La sociedad civil mexicana, sin acceso a los medios de comunicación, señalan

ONG exigen al gobierno foxista reforma legal en favor de las radios comunitarias

Ante representantes de la CIDH censuran la normatividad nacional en la materia

ALONSO URRUTIA

En México no existen condiciones para que la sociedad civil tenga acceso a los medios de comunicación, por lo que, en los hechos, su manejo se realiza preservando los intereses de algunos sectores económicos y al amparo de las decisiones discrecionales de la autoridad, sostuvieron organizaciones no gubernamentales (ONG) ante representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante una reunión efectuada en Washington, encabezada por el presidente de la CIDH, José Zakalett, y del relator del mismo organismo en materia de Libertad de Expresión, Eduardo Bertoni, las ONG demandaron seguimiento para lograr que la administración foxista tenga una apertura en dicho rubro.

Representantes del capítulo México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), del Centro por la Justicia y el Derecho Laboral y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos pidieron que el gobierno foxista cumpla lo establecido en la convención americana en materia de libertad de expresión y modifique su legislación, con el objetivo de favorecer espacios para ejercer efectivamente dicha libertad.

Por el gobierno foxista acudió Juan José Gómez, director de Derechos Humanos de la cancillería, quien señaló que las autoridades mexicanas organizaron una mesa de discusión para la reforma de la legislación en materia de medios de comunicación. Sin embargo, las organizaciones plantearon que al final de cuentas la parte oficial atropelló los alcances de ese diálogo e impuso un decreto que pasó por encima las demandas sociales.

Al dar a conocer el contenido del encuentro, Aleida Calleja, de la representación en México de la Amarc, explicó que el planteamiento central sobre el tema fue censurar la legislación mexicana, pues no está de acuerdo con los estándares latinoamericanos para garantizar la libertad de expresión.

Agregó que se propuso que México adecue su legislación para permitir la presencia de las radios comunitarias o canales abiertos que garanticen el acceso ciudadano a los medios de comunicación.

Se planteó la situación que prevalece en las radios comunitarias y la necesidad de reabrir un espacio de diálogo en el cual discutir la legalización y la adecuación del marco normativo para su reconocimiento como canales del ejercicio de la libertad de expresión

Según Calleja, el representante mexicano -"que extrañamente no fue ninguno proveniente de las secretarías de Comunicaciones y Transportes o de Gobernación"- reconoció durante la reunión que el marco legal mexicano no abre espacios a las radios comunitarias, por lo que en los cierres que han ocurrido se ha aplicado la legislación nacional.

Las tres ONG pidieron a la CIDH estar cerca del proceso de diálogo que se abriría en México tras esta audiencia, para conocer la situación que guardan las radios comunitarias. Asimismo, demandaron que en el próximo periodo de sesiones se evalúen los avances de México en el tema.

Pidieron el cese de los cierres de las radios comunitarias -sobre lo cual no hubo compromiso alguno del gobierno federal- y que el Ejecutivo mexicano se comprometa a la brevedad a lograr compatibilidad real entre la legislación y los reglamentos mexicanos con los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos y la declaración de principios de libertad de expresión.