Otro grupo de cesados del Estado protestó ante el Congreso por los despidos

La PGJ sonorense procederá legalmente contra burócratas que tomaron oficinas de sindicato

Ayer el gobierno envió nuevas notificaciones de recorte de personal a diversas áreas

CRISTOBAL GARCIA BERNAL CORRESPONSAL

Hermosillo, Son., 12 de enero. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aseguró que procederá legalmente contra los casi cien ex burócratas que tomaron esta mañana las oficinas del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora (Sutspes).

No obstante, los inconformes continuaron con la movilización que iniciaron en protesta por el cese de mil 73 empleados de la administración pública estatal.

Roberto Carlos Díaz, agente del Ministerio Público, notificó a los ex trabajadores que era inconstitucional el bloqueo que realizaron a las instalaciones del Sutspes, a una semana de que el gobierno del Estado recortó plazas, hecho sobre el cual el gobernador José Eduardo Robinson Bours Castelo se negó a declarar, con el argumento de que "ya pasó mucho tiempo".

A pesar de las protestas de los burócratas cesados, en busca de que concluyan los despidos, el gobierno de Sonora envió este lunes nuevas notificaciones de recorte de personal a diversas áreas.

Al mismo tiempo que se dio la toma del Sutspes, otro grupo de despedidos se manifestó ante el Congreso de Sonora, donde pidieron a los legisladores una explicación por aprobar que desaparecieran plazas.

Reunidos con el presidente de la Diputación Permanente, Onésimo Mariscales Delgadillo, los ex burócratas afirmaron que Bours Castelo "cometió una injusticia con la clase trabajadora sindicalizada".

Asimismo, exigieron que expliquen los criterios para suprimir plazas y aclaren la inclusión de nuevos empleos en el Presupuesto de Egresos de 2004.

Añadieron que el plan de adelgazamiento de la burocracia estatal es una "burla para los trabajadores y la opinión pública, porque luego que se ha despedido a un empleado sindicalizado se ha contratado a dos o tres personas más. Incluso hay a quienes les dieron plazas de director o subdirector".

El ex representante ante la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Sonora, Héctor Leyva Livshin -con más de 20 años como burócrata-, presentó a Mariscales Delgadillo documentos que demostrarían que en la presente administración estatal se han creado 601 plazas y se ha contratado a personal por honorarios.

Piden mineros cese hostigamiento en su contra

En tanto, ex trabajadores de la compañía Mexicana de Cananea, quienes desde el sábado pasado bloquean los accesos a la empresa para exigir al Grupo México que pague 5 por ciento del capital accionario de la mina -equivalente a 19.5 millones de dólares- a 2 mil 840 personas despedidas al venderse la factoría, el 24 de agosto de 1990, solicitaron que concluya el hostigamiento que dijeron sufrir por parte de agentes de la Policía Judicial del Estado y de la Procuraduría General de la República.

Por su parte, el gobernador Bours Castelo, quien por primera ocasión se refirió al movimiento en Cananea, aseguró que el problema no se resolverá "a través de ese tipo de manifestaciones".

Indicó que la semana pasada se reunió con directivos del Grupo México, propietaria de la mina, quienes le informaron que el pago de 5 por ciento por la compraventa está en litigio.

"Hemos ofrecido ser interlocutores con ellos (los inconformes) ante la empresa, pero me parece que el bloqueo del ferrocarril y a las vías de comunicación, así como otros accesos a la empresa, no es la manera adecuada de presionar", apuntó el gobernador Bours Castelo