Desde el vuelco electoral de julio de 2000, que sacó al PRI de la Presidencia de la República y llevó a Los Pinos a Vicente Fox, se ha venido señalando que los partidos del país ya no reflejan con fidelidad el mapa político real ni las tendencias y posturas frente a los grandes asuntos nacionales. Da la impresión de que Acción Nacional no sabe qué hacer con el poder presidencial, que el Revolucionario Institucional no se halla fuera de él y que el Partido de la Revolución Democrática sigue en el desconcierto por la consumación de una alternancia que era parte de su razón de ser y por la cual peleó desde su fundación, pero que no ganó. En este contexto desdibujado y confuso sería lógico y hasta saludable un reordenamiento y una reagrupación de las fuerzas políticas en los debates posteriores a la alternancia presidencial, en la medida en que los puntos de confluencia y de deslinde ya no necesariamente son los que eran hasta hace tres años.

Un ejemplo claro es el reagrupamiento de diversos protagonistas políticos en torno a un neoliberalismo restaurado que busca abrir a la inversión privada los sectores eléctrico y petrolero, que son, hasta ahora, propiedad exclusiva de la nación, y que propugna una ortodoxia administrativa que se traduce en una propuesta de miscelánea fiscal no muy diferente, en sus consecuencias para la población, de un plan de choque.

La mayor parte del empresariado, el gobierno foxista y un sector del priísmo, encabezado por Elba Esther Gordillo Morales, confluyen en una alianza tácita, pero bien definida, para impulsar esa política que, por impopular que sea, podría tener legitimidad si hubiese sido enunciada claramente a la ciudadanía en alguna de las propuestas de campaña presentadas ante el electorado en 2000 y en los comicios legislativos de este año. Pero ni el partido ni los amigos del Presidente, y mucho menos el Revolucionario Institucional, ganaron las posiciones de representación popular que actualmente ostentan -incluida, por supuesto, la curul plurinominal de Gordillo Morales- ofreciendo el desmantelamiento del sector energético público y el establecimiento de impuestos draconianos para pagar los saldos del rescate bancario zedillista y la ineptitud administrativa del gobierno sucesor.

No sólo desde esa perspectiva la coalición compuesta por el Presidente de la República y la secretaria general del PRI resulta un engaño a la ciudadanía. Lo es, también, habida cuenta de la manera vergonzante y desaseada en que opera, en la Cámara de Diputados, con el fin de aprobar el engendro fiscal cocinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y presentado en un principio por la diputación priísta -antes de que el asunto la llevara a la fractura- como iniciativa propia. Ahora, el partido del IVA y las privatizaciones recurre a inmoralidades y golpes bajos tales como obstaculizar, por vía del panista Juan de Dios Castro, presidente de la Cámara de Diputados, la decisión mayoritaria de la bancada priísta de remplazar a Gordillo Morales por Emilio Chuayffet en la coordinación de la fracción parlamentaria del tricolor. Tal maniobra, concebida para dar margen a una aprobación manipulada de la propuesta fiscal oficial, no sólo violenta las normas elementales de la democracia, la representatividad y el régimen de partidos, sino que constituye una intromisión del Ejecutivo en asuntos del Legislativo digna de las peores épocas del presidencialismo priísta.

La coalición de gobierno formada por Vicente Fox y Elba Esther Gordillo Morales debe definirse ante la opinión pública con su verdadero rostro y sus propósitos reales, como hicieron ayer los legisladores priístas y perredistas que coinciden en el rechazo al engendro fiscal que se pretende imponer a la sociedad traicionando compromisos de campaña.