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México D.F. Lunes 24 de noviembre de 2003

Arturo Balderas

Lo prometido es deuda

California tiene nuevo gobernador, y la población de origen mexicano, nuevo motivo de preocupación.

En su discurso de apertura, Arnold Schwarzenegger confirmó su promesa de campaña de revocar o modificar algunas de las medidas que su antecesor estableció y que él considera lesivas para el estado:

* revocar el aumento en los permisos los automóviles (similar al pago de la tenencia);
* reformar el sistema de compensaciones a los trabajadores (por accidentes o enfermedades en el trabajo);
* reducir el gasto, principalmente en salarios y programas considerados "superfluos";
* incrementar los derechos que las tribus indígenas pagan por el funcionamiento de casinos en sus reservaciones, y
* solicitar a la legislatura estatal que se revoque la ley que permite a las personas indocumentadas obtener un permiso para conducir.

Son ordenamientos que han sido cuestionados por quienes se identifican con el pensamiento conservador republicano, del partido al que el gobernador pertenece, por lo que en buena lógica se ha hecho eco de ellos.

Durante su campaña también dijo que aumentaría el gasto social, en educación y salud, pero al mismo tiempo, congruente con el pensamiento republicano, reiteró su intención de no aumentar impuestos para absorber ese gasto. No está claro cómo va cubrir esos aumentos, tomando en cuenta, además, que el estado enfrenta un abultado déficit. Es de temerse que en última instancia sean los programas de orden social los que se sacrifiquen. Ya se verá.

Por ahora intentaré explicar, una vez más, por qué considero absurdo derogar la ley que permite a los indocumentados obtener el permiso necesario para conducir automóvil.

Reitero que se trata de un permiso para conducir automóviles, mas no una amnistía a su situación migratoria.

No obstante que ya se han dado todo tipo de razones legales y prácticas para justificar el otorgamiento de ese permiso, sus detractores insisten en que se niegue. O bien tienen una gran limitación para entender lo que es un ordenamiento civil, o puede ser su deseo de restringir a la población migrante de sus más elementales derechos y, en este caso, sus obligaciones.

No se entiende de otra forma la insistencia en confundir la soberanía y el derecho que un país tiene para definir su política migratoria con la de proveer a todos aquellos que se encuentran dentro de sus fronteras con los instrumentos necesarios para cumplir con las normas internas de ese país.

De esa confusión nace por lo menos una contradicción difícil de explicar.

Cuando el gobierno expide a los indocumentados un número para que paguen impuestos es congruente con la obligación que tiene todo el que reside en ese país de contribuir con una parte proporcional de su ingreso para el gasto social. Eso es un hecho en California y en el resto del país vecino. No hay delito más perseguido que evadir el pago de impuestos. Al Capone es sólo uno de los más significativos ejemplos de ello.

El pago puntual de impuestos nunca ha sido garantía de inmunidad migratoria para nadie. Que se lo pregunten a los millones de migrantes que han sido deportados, sin glamur alguno, por su condición de indocumentados, no obstante haber cumplido puntualmente con sus obligaciones fiscales.

¿Cuál, entonces, es la explicación racional de evitar que alguien cumpla con la obligación de aprobar un examen escrito y práctico de manejo para obtener un documento que avale el hecho de que está capacitado para conducir un automóvil?

Se considera una gracia poseer una licencia para manejar, cuando en el fondo es una obligación. Lo otro es tanto como decir que pagar impuestos, depositar la basura en su lugar, conservar el agua, etcétera, son opciones o prerrogativas y no obligaciones.

Quienes se oponen a que las personas que carecen de documentos migratorios posean un permiso de manejar, en el fondo están eximiendo a quienes circulan por las calles y carreteras de California de cumplir con una obligación, orillándolos a cometer un delito.

Al margen de sutilezas legales o sociológicas, quienes rechazan esta ley lo hacen por ignorancia o por un profundo sentimiento antinmigrante. Esperemos, por el bien de nuestros paisanos, que el gobernador renuncie a una y otro.

Reditar las ideas excluyentes y ultraconservadoras de Pete Wilson no es la mejor medicina para el cambio que el gobernador Schwarzenegger pretende.

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