Revela auditoría del Congreso local anomalías por 36.2 millones de pesos

Otorgan 45 días al edil de Tapachula para aclarar observaciones al ejercicio fiscal 2002

ANGELES MARISCAL RODOLFO VILLALBA CORRESPONSALES

Tuxtla Gutierrez, Chis., 21 de febrero. Al concluir la auditoría de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2002 del ayuntamiento de Tapachula, el Organo de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso local detectó "irregularidades" por 36 millones 210 mil 967.51 pesos y otorgó un plazo de 45 días al alcalde Manuel de Jesús Pano Becerra para aclarar las "observaciones".

Luego de informar lo anterior, Pedro Sancristóbal López y Jorge Antonio Morales Messner, presidentes de la Junta de Coordinación Política y del Congreso, respectivamente, dijeron que falta el resultado de la auditoría al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), la cual sigue en marcha, porque se sospecha que existen irregularidades administrativas que involucran al priísta Pano Becerra y al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Los diputados señalaron que el encargado del Coapatap, Isaac Rojas Rodas, ha puesto trabas para entregar la documentación que le ha sido requerida, aun cuando tiene la obligación de hacerlo, por lo que se le impu- so una multa; advirtieron que de continuar esta actitud, el OFS podría presentar una denuncia en su contra por el delito de desobediencia.

Respecto de la auditoría practicada a la administración municipal, el propio edil informó que el viernes pasado recibió el pliego con 176 observaciones, "que no irregularidades", que le envió el OFS y que "estamos en plenitud de dar respuesta".

Pano Becerra, quien se encuentra amparado por un juez federal ante una eventual detención, calificó la auditoría como "dolosa". Consideró que existe además un afán perverso para desacreditar su gobierno municipal en la malsana intención de pretender desaforarlo.

Expuso que se quiere "denostar" a su administración y confió en salir airoso de las investigaciones que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició en su contra por los delitos de uso indebido del servicio público y peculado.

Agregó que en su momento demostrará con hechos y pruebas la honestidad y transparencia en el manejo de los recursos por parte de este ayuntamiento y analizará la conveniencia de interponer denuncias por la persecución, difamación y denostación de que han sido víctimas él y sus familiares.

Criticó que el departamento de comunicación social del gobierno del estado, en el boletín que entregó a los medios informativos, haya manejado como irregularidades y faltantes las observaciones que se hicieron a la administración municipal que encabezó.

Respecto de la auditoría en el Coapatap, recordó que fue el mismo ayuntamiento el que presentó la denuncia ante la PGJE por un faltante de recursos y a raíz de ello la policía cateó los domicilios de su progenitora, así como los hogares de otros funcionarios municipales.

Se debe recordar que el lunes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió una controversia constitucional que interpuso el ayuntamiento de Tapachula con la intención de evitar que se presenten al Congreso local mociones por las cuales se intente suspender del cargo al edil o anularse los poderes municipales.