Mientras negocian con Gobernación, las ataca la SCT

La CIRT va con todo contra las radios comunitarias

JENARO VILLAMIL

Una auténtica lucha de David contra Goliat ha emprendido la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), con el apoyo nada velado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para desaparecer las radios comunitarias en nuestro país, emisoras que tienen más de 38 años de existencia y que en la última década han proliferado en la mayoría de los estados como una opción de comunicación ciudadana en comunidades indígenas. Las autoridades las acusan de "subversivas", "guerrilleras", y de estar en la "irregularidad", mientras que los concesionarios las quieren ver clausuradas porque sienten que pueden ser una amenaza comercial, aun cuando 70 por ciento de sus ingresos depende de los apoyos de la propia comunidad.

De acuerdo con los datos proporcionados por Aleida Calleja, representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), en México existen 26 estaciones adscritas a esta agrupación mundial, de las cuales sólo una, Radio Teocelo, de Veracruz, cuenta con permiso para operar. Esta emisora es la más antigua y cuenta con 38 años de existencia. Existen también 20 estaciones de radio indígena que operan como estaciones comunitarias y estaban adscritas al extinto Instituto Nacional Indigenista.

Según Calleja, el ataque de la CIRT a estas estaciones se inició en 2002, cuando el asesor jurídico de la cámara, Javier Tejado Dondé, las acusó de ser "radios clandestinas" y "subversivas". Entre febrero y marzo de 2003 el Ejército visitó varias estaciones y, a pesar de que se iniciaron negociaciones en la Secretaría de Gobernación para revisar los expedientes y pugnar por la regularización de las mismas, la SCT mantiene una posición inamovible para cerrarlas.

"El verdadero problema es que los concesionarios no quieren nada que les haga sombra. No quieren que las radios comunitarias reciban patrocinios y mucho menos que comercialicen", subraya Calleja. Ante los intentos de cierre de estas estaciones, la Amarc ha advertido: "Cuidado, les hemos dicho a las autoridades, estas radios sí tienen una base social que las sustenta y cualquier intento de cierre puede provocar enfrentamientos".

Así sucedió en San Juan Nuevo, Oaxaca, donde 300 personas retuvieron a agentes de la SCT, y también en la comunidad mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, donde la estación fue agredida el 7 de agosto de 2002, por elementos de la policía preventiva y de la policía municipal. La agresión a esta radio se basó en la denuncia establecida por el general de brigada Javier del Real, subjefe operativo del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien acusó a esta estación y a otras tres emisoras, en un oficio del 31 de mayo de 2002.

La agresión más reciente fue el 11 de septiembre de 2003 contra la estación La Voladora, del municipio de Amecameca, estado de México. Esta emisora, que opera en el 102.1 de frecuencia modulada, suspendió sus transmisiones el pasado 30 de septiembre, después de recibir la "visita" de unos agentes de la SCT que pretendieron confiscar sus equipos, argumentando que la estación atacaba las vías generales de comunicación.

También en Michoacán han intentado cerrar las emisoras de San Juan Nuevo, Tecapaltepec y Tangaricuaro. En Chiapas, a la 99.1 la acusaron de "secuestro de bienes de la nación" y fue cerrada.

La misma comisionada para los pueblos indígenas, Xóchitl Gálvez, y el desaparecido Instituto Nacional Indigenista han apoyado a las radios comunitarias y han denunciado los ataques recientes. Al instituto pertenecían las radios indígenas de mayor potencia, como la de Peto, Yucatán, que transmite con 10 mil vatios. La gran mayoría de las otras estaciones transmiten con potencias menores de 20 o 30 vatios, y la que más tiene es de 300 vatios.

El ataque desde la CIRT y las contradicciones gubernamentales

Aleida Calleja subraya que la "línea dura" contra las radios comunitarias la encabeza el actual subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Alvarez Hoth, quien, paradójicamente, fue funcionario de la CIRT y ex director de Expansión Comercial de Televisa. El director general de Radio y Televisión dentro de la misma SCT, Jorge Rodríguez Castañeda, también ha reproducido los argumentos de la CIRT contra las radios comunitarias.

Calleja subraya que lo más grave es que existen severas contradicciones dentro del propio gobierno federal. Mientras la Amarc y otras radios comunitarias negociaron en la Secretaría de Gobernación con el subsecretario José Luis Durán Reveles, quien se comprometió a no cerrar ninguna estación mientras estuvieran en revisión, en la SCT, Alvarez Hoth y el propio titular de la dependencia, Pedro Cerisola, mantienen un discurso que pretende hacer "tabla rasa" contra todas las estaciones de radio comunitarias, acusándolas de estar en la ilegalidad y de recibir "financiamientos del exterior". Les molesta que las radios comunitarias reciban fondos de organismos internacionales como Unifem, Unesco y PNUMA.

Todavía en agosto de este año la Secretaría de Gobernación se comprometió ante una red de organismos civiles y defensores de los derechos humanos para que no existiera ninguna agresión ni cierre mientras revisaban "expediente por expediente" cada una de las radios comunitarias. El compromiso se realizó ante la Amarc, la Red Mexicana de Protección a Periodistas, Cencos y la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

"La CIRT nos cataloga como radios piratas, pero nunca nos han dicho qué nos pirateamos, cuál es la deslealtad, si también estamos ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión y prestamos un servicio a la comunidad", subraya Aleida Calleja.

La situación se ha agravado a raíz de la frustrada reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y el decretazo del 10 de octubre de 2002 que consolidó el modelo duopólico y frustró las propuestas de democratización que se negociaron durante más de un año en la Secretaría de Gobernación. Precisamente, en las mesas de Medios de Estado y en la de Derechos Ciudadanos se planteó la necesidad de que en la legislación se regulara la existencia de las radios comunitarias.

En el contexto del próximo "cambio digital", las radios comunitarias han demandado que existan políticas públicas para que haya acceso a la tecnología de cambio digital. Sin embargo, todo parece apuntado a favorecer a los concesionarios de radio y televisón más poderosos.

El auge de las radios comunitarias

Las radios comunitarias existen desde hace 38 años en el país y, en su mayoría, tuvieron su origen en las iniciativas de estaciones para comunidades indígenas. En los últimos tres años se registró el auge de las radios comunitarias de corte ciudadano, defensoras de los derechos humanos, así como de los sexuales y reproductivos, y también que prestan servicios de alerta y de protección civil en zonas sísmicas.

De acuerdo con la información de la Amarc, las dos primeras que iniciaron en onda corta fueron las de Teocelo, que ahora es la única que transmite en AM, y la de Huayacocotla, Veracruz, en la zona otomí, frontera con Hidalgo.

En los últimos años se han creado radios comunitarias orientadas hacia los jóvenes, como Radio Bemba, de Hermosillo, Sonora. Su programación se orienta hacia el libre comercio, los derechos humanos y reproductivos, se transmiten talleres para combatir las adicciones.

También existen estaciones que transmiten mensajes de migrantes hacia sus familias en Michoacán, Jalisco, Guerrero, estado de México y Oaxaca. Existen cuatro radios comunitarias en Jalisco, entre las que destaca Zona Cero, emisora cercana al volcán de Colima, que avisa a la población ante posibles sismos.

Dos radios comunitarias en Chilpancingo, Guerrero, se orientan a los estudiantes de bachillerato. Radio Calenda, en San Antonio de Ocotlán, Oaxaca, transmite desde el kiosko de la comunidad y tiene el apoyo de los habitantes.