Según un acuerdo secreto habría auditorías superficiales y canje de títulos del Fobaproa

Negocian Hacienda y bancos cargar a causantes $109 mil millones

Algunos informes señalan que el monto de los créditos ilegales sería de $167 mil millones

Estaría lista la aprobación del IPAB Autoridades ya cabildean con partidos: Di Costanzo

ANTONIO CASTELLANOS

La Secretaría de Hacienda junto con Banamex, BBVA-Bancomer, Bital y Banorte negocian un acuerdo secreto para cargar a los contribuyentes créditos ilegales por más de 109 mil millones de pesos, correspondientes al Programa de Capitalización y Compra de Cartera que los banqueros incluyeron en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Buscarán efectuar el canje por títulos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) para cerrar el capítulo del rescate del sector.

Otros informes señalan que el monto podría llegar a 167 mil millones de pesos; su aprobación en el IPAB estaría prácticamente lista, porque la junta de gobierno quedó a modo de las autoridades hacendarias con la renuncia de los vocales Bernardo González Aréchiga y Adalberto Palma Gómez, y la salida del secretario Ejecutivo, Julio César Méndez, en septiembre de 2003, por presiones de Hacienda.

Desde noviembre pasado el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer que funcionarios de Hacienda y representantes de los bancos sostenían pláticas para acordar nuevas auditorías; la diferencias crecieron cuando el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, dio a conocer las irregularidades en la venta de créditos que los bancos hicieron al Fobaproa.

Mario Di Costanzo, ex secretario técnico de la comisión para investigar el funcionamiento del IPAB, informó que la comisión investigadora especial rechazará cualquier acuerdo secreto, y destacó que las autoridades hacendarias ya empezaron a cabildear con los partidos políticos.

El acuerdo secreto plantearía hacer auditorías superficiales y ya se calculó que el impacto económico para los bancos queda muy por debajo del monto de los créditos ilegales. La salida de los vocales que no han sido sustituidos, recordó Di Costanzo, se dio precisamente por las posturas contrarias respecto a las auditorías.

El 20 de mayo de 2003 las autoridades hacendarias dieron marcha atrás a su pretensión de realizar ''auditorías definitivas'' a los principales bancos del país, porque ''no se alcanzaron los acuerdos'' entre las autoridades financieras, el Congreso de la Unión, las intermediarias y la Auditoría Superior de la Federación.

A los bancos, apoyos mayores a los necesarios y hasta innecesarios

Esto ocurrió después de que La Jornada publicó la oposición de funcionarios del IPAB al esquema de auditorías impulsado por la Secretaría de Hacienda. Entonces se mencionó que los banqueros estaban dispuestos a pagar sólo 500 millones en lugar de los 45 mil millones de las operaciones irregulares detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, los informes más recientes señalan que por lo menos serían 109 mil millones de pesos los créditos irregulares.

La información obtenida por este diario destaca que legisladores y bancos planean organizar un encuentro internacional con especialistas que apoyen la necesidad de concluir el rescate bancario y, de manera paralela, se buscaría que una comisión investigadora especial, vía un trabajo de trámite, legitimara el canje y las auditorías.

Las investigaciones hechas durante todo el proceso han concluido que los apoyos del gobierno federal entregados durante la crisis de 1994-95 a los cuatro bancos mencionados eran superiores a los necesarios o francamente innecesarios, como en el caso de Banamex, que fue vendido en 2002 -con todo y los apoyos del Fobaproa- al Grupo Citibank por 12 mil 500 millones de dólares.

No sólo los apoyos del gobierno fueron superiores a los que se necesitaban, señalan los reportes, sino que la cartera vendida por los bancos al Fobaproa está plagada de irregularidades o no existiría razón por la que ahora se opongan a que se lleven a cabo las auditorías.

Los mismos de siempre

Las autoridades financieras han abierto el camino para que se cancelen los pagarés Fobaproa, han creado estrategias y elaborado documentos para hacer ''legal'' el canje por los pagarés IPAB.

Parte activa en estas estrategias, según los informes proporcionados, la han tenido Héctor Tinoco Jaramillo, actual vocal del IPAB, anterior vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y miembro del Comité Técnico del Fobaproa, y Luis Mancera Arrigunaga, director general de Banca de la Secretaría de Hacienda, colaborador de Francisco Gil Díaz cuando estuvo en Banamex, además de sobrino de Javier Arrigunaga, ex director general del Fobaproa y ahora director general adjunto de Banamex.

Para Di Costanzo el problema es muy claro: una vez más se quiere beneficiar a los bancos y cargar a los contribuyentes el costo de aquellos créditos irregulares. Pero recalcó que la comisión investigadora especial irá a fondo en el asunto y no permitirá ningún arreglo que impida la revisión estricta de los créditos irregulares, como lo establece la ley del IPAB. Crédito que no sea revisado, no debe ser intercambiado, concluyó.