Emilio Pradilla Cobos

Grandes problemas de la capital

Evaluar a un gobierno urbano, independientemente de su popularidad, real o imaginaria, consiste en confrontar sus políticas y acciones con los problemas que enfrenta la mayoría de la población de la ciudad gobernada, según mi óptica, en términos de las necesidades objetivas y los intereses de ese sector social. En el caso de la ciudad de México, Distrito Federal, que es sólo una parte cada vez menor de la ciudad real, la Zona Metropolitana del Valle de México, el análisis rebasa su límite administrativo estricto, pues entre ambas partes ocurren múltiples procesos, flujos y relaciones que las afectan por igual y deberían ser atendidos integral y conjuntamente por sus distintos gobiernos.

Dada su enorme extensión, la gran masa de población y la compleja trama de actividades económicas, sociales, políticas y culturales que se han formado en su historia, la metrópoli presenta hoy múltiples y graves procesos contradictorios y problemas de todo orden, muy relacionados entre sí, que habría que enfrentar integralmente, en sus raíces estructurales y con visión de largo plazo.

Por su importancia nodal, hay que señalar, en primer lugar, la ausencia de dinamismo económico desde hace dos décadas, derivada de la rápida desindustrialización que ha llevado a la pérdida de capacidad de generar los empleos necesarios y empujado a casi la mitad de su población activa a sobrevivir en la informalidad; en ese marco, la terciarización de la economía urbana ha sido polarizada y dominada por la informal, lo que la hace inadecuada para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes. Si añadimos la continua caída del salario real de los trabajadores desde 1977, nos explicamos el alto índice de incidencia de la pobreza y la indigencia que se mantiene en la metrópoli, con sus efectos sociales y manifestaciones territoriales.

Informalidad y pobreza son los ámbitos donde se nutre de fuerza de trabajo la economía subterránea -contrabando de mercancías y armas, narcotráfico, tráfico de bienes robados y de seres humanos, piratería de marca, etcétera- y otras actividades delictivas, como el secuestro y el robo, crecientemente organizadas a escala metropolitana y global por verdaderos empresarios del crimen. La corrupción, la ineficiencia y la prepotencia de los sistemas de prevención del delito e impartición de justicia son los factores explicativos de la impunidad. La violencia propia de estas actividades, que amedrenta a la población, se suma a la conflictividad de las relaciones sociales en la gran urbe.

El transporte de millones de habitantes metropolitanos, 80 por ciento de los cuales usa medios colectivos -en su mayoría técnicamente atrasados, desorganizados, mal controlados y contaminantes- está en conflicto con el auto privado de la minoría que, sin embargo, usa la mayor parte de la vialidad y del energético más contaminante de la atmósfera. Durante medio siglo se ha seguido el modelo de ciudad para el automóvil y subordinado el desarrollo del transporte colectivo a la construcción de vialidades para los autos. La expansión demográfica y física sobre áreas naturales y agrarias ha devorado los recursos naturales del valle, sobre todo el agua, cuyo abasto desde zonas lejanas consume enormes recursos energéticos y monetarios; al mismo tiempo ha convertido el desalojo de aguas negras y pluviales, también de alto costo, en un serio problema social, técnico y ambiental.

Estos procesos problemáticos, entre otros, no se resuelven autónomamente en cada una de las partes de la metrópoli, sino que requieren instancias de decisión, instituciones y empresas, planes y políticas integrales conjuntas de los gobiernos y actores metropolitanos. Históricamente, sobre todo en los tres años recientes, han sido inoperantes los insuficientes mecanismos de coordinación metropolitana, carentes de funciones ejecutivas e instrumentos de acción conjunta. Muy condicionado por intereses políticos de corto plazo, este tema no se debate en los órganos legislativos ni en los ejecutivos. El tema de la desigualdad político-administrativa de las partes de la metrópoli, entre el estado de México y sus municipios y el Distrito Federal y sus delegaciones, en términos de equivalencia en el pacto federal, soberanía local, derechos políticos de los ciudadanos y constitución de los poderes estatales, es inseparable del anterior; la reforma política para el Distrito Federal, siempre incompleta y postergada, sintetiza este problema que afecta seriamente los intereses de la mayoría de los capitalinos.