La administración de Robles denunció la existencia de cuatro presuntos dueños

Desde 2000 el GDF pidió a la Corte investigar el caso Paraje San Juan

LAURA GOMEZ FLORES

La existencia de cuatro presuntos dueños del Paraje San Juan provocó que el 3 de agosto de 2000 la entonces jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga, presentara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una denuncia de incidencia en la concesión de los amparos promovidos por Enrique Arcipreste, Gonzalo García, Francisco Arteaga y Rosendo Contreras.

Ello, debido a que se dictaron sentencias protectoras sobre el mismo predio en su totalidad o de una fracción, cuando sus reclamaciones fueron deficientes al no especificar medidas, linderos, colindancias, coordenadas geográficas y cualquier otro dato que permitiera identificar con precisión la ubicación y la superficie del predio, con la consecuente emisión de cuatro juicios de garantías.

De acuerdo con un documento que integró el archivo de incidentes de alto riesgo que enfrentaba la administración capitalina -que fue entregado en disquetes a los funcionarios del actual gobierno para que se atendiera-, Enrique Arcipreste del Abrego promovió el juicio de amparo 508/98 ante el juzgado octavo de distrito en materia administrativa, a consecuencia directa del decreto expropiatorio del 24 de julio de 1989, debido a que las autoridades capitalinas se abstuvieron de cubrir el pago de la indemnización que reclamaba por una superficie de 298 hectáreas.

El fallo a favor del particular provocó que las autoridades responsables y la parte quejosa interpusieran un recurso de revisión y fuera remitido a la Corte, que dio inició al incidente de inejecución de sentencia 76/2000, y el 19 de mayo de 2000 requirió a la jefa de Gobierno para que en el "improrrogable término de 24 horas" cumpliera con la ejecutoria de amparo, determinara el monto de la indemnización y efectuara el pago al quejoso. El GDF solicitó a la Secretaría de Finanzas realizar el avalúo, por conducto de la Dirección General de Avalúos de Bienes del Distrito Federal, pues de no hacerlo continuaría el procedimiento de inejecución de la sentencia de amparo, que incluía la separación de Robles del cargo y su consignación penal ante el juez federal. Su cumplimiento no significaba el reconocimiento de propiedad de Arcipreste.

Un segundo juicio de amparo fue promovido por Gonzalo Ulises García Belmares por una superficie de 15 mil 62.09 metros cuadrados ubicada dentro del paraje, a quien se le restituyeron, quedando pendiente la devolución de 194 mil 937.91 metros, aunque promovió un incidente de pago de daños y perjuicios, que se encuentra en trámite y podría alcanzar la suma de 730.7 millones de pesos.

El tercer juicio de amparo lo presentó Francisco Arteaga Aldana en el juzgado décimo de distrito en materia administrativa, por los 210 mil metros cuadrados que abarca el paraje; solicitó que se tramitara el pago de daños y perjuicios, que se encuentra sustanciándose y en espera de la sentencia, y el último fue promovido por Rosendo Contreras.

Sin embargo, se precisó en el documento que es imposible restituir un mismo predio a dos o más personas, y cubrir los daños y perjuicios, bajo el riesgo de efectuar un doble o hasta cuádruple pago por el mismo inmueble, con grave menoscabo de la hacienda pública, por lo que se solicitó la intervención de la Corte para que se investigara a fondo y se determinara que la actuación de la jefa de Gobierno no era de desacato o contumacia.