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México D.F. Miércoles 18 de febrero de 2004

Los acusan de bloquear el caso Medina Millet

Diputados yucatecos piden a Fox apoyar demanda de juicio político a magistrados

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 17 de febrero. Un grupo de 14 legisladores locales -12 del PAN y dos independientes- pidieron hoy la intervención del presidente Vicente Fox Quesada para que utilice sus "buenos oficios" y apoye la demanda de juicio político contra cinco magistrados del Poder Judicial de la entidad, interpuesta por la defensa del ex empresario Armando Medina Millet, sentenciado a 20 años de prisión por el asesinato de su esposa Flora Abraham Mafud, ocurrido en 1995.

Los 14 legisladores, encabezados por el presidente de la Gran Comisión del Congreso estatal, el panista Luis Ríos Díaz, acordaron "sumar esfuerzos" para darle prioridad al juicio político de los togados que, de acuerdo con los demandantes, bloquean la procuración de justicia e impiden la libertad de Medina Millet, a quien ellos consideran inocente.

Sin embargo, las fracciones del PRI y del PRD, presididas por Cleominio Zoreda Novelo y Jorge Vallejo Buenfil, respectivamente, "boicotearon" la sesión en la que sus 14 homólogos acordaron pedir la ayuda presidencial, y advirtieron que "paralizarán" las actividades legislativas en caso de que persista la intención de dar trámite al juicio político y, de igual manera, beneficiar a Medina Millet.

En contraparte, los 11 diputados restantes -10 priístas y un perredista- documentaron ante la opinión pública una serie de irregularidades en las que a su decir incurre la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) con el propósito de conseguir la liberación del procesado.

Asimismo culparon al gobernador Patricio Patrón Laviada y al procurador Miguel Angel Díaz Herrera de reabrir el caso, cuando es cosa juzgada desde 2000, y armar un aparato de Estado para dejar libre al ex empresario.

No obstante, los 14 diputados promoventes hicieron su petición formal a través de la Oficialía Mayor del Congreso, que este martes la envió a la Presidencia de la República, en la ciudad de México.

En el documento, los legisladores pidieron al mandatario federal hacer uso de sus "buenos oficios" y apoyar la demanda contra los magistrados, además de que, en su función de máximo comandante de las Fuerzas Armadas del país, ordene al Ejército Mexicano la intervención del teniente coronel Vicente Zárate Noble, experto en medicina forense que practicó en 1996 diligencias en el caso Medina-Abraham, con las cuales concluyó que Flora Ileana se suicidó.

Hace una semana el presidente de la Gran Comisión del Congreso, Luis Ríos, aseguró que el Legislativo local no intervendría más en el caso del reo Armando Medina Millet y tampoco apoyaría más controversias, con excepción de que estén debidamente fundamentadas, contra el Poder Judicial estatal.

-Creo que la demanda de juicio político sí puede proceder y con ello también podemos facilitar la aplicación real de la justicia, sobre todo en el caso de Armando Medina -dijo el panista Ríos Díaz.

Cabe recordar que en 1995 el entonces empresario Armando Medina Millet, integrante de una familia yucateca de abolengo, pero en decadencia económica, dio muerte a su esposa Flora Ileana Abraham Mafud, de influyente clan libanés. En principio se manejó la hipótesis de suicidio, pero después la PGJE detuvo y consignó al inculpado como presunto asesino.

Después de casi seis años de litigio, en 2000 la juez Leticia Cobá Magaña sentenció a Medina Millet a 22 años de cárcel, pero el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), al revisar el caso, le redujo dos años.

Al principio de la gestión de Patricio Patrón Laviada, éste calificó a los magistrados de "corruptos" por permitir supuestas anomalías en el proceso de Armando Medina. En 2003, la defensa del procesado solicitó al Congreso local juicio político contra los togados, y aquéllos respondieron con una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que emitió un dictamen favorable a los afectados y prohibió a los diputados entablar enfrentamientos con el Poder Judicial.

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