Depreda el sitio cacique "con hombres y armas de alto poder a su servicio", señalan

Frenar tala de bosque de Chihuahua, exigen rarámuris al gobierno federal

Demandan protección militar y excarcelación de dos defensores del medio ambiente

ROSA ROJAS ENVIADA

Guadalupe y Calvo, Chih., 13 de febrero. Rarámuris (tarahumaras) de la comunidad de Coloradas de la Virgen denunciaron que Artemio Fontes Lugo -a quien señalan de cacique- y su familia reiniciaron la tala del bosque de pino propiedad de los indígenas, la cual, tras fuertes movilizaciones, habían logrado frenar hace un año, por orden judicial.

Demandaron que las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Reforma Agraria, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Comisión para el Desarrollo de los Indígenas (CDI) frenen la depredación y solicitaron ser protegidos "con una instalación militar permanente" en la comunidad, pues "los caciques tienen hombres con armas de alto poder a su servicio" y más de 30 indígenas han sido asesinados.

Lo anterior fue planteado durante una reunión convocada por los representantes de los pueblos tepehuano y rarámuri ante el ayuntamiento de Guadalupe y Calvo -Alejandro Rivas Vega y Alberto Ríos, respectivamente-, a la que asistieron funcionarios de las citadas dependencias, así como de la 42 Zona Militar, de la Procuraduría de Justicia estatal, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Coordinadora Estatal de la Tarahumara.

El capitán primero de infantería Mauricio Ordaz informó a más de 200 delegados presentes en el encuentro que el Ejército no es el encargado de perseguir la delincuencia ni de la seguridad pública, sino que actúa cuando lo solicitan las autoridades civiles; agregó que hablaría con el general responsable de la zona militar, para "ver qué posibilidad hay de destacar tropas allá. No les puedo decir que sea permanente".

Las autoridades de Coloradas de la Virgen reclamaron que han acudido durante años ante todas las instancias, y que incluso 40 de ellos acudieron a la ciudad de México, donde hablaron con la titular de la CDI, Xóchitl Gálvez, y con diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas. Ha habido compromisos por escrito, pero no resultados, señalaron.

Demandaron también la libertad de sus compañeros Isidro Baldenegro López y Hermenegildo Rivas Carrillo, quienes precisamente por realizar actos en defensa del bosque están presos desde hace casi un año en el penal de Chihuahua.

Amnistía Internacional reivindica que ambos son presos de conciencia, por lo cual solicitó su libertad inmediata y sin condiciones en diciembre pasado. Los dos indígenas, señaló, fueron detenidos "de modo arbitrario y acusados con pruebas falsificadas" de posesión ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército. Baldenegro fue acusado también de posesión de mariguana. Julio Baldenegro, padre de Isidro, fue asesinado por esa lucha en 1986. El crimen permanece impune.

Próximo encuentro en la comunidad

Más de cinco horas duró la reunión con los funcionarios estatales y federales, en la que también se plantearon problemas agrarios que enfrentan otros ejidos, entre ellos Santa Rosita, Pino Gordo y Cieneguilla, así como problemas de educación y ambientales.

La mayor parte del encuentro giró en torno a la problemática de Coloradas de la Virgen. Al final los funcionarios se comprometieron a realizar, en la propia comunidad, una reunión el 29 de febrero para dar respuestas puntuales a lo planteado por las autoridades indias. Por lo pronto se comprometió también protección policiaca para que dichas autoridades retornen a la comunidad de forma segura.

Las autoridades de Coloradas de la Virgen, entre ellas el gobernador central, José Moreno Echeverría, el comisariado ejidal, Armando Lachica, y el segundo gobernador y comisario de policía central, Hilario Quiñones Rubio, así como los ancianos de la comunidad, expusieron la problemática agraria.

Explicaron que sobre 23 mil de las 59 mil hectáreas de su comunidad se creó, en 1953, un ejido, sin que les fuera notificado. En el censo de ese ejido se incluyó a 68 comuneros.

Posteriormente, una resolución de bienes comunales reconoció a la comunidad Coloradas de la Virgen -unas 700 personas- la posesión de la barranca, pero entre los beneficiarios, indicaron, apareció el cacique Artemio Fontes Lugo.

En 1992, señalaron, los caciques Fontes Lugo, la mayoría de los cuales no vive en Coloradas de la Virgen, hicieron una "depuración censal" y excluyeron a todos los comuneros, adjudicando el ejido a tres familias, con 59 integrantes, de los Fontes. Añadieron que funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) señalaron que no hay respaldo documental en el Registro Agrario Nacional.

El delegado de la PA, Agustín Medellín, se comprometió a investigar ese asunto. Agregó que esa procuraduría interpondrá la próxima semana un recurso de revisión del amparo otorgado al ejido de Coloradas, para que se vuelva a suspender la explotación del mismo. Las autoridades señalaron que no van a permitir que se siga extrayendo madera de su comunidad. Los delegados indígenas presentes les manifestaron su apoyo en la defensa de los recursos naturales.

Las autoridades de Coloradas exigieron que se declare inexistente dicho ejido y se mantenga sólo el reconocimiento de la comunidad indígena con su territorio original de 59 mil hectáreas; además, que se nulifiquen los trabajos del Procede
que, dijeron, se realizaron mediante engaños de funcionarios de la propia PA, quienes les ofrecieron que si cooperaban con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática al ejecutarse el Procede desaparecería el ejido y quedaría sólo la comunidad.

Subrayaron que la depuración censal de 1992 fue hecha mediante acta fraudulenta, en la que aparecían firmas de gente que había muerto hacía muchos años, lo cual da pie a la desaparición del ejido.

En entrevista previa a la reunión, las autoridades tradicionales y civiles de Coloradas de la Virgen -13 personas- informaron que el presidente Benito Juárez les dio su título y mandó medir y colocar las banderas en los puntos para reconocimiento de sus límites.

El título fue robado al comisariado de bienes comunales, Zenón Torres, hace unos 35 años. "Lo mató Usberto Fontes, hijo de mestizo y tepehuana. Lo mató porque no dejaba que cortaran pino para sembrar frijol y porque descubrió que habían hecho un ejido en las tierras comunales ", afirmaron.

La entrevista colectiva se realizó casi toda en rarámuri, con traducción al español, en una pequeña habitación de una pensión en este pueblo, con grandes medidas de seguridad para los asistentes, que temen por sus vidas.

Las autoridades indias expusieron que los Fontes "eran de Balleza y se pelearon entre sí hace unos 40 años, Artemio mató a Natalio Fontes y a Isaías y luego llegaron a Coloradas. Ahí vivían como gavilla, relacionados con el gobierno, y ahí andaban primero como policías rurales y luego como si fueran agentes federales. Andaba Alejandro Fontes en el boludo (helicóptero) blanco y azul por todos lados, llegó a ser comandante de la policía municipal de Morelos y luego de la policía estatal.

"Los Fontes mataban a la gente a balazos o los colgaban, robaban en las tiendas y robaban vacas, se robaban hasta las costuras de las mujeres. Alejandro murió cuando se incendió su avioneta. Ya desde entonces sembraban pura chutama (amapola) en los cerros de Coloradas y forzaban a la gente a sembrarla; al que no sembraba le quitaban su maíz y su frijol, y al que no los daba, lo mataban.

"Después empezaron con la mota. Entonces no sabían que la madera se vendía, hasta después que empezaron los aserraderos en Guachochi. Entonces Artemio ya no vivía en Coloradas; él nomás mandaba sembrar y llevarse lo que sembraban. Hasta a sus primos, los Fontes González, les robaba la mariguana y los becerros y también a los indígenas. El tiene mucha gente en su rancho de Mesa del Cobre, donde tiene su campo de aviación. La pista la han quitado los federales y la vuelve a hacer.

"Ahora lo que pasa es que tiene gente trabajando en El Perico, que es del ejido de Coloradas, en el camino a Baborigame. Ahí están sacando madera. Empezaron otra vez el 23 de enero a llevar la maquinaria; dijeron que estaban levantando la madera que cortaron en el año 2000 y que no pudieron sacar porque los paramos, pero también están sacando pinos verdes. Dijeron -los enviados de Fontes- que tenían que sacar 2 mil trozas y que iban a traer gente más valiente para sacarlas, porque ya los habíamos parado una vez."

Los rarámuris se preguntaron: "¿Cómo se podría detener la tala de la madera?" Ellos mismos contestaron: "Vamos a tener que pedir un grupo militar para que no nos hagan nada porque agarran a un pobre y lo matan. Ahorita no tiene seguridad la gente; a ellos nunca los han detenido y con esto que estamos diciendo nos van a espiar en el camino; están impuestos a matar hasta a la familia completa. Ellos dicen que los indígenas tenemos todo un armamento completo para atacarlos, pero es al revés: ellos tienen las armas y gente de Sinaloa".

Informaron además que "Artemio Fontes nombró comisariado de bienes comunales a Loreto Atienzo, por su cuenta, sin contar a nadie de los comuneros, y mandó llamar al comisariado nuestro, Armando Lachica, para que vaya a Mesa del Cobre para quitarle el archivo y el sello del comisariado. Fontes manda decirle a la gente que le da 200 mil pesos y que si no agarra el dinero a lo mejor ya se quiere morir, y eso es lo más peligroso ahorita; él quiere a 40 personas para que firmen y decir que están de acuerdo".

En total los comuneros reconocidos son unos 860. "Artemio Fontes y otros de los viejos caciques, como Martín Haro, están en la lista de comuneros", apuntaron los indígenas.

Subrayaron que en la comunidad de Coloradas sólo viven rarámuris. "Allá nunca ha habido asambleas del ejido, sólo de la comunidad, pero apareció un acta del 2000, cuando nombraron a Iván Fontes presidente del comisariado ejidal y autorizaron la tala del ejido. En el acta había firmas de gentes que tenían más de 10 años muertas; por eso el Tribunal Unitario Agrario suspendió provisionalmente la explotación forestal de Coloradas, por los vicios que tenía esa acta, pero los Fontes metieron un amparo al que dio curso el juzgado octavo. Semarnat y la Profepa dicen que la tala está dentro de los límites permitidos, y que funcionarios de la Profepa hicieron una inspección, pero nunca los hemos visto, aunque les hemos pedido que avisen a las autoridades del pueblo cuando vayan a hacer una inspección", afirmaron.