Dos diputados del Parlamento de Euskadi visitaron en prisión a sus compatriotas

Los seis vascos "deben ser liberados"

La justicia mexicana ya reconoció que su detención fue ilegal, señalan los legisladores

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los partidos políticos que abogan por las causas sociales en México están obligados a exigir la liberación "inmediata" de los seis ciudadanos vascos presos en el Reclusorio Norte con fines de extradición a España, porque el Poder Judicial mexicano ya reconoció que su detención fue ilegal, y debido a que se trata de "perseguidos políticos", coincidieron en señalar Raquel Peña y Joseba Alvarez, diputados del Parlamento Vasco.

Entre tanto, la abogada de los supuestos miembros de la organización vasca ETA, Bárbara Zamora, indicó en charla telefónica que en ninguna parte de la Ley de Amparo se hace mención de la figura jurídica "para efectos", por lo que aclaró que sus clientes ya deberían haber sido liberados, pues tanto un juez de distrito como un tribunal colegiado en materia penal les otorgaron la protección de la justicia federal, tras considerar que el juez segundo de distrito, César Flores Rodríguez, violó en su contra el artículo 16 constitucional, cuando ordenó su detención con fines de extradición.

La litigante refirió que el pasado 26 de febrero, tres magistrados del séptimo tribunal colegiado del Distrito Federal ratificaron el amparo que un juez federal ya les había concedido a sus clientes, lo que "demuestra claramente que fue ilegal su detención, y lo sigue siendo".

Por su parte, los legisladores del país ibérico acudieron ayer al Reclusorio Norte para expresar la solidaridad del pueblo vasco a sus seis compatriotas -uno de los cuales recibió la naturalización mexicana el 19 de junio de 1996-, quienes fueron detenidos desde julio de 2003, debido a que España los reclama para que sean juzgados en ese país por su presunta responsabilidad en delitos atribuidos a ETA.

A su salida del centro penitenciario conversaron con La Jornada y ofrecieron los pormenores de su visita a nuestro país. También hicieron un llamado a la sociedad mexicana para que no permita que "personas honestas y trabajadoras, aunque sean extranjeras", permanezcan detenidas "sólo por presiones internacionales".

Raquel Peña Soriavilla puntualizó que en el procedimiento de extradición que enfrentan Félix Salustiano García, María Asunción Gorrochategui, Ricardo Ernesto Sáez García, Luis Castañeda Vallejo, Asier Arronategui Duralde y Juan Carlos Artola Díaz se han presentado varias irregularidades. Entre ellas "destaca el hecho de que las autoridades judiciales mexicanas se estén limitando a comprobar sólo cuestiones de trámite, pero en ningún caso han dicho nada sobre el hecho de que España no haya presentado pruebas reales de que los detenidos sean terroristas, y por otro lado también se viola (el tratado de extradición entre ambos países) con el hecho de que en ningún caso se puede acceder al envío de reos cuando detrás hay una motivación política".

Asimismo, la legisladora puntualizó: "es importante destacar que estas seis personas llevan más de 20 años residiendo en México de manera legal, con su documentación adecuada y sus puestos de trabajo. La mayoría de ellos tienen familias establecidas en este país, y en ese sentido, desgraciadamente lo que sucede con ellos es que por parte del Estado español, dentro de la persecución política que existe hacia los sectores independentistas, pues en estos momentos se pone en marcha una operación política contra estos ciudadanos vascos".

Con el amparo que les concedieron a los vascos, abundó la legisladora, "de alguna manera se da por nula la orden de detención en su contra, lo cual quiere decir que su estancia en prisión en estos momentos es ilegal, de acuerdo con la resolución de un tribunal mexicano que les otorgó el amparo, y que dice que por diferentes defectos de procedimiento no tenía que haber lugar a que siga vigente la orden de aprehensión. Además, el tribunal calificó su detención como ilegal".

Por su parte, Joseba Alvarez Forcada criticó la contradicción del Poder Judicial mexicano, que por un lado concede un amparo a los vascos por considerar que fue ilegal su detención, pero por el otro los deja a la deriva con el hecho de que sólo le ordene a un juez que "corrija" los errores cometidos cuando emitió su orden de aprehensión.

Asimismo, puntualizó que si se cumpliera la lógica jurídica, "en estos momentos deberían estar en libertad (los vascos), y si no lo están es porque o no se tramitan las cosas con suficiente interés (por parte de las autoridades mexicanas) o por presiones políticas internacionales".