Estas pruebas se presentaron ante la jueza que conocía del asunto, quien con la facultad que le otorga la ley ordenó que se ampliaran los avalúos. Fuera o no la intención de la jueza, mediante este medio podía confirmarse la existencia real del predio cuya indemnización se demandaba. La Procuraduría General de la República (PGR) se encargaría, como perito de la jueza, de constatar estos hechos. Si se demostraba que el predio no existía, todo el asunto caería como un castillo de naipes, porque no se puede evaluar lo que no existe.

3) INFORTUNADA, INEXPLICABLE E ilegítimamente el cuarto tribunal colegiado prohibió a la jueza recibir la prueba; siguiendo instrucciones de la sala, fijó el precio con base en el primer avalúo de la PGR en la cantidad de mil 810 millones de pesos, a pesar de que ella misma había manifestado que no tenía elementos de juicio suficientes.

4) EL GOBIERNO DEL Distrito Federal presentó en tiempo y forma una queja contra la resolución y el asunto está pendiente de resolverse en el tribunal colegiado. Bastaría que el tribunal ordenara la ampliación de la prueba de avalúo, o cualquier otra eficaz para comprobar la existencia o inexistencia del predio, para que el asunto pueda quedar resuelto en derecho y en justicia, que finalmente son dos caras de una misma realidad.

5) EL TITULAR DEL Gobierno del Distrito Federal ha declarado que no puede pagar una indemnización a sabiendas de que está basada en una maquinación fraudulenta y que está dispuesto a arrostrar las consecuencias que esta negativa conlleva. Simultáneamente ha pedido a la Corte que ejerza su facultad de investigación que le confiere el artículo 97 de la Constitución.

ESTOS SON LOS hechos. Vale la pena ahora examinar las afirmaciones expresadas en los medios.

1. EL JEFE DE Gobierno ha desacatado una resolución judicial. Incorrecto. La determinación del monto de la indemnización ha sido recurrida en los tribunales y está pendiente de resolución. El jefe del Gobierno del Distrito Federal se ha sometido a la autoridad de la SCJN al pedirle que investigue los hechos.

2. HAY COSA JUZGADA y, por lo tanto, no existe ya recurso contra la resolución. Incorrecto. Como afirmó el ministro Román Palacios, este caso no ha sido resuelto en definitiva. Pasará tiempo y muchos incidentes judiciales para que se considere verdad legal.

3. LA ACTITUD DEL jefe de Gobierno implica un rompimiento con el estado de derecho. Incorrecto. Denunciar la corrupción, pedir que se investigue dentro del cauce de la ley, promover los recursos y defender el interés patrimonial dentro de la ciudad de México son actos perfectamente consistentes con el estado de derecho. Pueden existir provocaciones, pero no han sido promovidas desde la jefatura de Gobierno.

4. LA CONDUCTA DE Andrés Manuel López Obrador es ejemplo clásico del autoritarismo. Su actitud es inmoral e invita a la barbarie. Incorrecto. El jefe de Gobierno tiene la obligación ética de luchar para defender los intereses de la ciudad y debe impedir que se dañe a ésta y a sus habitantes. Si no lo hiciera sería no sólo ética, sino política y jurídicamente responsable de violar la ley y podría ser denunciado por la Contraloría Mayor de Hacienda del Distrito Federal.

5. EL JEFE DE Gobierno no debe solucionar las controversias legales por la vía de la opinión pública. Correcto. Pero tiene derecho a exponer los motivos de sus acciones públicas y a denunciar las corruptelas que descubre. Es parte de su tarea de rendición de cuentas.

6. PARA LUCHAR CONTRA la corrupción del Poder Judicial hay procedimientos judiciales y apegarse a ellos es el único medio legítimo de actuar. Correcto. Es exactamente lo que intenta lograr el jefe de Gobierno pidiendo que el mismo poder judicial investigue los hechos y anunciando que se apegará a lo que se resuelva en la investigación.

7. UN JUICIO CONCLUIDO es inobjetable aunque esté basado en un fraude. Incorrecto. En principio no procede la nulidad de un juicio mediante la tramitación de un segundo juicio, por respeto a la cosa juzgada. Pero cuando se demuestra que el primer proceso fue fraudulento, entonces su procedencia es manifiesta, inclusive un tercero puede excepcionarse contra la sentencia firme. Este es un principio jurídico vigente en todo el mundo. En México tiene innumerables antecedentes jurisprudenciales.

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