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México D.F. Domingo 14 de marzo de 2004

Analiza el gobierno mexicano la resolución del panel de la OMC; apelaría del fallo

Rechaza la Secretaría de Economía que EU haya ganado controversia sobre telefonía

Las tarifas en el país no cumplen estándares de organismos internacionales, asegura

ISRAEL RODRIGUEZ

La Secretaría de Economía (SE) rechazó este sábado las opiniones de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, acerca de que ese país había ganado la controversia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) referente a las tarifas de interconexión internacional, ya que, argumentó, no reflejan el verdadero contenido de la resolución del organismo internacional ni de la política pro competitiva del sector mexicano de las telecomunicaciones .

El gobierno de México analiza el alcance e implicaciones de dicha resolución para determinar las acciones a seguir, entre ellas recurrir al Organo de Apelación.

Señaló además que las tarifas mexicanas cumplen con los estándares establecidos tanto por la Unión Internacional de Telecomunicaciones como por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos.

En materia de prácticas competitivas, el grupo especial determinó que la legislación mexicana no cumple con los compromisos adquiridos por México en la OMC. A este respecto, el país ha adoptado las medidas pertinentes con el propósito de fomentar la competencia entre los 27 concesionarios de larga distancia establecidos en México y evitar que cualquiera de éstos incurra en prácticas anticompetitivas.

Contrario a lo que afirma la representación comercial de Estados Unidos, el gobierno de México no otorga a Teléfonos de México (Telmex) la autoridad exclusiva para negociar la tarifa por conectar las llamadas provenientes de Estados Unidos a nuestro país, aseguró la dependencia.

Conforme con la legislación mexicana, el operador que maneje más tráfico de salida estará facultado para negociar dicha tarifa y con ello son los propios operadores los que han negociado de manera progresiva tarifas más bajas. Esta legislación evita prácticas internacionales anticompetitivas de los operadores estadunidenses en su relación con los mexicanos.

De la revisión inicial del resolutivo se desprende que en el tema de principal interés para el gobierno mexicano, la OMC le concede la razón al prohibir la práctica de algunos operadores de Estados Unidos, por medio del cual, utilizando enlaces privados transfronterizos, eluden el pago de la tarifa pactada por el uso de las redes de los operadores mexicanos para la terminación de llamadas, comúnmente conocida como by-pass.

Con ello, el sector mexicano de las telecomunicaciones se verá protegido para evitar que se continúen reportando en nuestro país los más de mil 300 millones de minutos que fueron realizados en 2000 por operadores estadunidenses enviados mediante by-pass, mismos que demuestran que 20 por ciento del tráfico proveniente de Estados Unidos hacia México se envía ilegalmente mediante dicha práctica.

Por lo que respecta a la tarifa de liquidación y al sistema de retorno proporcional, concebido originalmente por Estados Unidos para negociar el intercambio de tráfico transfronterizo con otros países como México, la resolución de la OMC inicialmente recomienda una orientación de dichas tarifas a costos dentro de los criterios de política de telecomunicaciones y el marco jurídico vigente.

Economía destacó en un comunicado que México posee uno de los mercados más abiertos del mundo en materia de larga distancia nacional e internacional. Entre diciembre de 1996 y junio de 2002  las disminuciones en las tarifas han sido las siguientes: 70 por ciento para las llamadas de larga distancia nacional, 64 por ciento para Estados Unidos y Canadá y 66 por ciento para el resto del mundo.

Por lo que respecta a la autorización para operar a comercializadoras de servicios de telecomunicaciones, México analiza el alcance de la recomendación inicial de la OMC a este respecto. Lo anterior, en el entendido de que dicha figura existe dentro de la legislación mexicana vigente y que, de ser el caso, nuestro país tendrá derecho a pedir la revisión por medio del procedimiento de apelación establecido para tal efecto. Por último, la dependencia precisó que el contenido de la resolución se hará público en abril.

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