Diego Fernández y Salinas exigen que el Ejército siga custodiando a ex mandatarios

Persisten diferencias por el plan de reducir prestaciones y pensión a ex presidentes

Según el proyecto, sólo cobrarán 1.8 millones de pesos al año si no tienen otro trabajo

ANDREA BECERRIL

Año y medio después de que se presentó la iniciativa del senador del PRI, Oscar Cantón Zetina, encaminada a regular las pensiones y retribuciones millonarias que por decreto se otorgaron los ex presidentes de la República, está casi listo un proyecto de dictamen sobre el tema, el cual aún está en discusión toda vez que no hay acuerdo pleno sobre la seguridad de los ex mandatarios, hasta ahora a cargo del Ejército.

En el proyecto de dictamen, elaborado por las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, se disminuye en más de 90 por ciento el presupuesto destinado a los cinco ex presidentes vivos, ya que de los 260 millones de pesos al año que ahora se les destina, quedarían sólo 19 millones, toda vez que se suprimen el pago de estímulos y reconocimientos, gastos para oficina, viajes, seguro de vida y se les retiran los 25 servidores públicos que tienen asignados "para asuntos personales".

Sin embargo, el punto más discutido es el del personal que habrá de brindar seguridad a quienes gobernaron el país, toda vez que los ex mandatarios no están de acuerdo en que sea la Policía Federal Preventiva (PFP) quien se encargue de protegerlos, como se propone en la iniciativa. Las presiones provienen sobre todo de Carlos Salinas de Gortari, quien ha mandado mensajes a los legisladores en el sentido de que no le importa la pensión, pero sí que los 103 integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que tiene asignados sigan a su servicio.

El coordinador de la bancada panista en el Senado, Diego Fernández de Cevallos, condicionó incluso el voto de los senadores del PAN en favor de la aprobación de la nueva "Ley de Pensiones y Prestaciones a Favor de los ex presidentes de los Estados Unidos Mexicanos" a que se mantenga la seguridad de los ex mandatarios a cargo del Estado Mayor Presidencial.

Tal criterio lo llevó al proyecto de dictamen el presidente de la Comisión de Gobernación, el también panista Gildardo Gómez Verónica.

"Tomando en cuenta que durante el ejercicio del cargo el Presidente es el jefe máximo de las fuerzas armadas, cuya función puede implicar decisiones trascendentes, al dejar el cargo pueden poner en riesgo su integridad física, es el Ejército quien debe velar por su seguridad", se plantea en el predictamen.

Sin embargo, se deja a consideración del Ejecutivo federal la decisión de cuántos elementos y de qué jerarquía deberán proteger a los ex mandatarios. Actualmente, con base en los decretos expedidos por Luis Echeverría y Miguel de la Madrid, ellos, además de José López Portillo, Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo disponen cada uno de 103 miembros de las fuerzas armadas para su servicio.

De acuerdo con el senador Cantón Zetina, este punto sigue a discusión y Gómez Verónica llevará una nueva propuesta el próximo lunes.

En lo que sí hay consenso es en fijar a los ex presidentes una pensión vitalicia de 1.8 millones de pesos al año, más un aguinaldo de 200 mil pesos. Se suprimen los 3.5 millones de pesos que cada uno recibía por concepto de "reconocimientos y estímulos", al igual que los 6.2 millones de pesos para pago de inmuebles y equipo de oficina, 6.2 millones para transportes, viajes y servicios, 6.2 millones para seguro de vida y 6.2 millones de pesos para gastos médicos mayores del ex presidente y su familia.

En lo que se refiere a los 40.3 millones de pesos que en la actualidad reciben los ex presidentes para el pago de personal administrativo y de seguridad, en la nueva ley se disminuye a 1.8 millones de pesos bajo el nuevo rubro de "para personal de apoyo", toda vez que se suprimen los 25 servidores públicos civiles dedicados a sus asuntos personales de los que disponen ahora.

Se establece que el personal de apoyo que decidan contratar no formará parte de la plantilla del gobierno federal, lo que significará un ahorro en pensiones o incapacidades. Además deberán presentar ante la Oficina de la Presidencia de la República "una declaración, bajo protesta de decir la verdad", de las cantidades que eroguen en el pago de esos colaboradores.

Además, se condiciona el pago de la pensión vitalicia a que los ex mandatarios no tengan otro empleo, cargo o actividad profesional de la que se puedan seguir sosteniendo. La pensión se suspende en el caso de que obtengan otras remuneraciones.

Algunos senadores del PRI están en contra de que se legisle en la materia, sobre todo Emilio Gamboa Patrón y Ernesto Gil Elorduy, quienes fueron secretario particular y secretario privado de De la Madrid y Echeverría, respectivamente. La bancada tricolor se encuentra dividida.