También exigen destituir al procurador de Justicia de Chihuahua, por negligencia

A juicio político, Francisco Barrio y Patricio Martínez, demandan ONG

Reiteraron su llamado a esclarecer los asesinatos contra mujeres de Juárez y Chihuahua

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA CORRESPONSAL

Chihuahua, Chih., 6 de marzo. El primer tribunal de conciencia, integrado por organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos a escala nacional e internacional, pidió que se efectué juicio político contra el ex gobernador Francisco Barrio Terrazas y el actual mandatario, Patricio Martínez García, así como la inmediata destitución del procurador de Justicia del estado, Jesús José Solís Silva, por la negligencia, omisiones y errores que han cometido en las investigaciones de los crímenes de mujeres registrados en Ciudad Juárez y Chihuahua.

Como parte de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las organizaciones que luchan por el esclarecimiento de los feminicidios y las familias de las víctimas, participaron en el primer tribunal de conciencia sobre la violencia y discriminación hacia las mujeres, en el que expusieron seis historias personales y el vía crucis legal de las familias de las chicas secuestradas y asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua durante dos sexenios, el del ex gobernador panista Francisco Barrio y el actual mandatario priísta Patricio Martínez.

En todos los casos, el patrón de irregularidades en el proceso de investigación, el maltrato a las familias de las víctimas y la minimización del problema por parte de las autoridades es igual, independientemente del origen político del gobierno en turno, señalaron los miembros del jurado popular que ayer analizó los casos de feminicidios.

El jurado del tribunal, integrado por Valeria Pandjiarjian, representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los de Derechos de la Mujer; Leonor Aída Concha, de la organización Marcha Mundial de Mujeres; Zoila Luna, directora de la Fundación Sergio Méndez Arceo; Efrén Naranjo Cortés, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y Silvia Solís Hernández, de la Campaña de Protesta contra el Feminicidio, después de escuchar las historias de las víctimas, narradas por sus familias, emitieron una condena en contra del Estado mexicano, el estado de Chihuahua y las autoridades judiciales, a quienes señalaron como los principales responsables del problema de violencia.

En su fallo, el tribunal de conciencia exigió juicio político contra Francisco Barrio y Patricio Martínez, la inmediata destitución del procurador de justicia del estado, así como la consignación y juicio de las autoridades judiciales involucradas en los casos de corrupción que se han detectado en el Poder Judicial y la Procuraduría de Justicia.

Exigieron además que el Instituto Chihuahuense de la Mujer esté representado por una persona con perspectiva de género y que la actual presidenta de ese organismo, Victoria Caraveo Vallina, cese el ataque contra las familias de las víctimas y las organizaciones no gubernamentales.

El fallo condena también la negligente actitud del Poder Legislativo de Chihuahua que ha permitido la permanencia de "un presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como Francisco Yáñez, que ha convalidado las violaciones de los procesos judiciales contra presuntos responsables de los homicidios seriales"; exigieron, además, de la realización de una auditoría al Poder Judicial del estado y los procesos que se siguen a las personas señaladas como responsables de algunos de los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua.