En el momento actual, cuando afloran escandalosas revelaciones de corrupción en distintos ámbitos de la administración pública y de la vida partidaria del país, resulta pertinente revisar las causas de la descomposición que aflora en la dificultosa transición nacional a la democracia y amenaza con arruinarla. Un factor central y evidente es la impunidad que tradicionalmente protege a los funcionarios y políticos corruptos. Al amparo de esa impunidad se ostentan fortunas logradas de mala manera en sexenios anteriores y cuyos márgenes actuales de existencia y persistencia son un mensaje claro de tolerancia hacia los saqueos del erario y el traspaso ilegal de bienes públicos al ámbito privado .

Cuando se piensa en la total ausencia de voluntad política de las actuales autoridades para romper con la corrupción inveterada del supuestamente extinto sistema político mexicano, resulta inevitable trazar un paralelismo y un contraste con la decisión -escasa, tardía, insuficiente- de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo. Las acciones en este sentido pueden calificarse, sin duda, de escasas, tardías, insuficientes y poco eficientes, sí. Pero se ha tomado posición y se ha hecho algo ante las atrocidades represivas de esos gobernantes, no nada más para satisfacer las añejas demandas de justicia, sino también por la certidumbre de que el esclarecimiento y el castigo de los crímenes correspondientes son medidas indispensables para dar una mínima credibilidad a la pregonada vigencia de los derechos humanos en el país y para garantizar que lo ocurrido entonces no se repita nunca.

El problema de la corrupción tendría que ser abordado y tratado con lógica similar. Por tanto debe exigirse el esclarecimiento y el castigo de los involucrados en casos -al menos los más flagrantes y conocidos- de enriquecimiento inexplicable, de desfalcos, tráfico de influencias, fraudes, desvíos y robos llanos de dineros públicos. La corrupción faraónica del sexenio de López Portillo no sólo dejó un saldo de catástrofe económica para la gran mayoría de la sociedad; dejó también fortunas inmensas para algunos. En el siguiente sexenio, el de Miguel de la Madrid, quien gobernó con el emblema falaz de la "renovación moral", se persiguió y encarceló, por excepción, a Jorge Díaz Serrano, Arturo Durazo y algún otro, más por venganza política que por un genuino afán de justicia y transparencia. Pero la gran mayoría de los que se enriquecieron de manera ilegal con la "administración de la abundancia" jamás fueron molestados. Por citar sólo tres ejemplos, nadie se tomó la molestia de investigar la legalidad y los detalles de la transacción por medio de la cual el extinto expropiador de la banca se hizo con la propiedad de la llamada colina del perro; nadie auditó los incrementos de la fortuna del también fallecido Carlos Hank González durante su gestión en la regencia capitalina, y no se volvió a recordar la lista de sacadólares que López Portillo prometió -en vano, como el resto de sus promesas- hacer pública.

Si en el gobierno siguiente hubo menos corrupción, o si ésta fue menos visible, ello no necesariamente se debió a una determinación de probidad, sino tal vez al hecho de que, en el sexenio del estancamiento y la mediocridad, había menos dinero. Pero en el periodo de De la Madrid proliferaron las casas de cambio en cuyas quiebras se esfumaron los ahorros de muchos mexicanos y se forjaron algunas fortunas prominentes, y cuando algunos responsables de esas instituciones financieras fueron a dar a la cárcel quedó la impresión de que se trataba de meros chivos expiatorios y de un acto de simulación de justicia. Y en la campaña electoral de 1988 el candidato oficial a la Presidencia, Carlos Salinas de Gortari, fue visible y escandalosamente apoyado con recursos procedentes de las arcas públicas sin que, hasta la fecha, se haya realizado la investigación correspondiente.

El salinato arrancó con un acto espectacular de supuesta moralización: el asalto militar a la residencia de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, y el encarcelamiento de éste y de Salvador Barragán Camacho, segundo en importancia en el sindicato de Pemex; sin embargo, el desaseo gubernamental se hizo patente cuando en el mando de ese organismo sindical se impuso, desde Los Pinos, a Sebastián Guzmán Cabrera, un charro jubilado ni más ni menos corrupto que su antecesor, y luego a Carlos Romero Deschamps, quien años más tarde daría de qué hablar. Fue sólo el comienzo. Entre 1988 y 1994 la mayor parte del sector público de la economía fue vendida a precios irrisorios a particulares, en procesos de licitación -cuando los había- amañados y turbios. El salinato dejó a su paso un escenario de catástrofe en el país y algunas fortunas incrementadas, entre ellas la del hermano del ex presidente, Raúl Salinas de Gortari, hoy preso en La Palma.

En el sexenio siguiente se desmanteló lo que quedaba de propiedad nacional -salvo Pemex y las empresas eléctricas, que Ernesto Zedillo no pudo privatizar, pese a los esfuerzos que realizó en ese sentido- y se estipuló la transferencia, mediante los fraudulentos "rescates" bancario y carretero, de decenas de miles de millones de dólares del erario a particulares, operación legalizada, cabe recordar, con el voto de los legisladores priístas y panistas.

Ante ese pasado de corrupción e inmoralidad, del que los puntos aquí referidos son sólo muestras, la alternancia y la pretendida consolidación democrática habrían debido deslindarse por medio de una revisión exhaustiva y de un esclarecimiento, si no legal -habida cuenta de la prescripción de muchos de los presumibles delitos-, al menos político, histórico y ético. Sin embargo, las autoridades actuales -en la Federación y en los estados- han optado por convivir, negociar y cogobernar con los exponentes de la corrupción histórica y dan vigencia, de esa manera, a las prácticas tradicionales del desvío, el desfalco, el enriquecimiento y la apropiación indebida de recursos.

En ausencia del necesario ajuste de cuentas con el pasado, la corrupción aflora en el presente y amenaza con cancelar el futuro de la institucionalidad republicana. Esta consideración pone de manifiesto la pertinencia y la urgencia de revisar, investigar y sancionar, cuando sea posible y legal, el cúmulo de inmundicias que ha sido colocado, hasta ahora, bajo la alfombra del poder público.