Es enferma mental; le niegan atención sicológica prometida

Guanajuato: en el desamparo, joven violada y obligada a tener un hijo

MARTIN DIEGO RODRIGUEZ CORRESPONSAL

Irapuato, Gto., 10 de enero. Víctima de una violación y ante la negativa de las autoridades judiciales para otorgar un permiso de interrupción de embarazo no deseado, Sandra Isela Rodríguez Macías, quien padece de sus facultades mentales, engendró a una niña, pero el tiempo ha pasado y hasta la fecha la joven mujer no ha recibido atención sicológica, clínica, ni económica como prometió el gobernador Juan Carlos Romero Hicks.

De acuerdo con los peritajes de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) Sandra fue violada en noviembre de 2002 por su patrón, Ernesto Martínez Juárez. La joven fue catalogada como "una mujer con edad mental de 10 años", y pese a que sus familiares denunciaron el hecho en tiempo y forma, las autoridades judiciales no otorgaron el permiso para el aborto.

Con el propósito de que diera a luz al producto de la violación, las autoridades ofrecieron a la familia Rodríguez Macías apoyo sicológico, médico y económico. "Sólo nos apoyaron con el parto y con la adopción, nada más", dice su madre, Mar-tha Macías, quien, después de su experiencia, se integró a la agrupación no gubernamental Milenio Feminista con el propósito de impulsar las reformas al Código Penal para eliminar las lagunas legales que llevaron a que su hija gestara a un hijo concebido por violación.

Pese a que el 17 de febrero de 2003 la madre de Sandra envió un escrito al procurador Miguel Valadés Reyes para solicitar la interrupción del embarazo (tenía tres meses de gestación), esa anuencia no llegó pero sí un argumento de la titular de la agencia del Ministerio Público especializada en delitos sexuales, María del Rocío Mayo Valadez, respecto de que el aborto es un delito en la entidad, no obstante que las reformas al artículo 167 del Código Penal, donde se penalizaba el aborto aun en caso de violación, fue vetada en su momento por el gobernador Ramón Martín Huerta.

Durante el proceso que se siguió, las autoridades tomaron en cuenta la edad biológica de Sandra, quien, en una declaración ante la propia autoridad, estableció que tenía la intención de ser madre. Sin embargo, el 8 de agosto, cuando dio a luz, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia consideró que no era sujeto de dar "protección ni cuidado" a la criatura por tener una edad mental de 10 años, por lo que al nacimiento de la niña se inició un juicio para otorgar la patria potestad a una de sus hermanas y, enseguida, darla en adopción. Ese proceso no duró más de una hora.

Martha Macías espera aún que autoridades cumplan la promesa de brindar a su hija atención sicológica, médica y económica; también, que las autoridades encuentren a Ernesto Martínez Juárez, responsable confeso de la violación, y que el Congreso de Guanajuato promueva las reformas para permitir la interrupción del aborto en casos de violación.

El año pasado, el procurador Miguel Valadéz y Milenio Feminista promovieron una iniciativa conjunta de reforma al Código Penal vigente, la cual remitieron a los poderes Ejecutivo y Legislativo.