Disidentes del partido presentan apelación ante el TEPJF

Consejeros del IFE acuerdan iniciar una investigación en torno al PVEM

RENATO DAVALOS

Después de una ''reunión extraordinaria'' de los nueve consejeros que integran el Instituto Federal Electoral (IFE), se decidió que este órgano inicie una investigación en torno al caso del Partido Verde y su presidente, Jorge Emilio González. En una primera etapa se solicitará información a la Procuraduría General de la República para verificar si ''hay o no violaciones'' al código electoral en vigor.

En el instituto también se conoció que este órgano, mediante un oficio del 20 de febrero pasado -una semana después de que aprobara los nuevos estatutos de los verdes-, aún no tenía conocimiento de la integración de la Comisión de Honor y Justicia, órgano fundamental interno partidista para la vigilancia de los derechos de los militantes.

Paralelamente, ayer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la disidencia del PVEM, encabezada por José Luis Amador, apeló de la resolución del IFE, dictada el pasado 13 de febrero, bajo el argumento jurídico de ''inejecución de sentencia'' del tribunal 021/2002, en la que ordenó al instituto instruyera al Verde para que modificara sus estatutos, pues no cumplían principios democráticos.

En el planteamiento de Amador se pide la remoción del consejero electoral Marco Antonio Gómez, que hace años fue asesor de Jorge Emilio González, hoy presidente del Partido Verde. También solicita la separación de su cargo de González y solicita una amonestación al IFE, por haber incurrido en un criterio ambiguo al ''aprobar'' los estatutos, pero mantenerlos en suspenso por 30 días ''hasta que se cumpla con ciertas modificaciones'' que fueron ordenadas entonces.

Las declaraciones de los distintos consejeros electorales -Arturo Sánchez y Andrés Albo-, que ayer sesionaron para analizar el caso, coincidieron en que ''habrá que esperar'' hasta que el IFE pueda ''allegarse más información'' y determinar si hubo o no violación al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Con alusiones sin mucha profundidad, los artículos 38 y 39 de este código aluden a las obligaciones de los partidos y a las eventuales sanciones.

En el artículo 38 se establecen como deberes la conducción de actividades ''dentro de los cauces legales'', y ajustar la conducta partidista y la de los militantes a los ''principios del Estado democrático''. El numeral 2 del artículo 39 sólo refiere que las ''sanciones administrativas'' se aplicarán por el Consejo General del IFE con independencia de las responsabilidades civil o penal que, en su caso, pudieran exigirse en los términos de la ley a los partidos, agrupaciones, dirigentes y candidatos.

Después del encuentro, que se prolongó varias horas, en un comunicado el IFE condenó ''enérgicamente'' los actos de corrupción en todos sus ámbitos, pues se trata de conductas que debilitan la democracia, el estado de derecho y la confianza ciudadana. Externa su preocupación por los ''posibles'' hechos ilegales cometidos por integrantes de los partidos y reitera su compromiso de vigilar que sus actividades se lleven a cabo con respeto a la ley.

En lo referente al ''presunto acto de corrupción'' del presidente del Partido Verde Ecologista de México, el IFE, en apego a sus atribuciones, tomará las acciones indispensables para allegarse la información que le permita establecer si se violó o no el código electoral.