El juicio ha sido diferido en cuatro ocasiones

Hoy, posible audiencia sobre amparo del caso Digna Ochoa

Esta semana podría turnarse el expediente a dictamen

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Después de haber sido diferida en cuatro ocasiones consecutivas por trámites burocráticos, este lunes se efectuará en el juzgado primero de distrito B en materia penal la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo solicitado por los familiares de la luchadora social Digna Ochoa y Plácido, con la finalidad de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) reabra las investigaciones sobre la muerte de la abogada.

Durante la diligencia, el juez Juan García Orozco analizará los alegatos jurídicos presentados en su momento por el Ministerio Público y por el abogado de los quejosos, José Antonio Becerril. Si en la audiencia no se presentan solicitudes de las partes involucradas en el juicio de amparo, respecto a que se vuelva a diferir la misma para ampliar o precisar alguna prueba, entonces se turnará (cualquier día de esta semana) el caso al listado de expedientes en espera de sentencia para que sea emitido el veredicto por el impartidor de justicia respecto a si concede la protección de la justicia federal a los demandantes.

Sin embargo, el juzgador podría tardar al menos tres semanas para concluir el fallo correspondiente, aunque el tiempo específico dependerá de cuántos expedientes se encuentren en el juzgado a su cargo en espera de sentencia.

El amparo fue solicitado el 19 de noviembre de 2003, dos semanas después de que la PGJDF concluyó en definitiva que la abogada Digna Ochoa se suicidó y no fue asesinada, como aseguran los quejosos.

Durante los más de dos meses que lleva desahogándose en el juzgado primero de distrito, el juicio de amparo 2202/2003 ha sido diferido en cuatro ocasiones, principalmente debido a que no fueron enviados en tiempo y forma los informes justificados del Ministerio Público, y porque en el juzgado primero de distrito hay sobrecarga de trabajo, lo que ha motivado el rezago en la revisión de expedientes.

Como se recordará, la inconformidad de los familiares se basa en dos argumentos: primero, que el Ministerio Público habría violado el derecho que tienen los familiares de una víctima para presentar pruebas dentro de una investigación sobre presunto asesinato.

Segundo, la presunta violación al principio de legalidad en que incurrió el Ministerio Público, ya que ordenó que fueran cerradas las investigaciones del caso, a pesar de que varias pruebas no fueron desahogadas.