No permitirán reformas a la Constitución, dicen

Senadores priístas se opondrán a la participación privada en electricidad

FABIOLA MARTINEZ Y VICTOR BALLINAS

La fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República advirtió que no permitirá la reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, por lo que todo aquello relacionado con la participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico deberá abordarse exclusivamente a partir del análisis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Los legisladores del tricolor respondieron así a las conclusiones presentadas por el Nacional Colegio de Abogados, en el sentido de que se requiere una enmienda a la Carta Magna que elimine ''inconsistencias'' de los artículos referidos respecto a la ley reglamentaria en la materia, en particular para ''acotar'' en la Constitución la actuación de los productores independientes.

El estudio referido fue encomendado a partir del convenio de colaboración firmado el 21 de agosto pasado por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República y el presidente de ese órgano, el priísta Enrique Jackson.

En principio habló el senador Manuel Bartlett Díaz, promotor ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la controversia constitucional contra la reforma del Ejecutivo que pretendía dar ''seguridad jurídica'' y promover mayor participación de la iniciativa privada en generación de energía, a partir de enmiendas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El ex gobernador de Puebla dejó en claro que el resultado emitido por la SCJN no vuelve ''inconstitucional'' la ley secundaria -''así lo han declarado los ministros de la Corte'', comentó-, sino desecha, punto por punto, los argumentos del gobierno foxista.

Sin defensa, quienes incumplieron la ley

Recordó también que existe una demanda contra el Presidente ante la Auditoría Superior de la Federación, por haber entregado concesiones a particulares, en su mayoría extranjeros; ''aquellos que no cumplieron la ley no tienen defensa alguna, así sean de sangre azul, de áreas europeas o privilegiadas...Entonces, éstos no pueden venirnos a decir que ya están aquí instalados y, por tanto, tenemos que reformar la Constitución; eso es un salto mortal absurdo''.

Bartlett Díaz dijo que en el supuesto que el argumento del gobierno fuera cierto, lo procedente sería suspender los permisos justamente por inconstitucionales. Sin embargo, agregó, tiene más de un año, tras la declaración de la SCJN, que siguen ampliando tales permisos. ''Entonces Ƒcómo es posible que digan que la Suprema Corte nos dejó ahí una incertidumbre? ƑVamos a reformar la Constitución para seguirla violando?''

Advirtió que el Partido Revolucionario Institucional acatará el mandato de la mayoría de los mexicanos, en el sentido de mantener bajo dominio exclusivo del Estado el petróleo y el sector eléctrico, para evitar que se conviertan en un negocio extranjero.

''A reserva de que pudiéramos todavía contestarle detalladamente a la comisión (enviada por el Nacional Colegio de Abogados), considero que no estamos de acuerdo con sus conclusiones'', señaló.

En su turno, Laura Alicia Garza Galindo, coordinadora de la fracción parlamentaria priísta para las iniciativas en materia energética, reiteró a los abogados que su análisis parte de una premisa falsa, porque el dictamen de la Corte de ninguna manera ordena la reforma constitucional.

''El grupo parlamentario del PRI hemos rechazado por unanimidad -incluso con el voto del senador Genaro Borrego- abrir la Constitución... Nosotros planteamos que las modificaciones deben ir por la vía de las leyes secundarias'', señaló.

Al respecto insistió en que la intención del gobierno es crear un mercado de elite, un mercado paralelo, por lo que la postura del PRI en el Senado es contraria a esa intención que -dijo Garza Galindo- puede lesionar profundamente los intereses del pueblo de México. ''Lamentamos no estar de acuerdo con esa tesis, que identificamos con toda claridad como la tesis del gobierno''.

En el mismo sentido se manifestó el senador del tricolor David Jiménez. El único en la mesa que discrepó de sus compañeros fue Genaro Borrego, quien dijo que la reforma constitucional en cuestión ''significaría fortalecer la rectoría del Estado en el sector eléctrico'', y dotar al país de la energía que requiere para su crecimiento.