Se daría a cambio de aprobar la reforma tributaria

Nuevo régimen fiscal para Pemex, plantea el gobierno

CIRO PEREZ, ROBERTO GONZALEZ, ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

El gobierno del presidente Vicente Fox pretende implantar un nuevo régimen fiscal en Petróleos Mexicanos (Pemex), a cambio de que el Congreso de la Unión apruebe una reforma tributaria que le garantice ingresos por más de 90 mil millones de pesos. En el paquete económico que ayer llegó a la Cámara de Diputados se incluye la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, expide la Ley de los Impuestos Ambientales y propone la aprobación de modificaciones a la Ley de Comercio Exterior en materia arancelaria.

La reforma a la Ley Federal de Derechos prevé cambios en materia de telecomunicaciones, servicios a la navegación aérea, medio ambiente y modificaciones sustanciales al régimen fiscal de Pemex. En el caso de este último, la administración foxista busca gravar mediante diversos derechos la explotación de los yacimientos de hidrocarburos del país.

El argumento, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la dirección general de Pemex, señala que los cambios buscan situar a la empresa en igualdad de circunstancias con respecto a cualquier otro contribuyente que explote recursos no renovables y son constitucionalmente propiedad de la nación. Se trata ''que sea financieramente sana y pueda efectuar las inversiones que tanto requiere''.

Y es que, a la fecha, Pemex es una fuente importante de recursos para la administración federal, porque gran parte de los ingresos que obtiene se entregan al gobierno a través del pago de derechos sobre la extracción de petróleo, un impuesto a los rendimientos petroleros, y un aprovechamiento sobre rendimientos excedentes.

Por otra parte, los recursos financieros que la paraestatal invierte para su desarrollo se han destinado fundamentalmente a la mejora en la explotación de los yacimientos ya existentes, y de los sistemas de refinación de los productos petrolíferos. Eso, señala el documento, ha producido un descuido en la exploración y explotación de nuevos yacimientos, porque ha ocasionado una reducción importante de las reservas de petróleo y gas natural.

Por ejemplo, entre 1999 y 2003, éstas cayeron en 11.7 y 17.5 por ciento respectivamente, de tal forma que con la propuesta ''se busca estimular la inversión en proyectos de exploración y explotación de los recursos petroleros, a través de la aplicación de un derecho por la explotación de petróleo, que será más bajo para los nuevos pozos, porque por otro lado en virtud de que las inversiones en pozos existentes ya fueron efectuadas, es justificable que tengan un derecho más alto''.

Así, en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos se establece que ''quienes exploten yacimientos de petróleo crudo o gas natural estarán obligados al pago anual sobre el derecho de extracción de hidrocarburos, conforme a lo siguiente: la de 75 por ciento al valor de los primeros 3 millones de barriles de petróleo crudo extraídos en el año; la de 25 por ciento al valor del petróleo crudo que rebase la cantidad máxima''.

En el caso del gas natural, se aplicará una tasa de 15 por ciento al valor de ese combustible extraído en el año y cuya cantidad no rebase el máximo de 3 millones 762 mil pies cúbicos en 2004; y la de 10 por ciento al valor extraído en el año y que rebase el tope máximo. Estará exenta la extracción de 1 millón de pies cúbicos de gas no asociado por pozo de explotación.

Sobre este punto, se detalla que los particulares que exploten yacimientos de petróleo crudo estarán obligados al pago anual del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización petrolera cuando en el año el precio promedio ponderado de barril de crudo exceda los 18.49 dólares estadunidenses.

Por otra parte, las autoridades federales proponen a la Cámara de Diputados la incorporación de un impuesto por el uso del espacio aéreo nacional ''como cuerpo receptor de contaminantes'', porque se reconoce que los niveles de contaminación atmosférica afectan la calidad del aire que respiran los ciudadanos, y señala que ''es un bien común a todos'', pero que requiere acciones por parte del gobierno para mantenerlo limpio. El derecho sugerido propone que ''los grandes emisores de contaminantes lleven a cabo acciones que permitan su reducción''.

En el artículo 253-B de la Ley Federal de Derechos, Hacienda propone que por la emisión de bióxido de azufre al espacio aéreo, las personas físicas y morales que a través de procesos de combustión en territorio nacional tengan un consumo energético mayor a 110 mil megajulios por hora, promedio anual, pagarán un derecho de 50 mil pesos por tonelada métrica de contaminante.

En ese ámbito, también se sugiere la derogación del derecho por el uso o aprovechamiento del espacio aéreo congestionado, pues se considera que ya cumplió con su objetivo, puesto que no se registran ya operaciones aéreas privadas ni de taxis aéreos nacionales e internacionales, que eran regulados por ese precepto.

Ley de los Impuestos Ambientales

Como parte del paquete económico, se incluye la Ley de los Impuestos Ambientales, que a decir de la administración foxista ''busca inhibir conductas adversas al aprovechamiento sustentable del medio ambiente, contribuyendo indirectamente a la disminución futura del gasto social necesario para atender problemas de salud y ambiente''.

La iniciativa incluye cuatro rubros específicos: eliminación de sustancias tóxicas cuyo comercio ya está prohibido, por el riesgo a la salud humana y ambiental; eliminación gradual de las sustancias tóxicas cuyo uso está parcialmente restringido; eliminación del aprovechamiento no sustentable de la riqueza forestal, y eliminación del comercio ilícito de especies de flora y fauna en riesgo.

Se propone un impuesto a la producción, enajenación, importación, utilización, transportación, almacenamiento y tenencia de sustancias tóxicas prohibidas en México con una cuota de 3 mil pesos por cada kilogramo o litro, sin perjuicio de las multas o sanciones que pudieran derivarse de la aplicación de otras leyes. El objeto de aplicar ese gravamen radica en que esos productos pueden provocar cáncer y defectos congénitos en personas y animales.

En el caso de las sustancias químicas industriales tóxicas, se trata de racionalizar su uso y conocer en detalle los problemas y efectos asociados con ellas, de tal forma que el impuesto que se aplicaría a su enajenación o importación sería de 15 por ciento de su valor en el mercado.

Una nueva carga impositiva se refiere a la extracción inmoderada de flora y fauna silvestres. El impuesto se aplicará a partir de una cuota sobre el valor actualizado del último espécimen similar que haya sido objeto de comercio de manera legal en México o, en su defecto, sobre el precio más alto en el mercado internacional. Los recursos obtenidos por esa vía se destinarán a las áreas de control y vigilancia tanto del gobierno federal como de las entidades federativas, que serán controlados a través de mecanismos externos que garanticen su correcta aplicación.

También se incluyen ocho decretos del Ejecutivo federal publicados en el Diario Oficial con medidas arancelarias, manifiesta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en beneficio de los ciudadanos y productores mexicanos.