La próxima semana la Femospp empezará a consignar 10 averiguaciones, informó

Las personas desaparecidas en la guerra sucia podrían sumar mil 500: Carrillo

Presentará nueva acusación contra dos ex titulares de la Dirección Federal de Seguridad

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

El número de personas desaparecidas durante la llamada guerra sucia podría ascender a mil 500, de acuerdo con los registros de organizaciones no gubernamentales (ONG), instancias internacionales y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguró Ignacio Carrillo Prieto, titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

Después de informar que a partir del lunes o martes próximos comenzará a consignar las averiguaciones previas ya concluidas, que en conjunto sumarán 10 antes de que termine este año, reveló que hará la primera consignación por el delito de genocidio, por hechos ocurridos en los años 70 en la comunidad El Rincón de las Parotas, municipio de Atoyac de Alvarez, Guerrero, donde militares masacraron a pobladores.

Asimismo, explicó que entre estas consignaciones se presentará una nueva acusación contra Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro, quienes fueran titulares de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

En conferencia de prensa, Carrillo Prieto refirió que el número de personas desaparecidas en México durante los gobiernos de Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo podría llegar a mil 500, y no sólo a 600, como se ha venido informando, ya que existen ONG que afirman que la cifra de afectados por detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas -situación que definió técnicamente como privaciones ilegales de la libertad- podría ascender a 3 mil casos.

Durante la conferencia, realizada en su domicilio particular, Carrillo Prieto hizo múltiples reconocimientos a la labor realizada por la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) en su conjunto, y en particular la que desempeñaron los ministros Juventino Castro y Castro, Olga Sánchez Cordero, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan Silva Meza, integrantes de la primera sala del máximo tribunal del país, por haber determinado que el plazo de prescripción del delito de privación ilegal de la libertad empieza hasta que la persona afectada reaparece socialmente.

Indicó que la actuación de la Suprema Corte consolida el estado democrático de derecho en México, y desde hace tiempo "ha asumido plenamente su responsabilidad en la edificación de la casa común de los mexicanos, lo que ha permitido combatir ahora el autoritarismo que quiso dar por muertos a mexicanos que se encuentran jurídicamente privados de su libertad, y que podrían ascender, quizá, hasta mil 500 casos. Esos hombres y esas mujeres afectadas continúan vivos hasta que se tengan constancias de su fallecimiento".

Carrillo Castro puntualizó que será en los primeros días de la semana próxima cuando el Ministerio Público comience a consignar 10 averiguaciones previas contra civiles y militares involucrados en casos de desaparición y muerte de integrantes de grupos guerrilleros como la Liga Comunista 23 de Septiembre, como ocurrió con Ignacio Salas Obregón, integrantes de la familia Tecla Parra e Ignacio Olivares Torres.

Informó que la consignación de los expedientes podría recaer en jueces con sede en Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y Michoacán.

Acerca del caso de Jesús Piedra Ibarra, quien fue desaparecido en 1975, indicó que todavía no se cierra la investigación ministerial, por lo que no descartó ejercitar acción penal contra otros funcionarios de alto nivel, como el ex presidente Luis Echeverría, y no sólo, como ocurre ahora, contra los ex titulares de la Dirección Federal de Seguridad, Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro.

Finalmente, el fiscal especial señaló que a finales de noviembre comenzarán los trabajos para la localización de fosas clandestinas, y dijo que en caso de encontrarse restos humanos, se procederá a la exhumación de las personas asesinadas durante la guerra sucia en los estados de Guerrero y Sinaloa, de manera concreta.